El consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha adelantado este jueves que se trabaja en un decreto ley que incluirá "la nueva figura de la vivienda asequible incentivada" de libre mercado, que estará condicionada a un precio máximo de alquiler a partir del 2025.
Según ha expuesto en un foro de prensa, se trata de una figura pionera que "ninguna comunidad autónoma ha desarrollado hasta el momento".
Rodríguez ha detallado que Canarias "va a ser la primera comunidad de todo el Estado español que desarrolle la vivienda asequible incentivada" que "no es protegida" pero tiene un precio tope fijado, y que "están dirigidas a la clase media, para las personas y las familias que no tienen condiciones para acceder a una vivienda pública ni protegida", y que "en el mercado libre tampoco encuentran vivienda".
Estas viviendas tendrán aparejadas "incentivos urbanísticos" para su construcción, de manera que las empresas que quieran beneficiarse tendrán que "implementar la limitación en los precios de alquiler".
En definitiva, ha dicho, esta es "una medida más" para incrementar la oferta de vivienda.
Dentro de este decreto ley en el que trabaja el Ejecutivo regional se recogerá, entre otras cuestiones, "algunas mejoras al propio decreto 1/2024" al "facilitar herramientas también a los ayuntamientos para que puedan otorgar esas licencias de manera mucho más ágil".
Ha explicado que el decreto incluirá la hipoteca joven canaria, de la que podrán beneficiarse todos los jóvenes de 18 a 40 años que "van a poder financiar su vivienda en un 95 %, en lugar del 80 % que normalmente financia la entidad financiera".
El Gobierno de Canarias "avalará hasta el 15 %", por lo que "permitirá que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en régimen de propiedad sin la necesidad de tener tantos ahorros".
Se trata de introducir "medidas para atender la emergencia habitacional" de las islas que "es una prioridad", ha remarcado el consejero, quien ha incidido en que la vivienda es "uno de los principales problemas que tienen los canarios, y por eso el Gobierno ha puesto todos los instrumentos y los esfuerzos en dar respuesta".
Del mismo modo, ha celebrado que el decreto ley aprobado en enero de 2024 está en transformación para "seguir implementando otras medidas y herramientas, también para los ayuntamientos y los cabildos insulares para poder dar respuesta".
En este nuevo decreto ley se prevén medidas para "la agilización de las licencias urbanísticas" porque "somos plenamente conscientes de que los inversores que quieren construir viviendas protegidas muchas veces tienen obstáculos a la hora de obtener permisos y licencias".
El Gobierno de Canarias, ha asegurado que "está construyendo este año también vivienda pública dirigidas al alquiler social, para las familias más vulnerables y con menos ingresos".