El que era delegado de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, se ha enfrentado este martes a su primer juicio penal, aunque la acusación en este caso la ejerce solo su antigua empresa, que pide para él siete años y medio de cárcel y una multa de 450.000 euros por supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, estafa y simulación contractual. Junto a Álvarez, Urbaser acusa a otras siete personas y reclama que todos le entreguen de forma solidaria 392.956 euros más intereses, que es la suma que sostiene que le fue defraudada. De esa cantidad sostiene que se beneficiaron el propio ex delegado y tres de sus familiares directos, también acusados en la causa.
Urbaser presentó esta querella en el año 2010, poco después de que Jacinto Álvarez fuera detenido dentro del caso Unión, en el que también fueron arrestados otros cuatro directivos de la empresa en Madrid, que actualmente están a la espera de juicio acusados entre otras cosas de pagar sobornos y de amañar el concurso por el que se adjudicó la limpieza y recogida de basura de Arrecife. "Mi representada resulta ajena a cualquier actividad (mucho menos ilícita) llevada a cabo por el Sr. Álvarez, fuera de los estrictos cauces de la gestión de la delegación que le fue encomendada", señala el abogado de la empresa en su escrito de acusación en esta causa.
En ese escrito solo incluye a otro trabajador de la empresa en Lanzarote, Gregorio Aparicio, que ni siquiera ha sido despedido, y para el que solo pide seis meses de cárcel, tras haber declarado contra su ex jefe. Los otros seis acusados son la actual mujer y los dos hijos de Jacinto Álvarez -que también fueron contratados en su día por Urbaser y despedidos tras la detención de Jacinto Álvarez-, el dueño de una de las empresas que fue proveedora de Urbaser en Lanzarote, Fernando González Berriel, y dos trabajadores de esta misma compañía, dedicada a la venta de combustible.
Elección "arbitraria" de los querellados
"Tiene usted razón, es arbitrario", ha respondido al declarar como testigo el asesor general para asuntos legales de Urbaser, cuando el abogado de Jacinto Álvarez le ha preguntado por qué no se incluyó a más gente en esta querella, tanto en lo relativo a los proveedores como a su propio personal. "Si la empresa lo hubiera llevado hasta las últimas consecuencias, no hubiera sido solo este señor el objeto de esta querella", ha señalado, añadiendo a continuación que "para mantener una mínima paz social no se puede actuar contra todo el mundo".
De hecho, el propio escrito de acusación y el relato que han planteado en la primera jornada del juicio implica que al menos buena parte de la plantilla era partícipe de los hechos presuntamente delictivos que la empresa imputa a Jacinto Álvarez, y buena parte de ella ha empezado a declarar como testigo en esta primera jornada de juicio y lo seguirá haciendo en los próximos días. "Todo el mundo tenía su cacho y había gente que estaba cómoda con esa situación", ha declarado por su parte el que era director de zona en Las Palmas de Urbaser, Justino Sagredo, que fue quien inició una investigación interna tras la detención de Álvarez. Una investigación que nada tiene que ver con los hechos que se juzgarán en el caso Unión, pero con la que aseguran que concluyeron que Álvarez actuaba de espaldas a la empresa para su propio lucro personal.
Hasta la detención de Jacinto Álvarez, según ha declarado el que era director provincial, la delegación en Lanzarote no le daba cuentas de su actividad y respondía directamente ante Madrid, siendo así el único contrato que tenían en las islas que no pasaba por su firma. "¿Y puso esto en conocimiento de sus superiores?", le ha preguntado la fiscal, que no ha formulado acusación en esta causa pero sí ha estado presente y ha participado en la vista, entre otras cosas por su vinculación con el caso Unión. "Lo transmití dos o tres veces y me dijeron que en Lanzarote me dedicara solo al pendiente de cobro", ha respondido el testigo. A continuación, ha precisado que una de las personas que le dijo eso fue Santiago Alonso, que en ese momento era director de Limpieza y Jardinería de Urbaser en Madrid, y que fue después uno de los detenidos en el caso Unión. Alonso está actualmente acusado junto a Jacinto Álvarez y otros tres directivos de Madrid de cohecho, malversación, fraude a la Administración y prevaricación, en relación al contrato que la empresa mantenía con el Ayuntamiento de Arrecife y cuya adjudicación habría sido amañada según el sumario del caso Unión.
