El Ayuntamiento de Yaiza aún no ha decidido cuál será su siguiente paso para recuperar el suelo público ocupado con el Kikoland, una vez que el Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso de Juan Francisco Rosa para intentar evitar ese desalojo. El auto del Supremo está fechado el pasado 11 de noviembre, aunque desde el Consistorio han señalado este miércoles a La Voz que siguen estudiando cómo continuar este proceso iniciado hace más de tres años, cuando el Pleno del Ayuntamiento declaró nulo el convenio firmado en el año 2004 por el entonces alcalde, José Francisco Reyes.
De momento, afirman que este mismo jueves el alcalde, Óscar Noda, tiene previsto reunirse con la abogada del Ayuntamiento para analizar este tema, después de que Rosa haya agotado todas las vías que emprendió en los Tribunales para que se anulara ese acuerdo plenario.
La primera sentencia fue dictada en abril de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, y posteriormente fue ratificada en diciembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ambos fallos concluían que el convenio firmado por Reyes era ilegal y calificaron además los hechos de "especialmente graves y evidentes". Después, Juan Francisco Rosa presentó un recurso ante Supremo, que ni siquiera ha sido admitido a trámite, al concluir que no tenía "fundamentación suficiente" ni "interés casacional". Además, el Tribunal condena a Rosa a pagar las costas generadas también con este último recurso.fu
Cesión gratuita y sin ningún informe
En virtud del convenio firmado en el año 2004, el Consistorio cedió gratuitamente tres parcelas de 30.000 metros cuadrados durante 50 años, sin siquiera establecer el pago de un canon. Una de esas parcelas está ocupada por el Kikoland y otra por un minigolf del hotel Playa Dorada, mientras que a la tercera, ubicada entre el Princesa Yaiza y el centro comercial Papagayo, aún no se le ha dado ningún uso.
"No es solo la ausencia de informes jurídicos, técnicos o de fiscalización, sino del más mínimo trámite para la consecución del acuerdo", señalaba la sentencia que ahora ha vuelto a ser ratificada de manera firme. Además, el fallo reproducía buena parte del dictamen que emitió el Consejo Consultivo a petición del Ayuntamiento de Yaiza, que encargó un informe antes de llevar a Pleno la anulación del convenio.
Ese dictamen, por un lado, concluía que el acuerdo se aprobó en su día con una "omisión absoluta del procedimiento", ya que ni siquiera se elaboró un informe de Secretaría o de la Oficina Técnica valorando la legalidad del acuerdo. Pero además, advertía de que se le otorgaron derechos a la empresa "sin reunir los requisitos esenciales para ello".
Entre los numerosos motivos de nulidad de ese convenio, los informes jurídicos cuestionaban que se hubiera incluido una cláusula permitiendo prorrogar la cesión más allá de los 50 años previstos inicialmente, estableciendo además que en ese momento se daría un trato preferente a la empresa de Rosa si se sacaba a concurso. Del mismo modo, concluía que permitir "a una empresa privada la utilización privativa de zonas verdes públicas vulnera el ordenamiento jurídico".
Rosa y Reyes, imputados por ese convenio
Además de este procedimiento para anular el convenio y recuperar ese suelo público, la ocupación de este espacio se investiga también en la vía penal, en una causa abierta a raíz de una denuncia presentada por los ex consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez.
Dentro de esas diligencias, ya han sido imputados los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el que era secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes. Tanto Reyes como Bartolomé Fuentes han sido condenados ya en otras causas por haber otorgado licencias ilegales a Rosa.
Aunque el empresario no ha prestado todavía declaración en la causa, en la que está citado el próximo 13 de febrero, sí se había personado en las diligencias e incluso ha presentado recursos pidiendo su archivo. Sin embargo, sus pretensiones han sido rechazadas tanto por el juez instructor como por el Ministerio Fiscal, que considera que hay indicios para seguir investigando e incluso para determinar si hay más personas a las que "pueda exigirse responsabilidad criminal".