La Asociación de Vecinos Almadracha, que agrupa a propietarios de la urbanización de La Bufona, ha mostrado su “satisfacción” con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula la orden parcial de derribo sobre una de las viviendas dictada en 2013 por la Apmun. “Después de 17 años de verdadera injusticia y machaque público, sale a la luz lo que siempre se ha defendido por este colectivo y es que si parte de las viviendas se encontraban sobre suelo rústico de protección del jable, ello no se debía a una mala actuación de los propietarios de las viviendas, sino a la permisividad tanto del Ayuntamiento de Arrecife como de la Apmun”, sostienen los vecinos en este comunicado.
Según la asociación, “con esta gran noticia se cierran las bocas de aquellos que han hecho que este asunto se vea como el único existente en la isla, solo por las personalidades que viven en la urbanización, cuando lo cierto es que seguramente vivamos en la isla con mayor número de licencias anuladas”. Los vecinos se refieren así a dos de los propietarios de esas casas, la presidenta insular del PP, Ástrid Pérez, y el ex fiscal coordinador de Lanzarote, Miguel Pallarés. “El amiguismo imperante en algunos medios de comunicación han hecho que se vea éste como el único”, sostienen los vecinos.
Además, añaden que también están “contentos” porque la sentencia, “con una fundamentación jurídica de admirar, concluye que no puede pretenderse echar la culpa a los propietarios de las viviendas de las irregularidades cometidas por las Administraciones Públicas, cuando las viviendas se construyeron amparadas por licencia de obra, licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad”.
Al respecto, tal como publicó este jueves La Voz de Lanzarote, cabe señalar que el fallo del TSJC anula la orden de derribo por las “lagunas” que presentaba el expediente de la Apmun. Entre ellas, que no se especificó la fecha en la que se realizaron las obras, lo que impide determinar qué normativa era la que estaba en vigor en ese momento y debe aplicarse, y también si las construcciones que deben derribarse, y que se realizaron tras terminar las viviendas, fueron ejecutadas por los promotores o ya por los compradores tras la venta de las casas.
“La actuación de la Apmun no fue la correcta”
Además, el fallo señala otra “laguna” en el expediente, ya que considera que antes de iniciar el procedimiento sancionador, la Agencia tendría que haber impugnado la licencia original, la que amparó la ejecución de las viviendas en sí, al tener vicios de nulidad por la posible invasión de suelo rústico protegido. “Esta sentencia termina concluyendo que la actuación de la Apmun no fue la correcta, pues lo que tendría que haber iniciado es la impugnación de las licencias”, señalan los vecinos. Cabe recordar que en el juicio de caso La Bufona, que es independiente de este procedimiento contencioso, varios compradores de viviendas reconocieron que hicieron obras tras la adquisición de las casas, incluyendo la construcción de piscinas, muros y ampliaciones del inmueble en la parte trasera, que es la que se asienta sobre suelo rústico.
“Los vecinos afectados consideramos que con esta sentencia finaliza un capítulo importante de esta historia, donde solo queda mirar hacia el frente y seguir luchando por la coherencia y la sensatez en el comportamiento de las administraciones”, señala la asociación en su comunicado. No obstante, al margen de esa orden de derribo de la Apmun, también pesa otra sobre las viviendas, en este caso dictada en la causa penal de La Bufona. La diferencia es que esa orden, que no solo sigue vigente sino que ya es firme, supone que sean los promotores los que se hagan cargo de la demolición.
Por último, la asociación afirma también que el registrador de la propiedad no ha admitido una solicitud de la familia Murillo, denunciante de este caso, que hace unos meses inició un procedimiento “para hacer coincidir las fincas catastrales con el Registro de la Propiedad”. Según los vecinos, esa pretensión ha sido rechazada “por entender que las fincas catastrales no coinciden en absoluto con lo que aparece en el Registro de la Propiedad”. Ésta, de hecho, es otra de las irregularidades que lleva años denunciando la familia Murillo, que además de denunciar delitos contra la ordenación del territorio, por los que ya han sido condenados los promotores, también había advertido de muchos otros, como la ocupación de terrenos de su propiedad para construir esta urbanización, las alteraciones catastrales y la ocupación de suelo público.