Por su parte, el asesor legal de Urbaser ha intentado justificar el hecho de que la delegación de Lanzarote no rindiera cuentas del contrato con Arrecife al responsable provincial sino directamente a Madrid achacándolo a un tema de "relaciones personales" y a que el procedimiento interno no era "tan rígido" en ese momento. "Como consecuencia de la proximidad personal, puede que el procedimiento se vulnerara, pero no es algo que impuso la organización", ha sostenido, señalando que Jacinto Álvarez venía trabajando desde hacía más tiempo con otros directivos de Madrid que con el director provincial.
Recargas de teléfonos privados con vales de gasolina
En cuanto a los hechos por los que Urbaser acusa a Jacinto Álvarez y a otras siete personas, tienen varios frentes. Por un lado, respecto al dueño de Coscofe SL y dos de sus empleados en la gasolinera Pcan de Arrecife, sostiene que permitieron que se pagaran con vales de gasolina de Urbaser distintas recargas de teléfonos móviles que ni siquiera pertenecían a la empresa, sino al propio Jacinto Álvarez y a familiares y personas de su entorno. Además, señala que algunos de esos vales fueron firmados por por la mujer de Jacinto Álvarez, Zenaida Alcaide, que también trabajaba en la empresa pero "de ninguna manera gozaba de autorización para ejecutar tal cometido". Para ella, la empresa pide tres años de prisión.
En total, Urbaser cifra en 1.016 euros la cantidad supuestamente defraudada con este método, y para ello se basa en el testimonio de uno de los trabajadores, que ya en fase de instrucción declaró que Jacinto Álvarez le ordenaba ir a la gasolinera con vales de gasolina de la empresa para canjearlos por recargas para esos teléfonos móviles.
En cuanto a la otra operación relacionada con esta empresa, se centra en la compra de dos bidones de aceite por valor total de 2.490 euros, poco antes de la detención de Jacinto Álvarez. Según Urbaser, esos bidones ni eran necesarios ni llegaron nunca a las naves de la empresa. Por su parte, los acusados por estos hechos han declarado que desde que los nuevos responsables se pusieron en contacto con la empresa les indicaron que los tenían en el almacén y que podían pasar a retirarlos, pero que nunca lo hicieron.
Por estos dos hechos, la acusación particular ejercida por Urbaser pide tres años de prisión para Fernando González Berriel como dueño de la empresa, y otros tres años para los dos empleados a los que también acusa, Pedro César Pérez y Felipe Santiago Hernández, ya que sostiene que estaban "plenamente al tanto de esta maquinación" y que eran "conscientes de la maniobra fraudulenta". Ellos, por su parte, lo han negado y han defendido su inocencia durante el juicio, en el que solo han respondido a sus respectivas defensas.
Materiales y trabajadores supuestamente desviados a obras en su casa
A estos dos hechos, la acusación de Urbaser suma otros de cuantía económica muy superior relacionados con otros proveedores, aunque no ha pedido responsabilidades penales para ninguno más. Según la empresa, Jacinto Álvarez llegó a cargar "al menos 178.319 euros" en distintas facturas falsas a la empresa por materiales que en algunos casos luego "incorporó fraudulentamente a su patrimonio", fundamentalmente para realizar obras en dos de sus viviendas.
En este caso, también eran los propios trabajadores que tenía a su cargo los que firmaban los albaranes de entrega, según le dijeron ellos mismos a la empresa cuando Urbaser abrió su investigación interna tras la detención de Jacinto Álvarez. Y esos empleados tampoco han sido despedidos ni expedientados, a excepción de uno que en 2010 se negó a responder a las preguntas de la empresa, alegando que ya había declarado ante la UCO de la Guardia Civil y que le habían dicho que no podía revelar nada de la investigación. "La causa del despido no fue negarse a declarar", ha asegurado el jefe de Relaciones Laborales de la empresa en Canarias, que ha defendido que la carta de despido era extensa y detallaba entre otras cosas que había facturas de albarán cuya mercancía "no había entrado en la empresa". No obstante, ni a él se le ha llevado por la vía penal ni a otros trabajadores que sí respondieron a las preguntas de la empresa y que declararán durante el juicio se les ha siquiera despedido, pese a que afirman que participaron en operaciones fraudulentas por orden de Jacinto Álvarez.
Entre las compras de material que no llegó a la empresa, Urbaser incluye casi 97.000 euros en facturas de un vivero de plantas y unos 7.400 euros por 4.000 macetas, de las que solo les constan 700. El resto, incluye desde cable conductor de aluminio y puertas y ventanas hasta bloques de hormigón, que son "impropios de un servicio de jardinería" y que Urbaser vincula a las obras que Jacinto Álvarez estaba realizando en sus dos casas.
