La Fiscalía identificará a aquellas "personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias" que se amparen para no acoger en sus centros a niños llegados en cayuco en el nuevo protocolo aprobado por la comunidad autónoma e investigará si han cometido un delito de abandono de menores o de otro tipo.
En un decreto difundido este viernes, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, da instrucciones a los fiscales de las islas sobre cómo actuar si cualquier fuerza o cuerpo de seguridad del Estado pone en su conocimiento "la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia" a la acogida de un menor inmigrante en un centro de la comunidad autónoma cuando este haya sido "debidamente reseñado" conforme al protocolo nacional de 2014.
El Gobierno de Fernando Clavijo publicó este jueves en el Boletín Oficial de Canarias un protocolo que detalla cómo pretende actuar a partir de ahora ante el "desorden" que cree que genera el hecho de que la Policía entregue a los niños llegados en patera directamente a los centros sin una identificación detallada y sin cumplir los trámite pautados, poniendo en riesgo sus derechos, a su juicio.
Ese protocolo exige que el menor llegue perfectamente filiado e identificado, que se le haya escuchado y entrevistado para saber si es candidato a refugio o asilo, que el Estado tramite cada expediente de forma individualizada y que la Fiscalía intervenga si hay dudas sobre su edad; y todo ello, antes de trasladarlo a un centro de la comunidad autónoma, siempre y cuando esta confirme que tiene plazas.
"No puede ser que el Estado nos deje a los niños con un albarán de entrega", resumió la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (CC), responsable de Menores, el pasado 3 de septiembre, al día siguiente de que el presidente Clavijo anunciara que consideraría que los niños recién llegados en cayuco son responsabilidad del Estado, no de la comunidad autónoma, en vista de que no le dan una respuesta a la saturación que soportan los centros en las islas.
Según esta circular de la Fiscalía, el Ministerio Público entiende que el marco de referencia para determinar si el menor ha sido entregado correctamente a la autoridad responsable de su tutela es el protocolo aprobado en 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, por los Ministerios de Justicia, Interior, Servicios Sociales y Exteriores, así como por la propia Fiscalía General del Estado.
Si el fiscal de guardia en cada isla recibe el aviso de la Policía de que un centro del Gobierno canario no acepta a un menor llegado a la costa sin compañía de ningún familiar, librará un oficio a la Dirección General de Protección de la Infancia para "interesar que se adopten las medidas necesarias" para que sea acogido "de forma inmediata" en el centro de protección que considere.
En paralelo, dará instrucciones a la Policía para que le proporcione comida y alojamiento "hasta que el mismo sea recogido por la Dirección General, o bien se indique el centro donde deba ser ingresado, o bien, con arreglo al protocolo publicado en el día de hoy, sea entregado a la Policía Autonómica Canaria, en cuyo caso se deberá controlar el tiempo de permanencia de dicho menor en dichas dependencias policiales".
La fiscal superior de Canarias ordena, además, que se pida a la Policía un informe detallado sobre las circunstancias personales de ese menor, sobre su estado de salud y sobre lo ocurrido en su travesía hasta llegar a las islas, con detalles sobre cuántos días estuvo en el mar o sobre si murió alguno de sus compañeros.
Además, el fiscal de guardia "identificara de forma detallada a las personas de la Dirección General de Protección de la Infancia que o bien no responden a las llamadas, o bien les contenten que no tienen capacidad de acogida para dichos menores, o bien que no se van a hacer cargo de los mismos con base en el protocolo publicado el día 12 de septiembre del 2024 en el Boletín Oficial de Canarias".
La finalidad de todo ello, añade la instrucción, es que después los fiscales especializados en Extranjería o Trata de Personas "deberán incoar las correspondientes diligencias preprocesales de investigación ante la posible comisión de un delito de abandono de menores sin perjuicio de cualquier otro delito que pudiera aparecer en el curso de la investigación".
