Canarias

IC pide un plan de choque para frenar la pandemia y cuestiona lo que se tarda en hacer algunas pruebas

El sindicato advierte de varias "causas" que considera que no se han tenido en cuenta y que podrían haber contribuido a que se incrementaran los contagios en Tenerife

Labores de desiinfección frente al Covid 19 durante la crisis del coronavirus en Lanzarote

Intersindical Canaria ha calificado de "alarmante" la incidencia de casos Covid-19, especialmente en la isla de Tenerife, y ha advertido de posibles causas que considera que no se están teniendo en cuenta. "Dicho incremento quiere achacarse en exclusiva a la relajación de las medidas preventivas por parte de la ciudadanía, que han ido acompañadas de una, a nuestro juicio, indebida reducción en los niveles de alerta, tal como apunta en sus conclusiones el informe epidemiológico de salud pública de fecha 21 de junio de 2021", apunta en primer lugar el sindicato.

Además, subraya que "aunque el incremento pudiera ser atribuible a la variante Delta del virus, más contagiosa, y el perfil de edad de los afectados se sitúa mayoritariamente entre  los 15 y los 30 años", también han "detectado otras causas, no menos transcendentales, que pudieran estar afectando a la evolución de la pandemia, que parece no terminan de corregirse".

Al respecto, explican que mientras a los pacientes con sintomatología por Covid-19 que acuden a un centro sanitario público en la isla "se les practica prueba diagnóstica que descarte o confirme la infección, y en caso de ser positiva, en un plazo aproximado de 24-48h se tiene hecho el rastreo de los contactos estrechos, tarea fundamental para intentar frenar la transmisión comunitaria; no ocurre lo mismo en el caso de que la persona con sintomatología o asintomático al entenderse contacto estrecho acudede forma voluntaria a un centro sanitario concertado o privado, para realizarse el test de antígenos o prueba PCR".

En este último caso, sostienen que "el tiempo real de comunicación de enfermedad obligatoria se dilata, imposibilitando que el rastreo de los contactos estrechos, pueda realizarse en un corto espacio de tiempo, dando lugar a peligrosas 'ventanas', donde posibles portadores no aislados pudiesen contribuir al incremento de contagios". Sobre ese rastreo, subrayan que "depende del Servicio de Salud Pública, al cual la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud castigan y mantienen bajo mínimos; y no de la Gerencia de Atención Primaria".

"La consecuencia inmediata es que la asignación de los casos positivos llega tardíamente al médico de familia, y en un volumen importante se ha perdido un tiempo valioso en el que frenar la transmisión comunitaria, al no tener el trabajo de rastreo finalizado en un margen de 24 /48 horas, lo que sin duda contribuye al aumento de casos en la isla de Tenerife. Cabe resaltar, que además es esta isla la que más peso en concertación sanitaria tiene respecto a las otras", añade el sindicato.

Ante esta situación, piden al Gobierno de Canarias "no solo que se realice un estudio exhaustivo en el que se determinen y se puedan identificar y corregir todos los factores que contribuyan al aumento desproporcionado de casos de infección por Covid-19 en la isla de Tenerife, sino que se aplique un plan de choque, con pruebas diagnósticas masivas (PCR) a la población, detección preventiva a través del análsis de aguas residuales, aislamientos efectivos de casos en soluciones alojativas controladas y vigiladas".

"Si se quiere realmente contribuir a doblegar la curva de contagios, habrá que dotar de los  recursos necesarios al ámbito de la Sanidad  y de la Salud Pública, incrementar el ritmo de vacunaciones, ampliándolas a los grupos de edad de mayor incidencia actual y proceder a implementar medidas de prevención con sentido y criterio científico, acordes a la incidencia de la pandemia y pensadas para reducir el número de casos y con ello de complicaciones y muertes, que en estos momentos del conocimiento sobre la enfermedad y las medidas, podrían ser evitables", advierte Intersindical Canaria.

Paralelamente, instan también al Ejecutivo a que "cesen en la dinámica de tratar de abordar un problema sanitario con criterios puramente legales, donde no existe regulación legal, o economicistas y totalmente plegados al sector empresarial, poniendo en la misma balanza la presunta recuperación económica, que no es más que la salvaguarda de los intereses de algunos monopolios empresariales, frente a la salud y la vida de los ciudadanos".