Además, la empresa también sostiene que el ex gerente destinó a esas obras personal de Urbaser. "Bajo ningún concepto. Si llego a ordenar que fueran allí, se iban a reír de mí en mi cara", ha respondido el hijo de Jacinto Álvarez, cuando su abogado le ha preguntado si como jefe de servicio encargaba a trabajadores de Urbaser ir a hacer obras en las casas de su padre.
Al respecto, cabe recordar que la investigación del caso Unión ya puso de relieve que trabajadores de la empresa prestaban presuntamente servicios en viviendas de políticos y cargos públicos acusados en esa causa, como María Isabel Déniz. Además, Jacinto Álvarez ha confesado el pago de sobornos tanto en metálico como en especie, señalando que era no solo conocido, sino también ordenado por los directivos de Madrid que están acusados en el caso Unión.
Anticipos y horas extra falsas
El otro frente en el que basa Urbaser su acusación implica a varios trabajadores, que durante años habrían pedido anticipos o préstamos a la empresa por indicaciones de Jacinto Álvarez. Después, siempre según su declaración, le entregaban ese dinero a Álvarez. "Con la finalidad de que esta operación no supusiera ningún coste económico para el trabajador, que teóricamente estaba obligado a devolver el anticipo, se le compensaba retribuyéndolo con horas extras nunca realizadas realmente, pero que eran oportunamente autorizadas por el acusado Sr. Alvarez de la Fuente para que la empresa las abonara", señala la empresa en su escrito de acusación.
Para esta operación, Urbaser sostiene que Jacinto Álvarez se valió en algunas ocasiones del otro trabajador acusado, Gregorio Aparicio. Así lo ha reconocido él mismo durante su declaración, en la que ha asegurado que estaba "amenazado" y "coaccionado" por el que era su jefe, y que por eso pedía a otros trabajadores que solicitaran esos anticipos y que le dieran después el dinero para entregárselo a Jacinto Álvarez. Para este trabajador al que aún sigue manteniendo en plantilla, Urbaser pide seis meses de cárcel. "¿Le encuentra usted alguna explicación a que se acuse de estafa a este trabajador que sigue en la empresa?", ha preguntado la magistrada que preside la Sala de la Audiencia Provincial al asesor legal de Urbaser. "Si le contesto honestamente, no. Yo hubiera recomendado su despido. De hecho creo que lo recomendé", ha respondido.
Respecto a este empleado que ha declarado contra Jacinto Álvarez, la empresa le pide seis meses de prisión al considerar que debe aplicarse como atenuante muy cualificada su confesión. En el caso del supuesto pago de horas extra ficticias y otros complementos salariales que no correspondían, Urbaser sostiene que la suma defraudada asciende a 223.480 euros.
Contratos ficticios a sus hijos
Por último, Urbaser también acusa a Jacinto Álvarez de haber simulado contratos de trabajo con sus dos hijos, ya que asegura que durante un tiempo cobraron sin estar trabajando realmente para la empresa. En el caso de Iciar Álvarez, cuando firmó sus primeros contratos en 2003 estaba estudiando fuera de la isla, por lo que ni siquiera residía en Lanzarote. Al respecto, en el juicio ha declarado que ella no empezó a trabajar en la empresa hasta 2005 y ha negado que recibiera pagos de 800 euros mensuales en los dos años anteriores. "No lo puedo explicar", ha señalado cuando le han preguntado por qué recibía ese dinero de Urbaser. Por su parte, su hermano Joaquín Álvarez ha defendido que sí empezó realmente a trabajar para la empresa (entonces bajo el nombre de Tecmed) en el año 2001, y que aunque residía en Tenerife "pasaba temporadas aquí". No obstante, en su caso sí ha reconocido que le "sorprendió" recibir pagos de la empresa estando fuera. "Le pregunté a mi padre y me dijo que no había ningún problema, que él lo podía hacer", ha declarado.
Después, tanto él como su hermana sí se incorporaron efectivamente a la plantilla de la empresa, aunque según la acusación de Urbaser, para entonces ya habían cobrado unos 100.000 euros cada uno de forma indebida. Para Iciar Álvarez la empresa pide seis años de prisión y 270.000 euros de multa y para su hermano siete años de cárcel y multa de 315.000 euros, al sumarle también otros delitos.
La vista que ha comenzado este martes en Arrecife se extenderá hasta el próximo viernes, aunque la Sala ha dispensado a Jacinto Álvarez de estar presente por sus problemas de salud. Además, también podrán ausentarse hasta el última día del juicio su mujer y su hija, para que puedan atenderle. En total, Urbaser ha pedido que declaren en la vista 29 testigos, la mayoría trabajadores de Urbaser, y cinco peritos.