El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha vuelto a recordar en la comisión parlamentaria de este martes que Canarias está a la cola de España en atención a la dependencia, por lo que debe fijar sus prioridades en sus presupuestos, alegando que "si no damos recursos difícilmente se puede exigir responsabilidad".
En el informe extraordinario sobre dependencia presentado por Yanes, este citó las cifras presupuestarias de Canarias y las comparó con Castilla y León, comunidad de similar población: 125 millones de euros en 2021 frente a 329 millones; 67 euros por habitante y año frente a 185, con la media española en 148. El diputado del Común volvió a proponer a los grupos políticos un gran pacto por la dependencia basado en más presupuesto, más personal, simplificación de expedientes y colaboración con los ayuntamientos.
En esos cuatro ejes se engloban las 19 propuestas, algunas de ellas ya encaminadas, como dotar al servicio de un gestor de expedientes, una herramienta informática que ya está adjudicada aunque aún no se ha puesto en marcha y que "debería haber sido la primera medida tomada hace 16 años", ha subrayado Yanes.
"También es preciso aumentar el personal y adecuar la relación de puestos de trabajo a las necesidades reales", insiste el Diputado del Común. "La Comunidad Valenciana estaba en 2017 en los últimos lugares en dependencia, igual que Canarias, pero aumentó su personal en un 300% y salió del pozo inmediatamente".
La necesidad de simplificar expendientes y crear más plazas en residencias
Otro punto importante para la Diputación del Común es la simplificación de los expedientes, puesto que por cada persona dependiente hay dos expedientes, uno para el reconocimiento de grado y otro para asignar un programa de atención individual.
Eso significa dos visitas por solicitud, de manera que si hay 25.000 personas en lista de espera son 50.000 visitas, y como no hay colaboración económica con los ayuntamientos para que contraten personal específico son 50.000 desplazamientos de personal de la Consejería desde las capitales de provincia.
Sin ir más lejos, Castilla y León ya ha unificado los dos expedientes en uno, con una visita y una resolución de grado y de prestación en el mismo acto, mientras que Extremadura mantiene las dos resoluciones separadas pero una sola visita, según algunas alternativas que citó Yanes.
También se refirió a la necesidad de plazas en residencias, ya que el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias sigue inconcluso, y cuando se termine aún habrá un déficit de más de 8.000 plazas para cumplir con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que son 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años.
España, con 4,3, incumple ese criterio, pero más aún Canarias, con 2,7, a su vez muy alejada de Castilla y León, con 7,8. Es preciso además un nuevo modelo de centros sociosanitarios que se acerque más a la idea de un trato personalizado y semejante a un hogar, frente a los tradicionales "macrocentros", expuso Yanes.
Las ayudas complementarias a los dependientes también difieren en las islas, con 300 euros al mes para los de grado uno por 767 en Castilla y León o con 715 euros para los de grado 3 por 929 en la comunidad peninsular.
Los partidos coinciden en la necesidad de un pacto, pero se culpan unos a otros
El diputado del Común propuso crear una mesa de diálogo social sobre la dependencia para desarrollar estas y otras propuestas y "un gran pacto por la dependencia" en las islas.
La diputada del PSOE Teresa Cruz Oval admitió la necesidad de ese pacto y dijo que tras una pésima gestión de la dependencia en Canarias por parte de Coalición Canaria, con el Gobierno actual se está desplegando un plan que contrarreste los recortes del pasado y partiendo de una posición de gran retraso los datos indican que se está evolucionando.
Por su parte, Jana González, de CC, afirmó que "se palpa" en la sociedad civil que hay ganas de resolver el gran problema de la dependencia en las islas, y reclama que el Gobierno de Canarias lidere ese cambio y lo plasme en sus presupuestos, no solo en sus palabras.
Asimismo, Poli Suárez, diputado del PP, reclamó ese pacto por la dependencia y la implicación de todos de forma decidida, pero recordó cómo los grupos del Gobierno han rechazado las enmiendas de su partido para mejorar el presupuesto.
Mientras tanto, el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, subrayó que la pandemia, la erupción volcánica y la crisis migratoria ha restado la posibilidad de aumentar el presupuesto para dependencia, pero añadió que han empezado a incorporarse más recursos y empiezan a verse resultados, de manera que en 2022 se están viendo los mejores de la historia en el archipiélago.
En esa línea, María del Río, de Sí Podemos Canarias, puso en énfasis en ese despegue en los cinco primeros meses de 2022, con cifras ya superiores a todo 2019, en un esfuerzo para poner los cimientos de una atención a la dependencia que en Canarias mantuvo un déficit estructural desde la aprobación de la ley en 2006.
Finalmente, la diputada de ASG Melodie Mendoza afirmó que todos los gobiernos en Canarias "han suspendido en dependencia" aunque "todos se han dejado la piel por revertir las cifras" y señaló que el actual ejecutivo es sensible con este problema.