Urbaser ha despedido a los dos directivos de la empresa que han admitido ante la Audiencia de Las Palmas que pagaron sobornos a cargos públicos del Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2001 y 2004 para conseguir la concesión del servicio de recogida de residuos de esa ciudad.
Fuentes de la compañía han informado este viernes a EFE de que pusieron el caso en manos de sus departamentos jurídico y de "compliance" (cumplimiento normativo) en cuanto tuvieron conocimiento de que Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso Herreros habían comunicado por escrito a la Audiencia de Las Palmas que se reconocen responsables de un delito de cohecho, días antes de que comenzara el juicio de la llamada "operación Jable" (el 17 de abril).
Los dos dieron ese paso el contexto de una negociación de sus defensas con la Fiscalía Anticorrupción, que hasta su confesión pedía para ambos condenas de 10 años y dos meses de cárcel por delitos cohecho, falsedad documental, fraude y aprovechamiento de secretos.
Manuel Andrés Martínez era director de Servicios Urbanos de Urbaser y Santiago Alonso Herreros desempeñaba un cargo intermedio, a las órdenes del anterior.
En este procedimiento penal, cuya instrucción se ha demorado 15 años, la Fiscalía sostiene, entre otras cosas, que directivos de la empresa Tecmed (más adelante convertida en Urbaser) compraron al presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín, que desde hace años cumple en la cárcel varias condenas por corrupción, y a la alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, así como a otros políticos locales y funcionarios municipales.
Esos sobornos, según el fiscal, sirvieron para que Tecmed (luego conocida como Urbaser) consiguiera en 2002 la gestión de los residuos urbanos del Ayuntamiento de Arrecife en un concurso amañado, lo que iba a permitir a la firma ingresar 32,88 millones de euros.
La Fiscalía asegura que los directivos en aquellas fechas de Urbaser que están procesados en esta causa se gastaron en comprar voluntades en Lanzarote un mínimo de 300.000 euros, más gastos en hoteles, aviones, regalos de lujo y un viaje a Kenia.
Las fuentes consultadas por EFE han subrayado que los hechos que Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso Herreros han reconocido ahora haber cometido (pago de sobornos para conseguir adjudicaciones) son completamente contrarios al código de conducta de Urbaser y a su política corporativa frente a la corrupción, lo que ha determinado su salida de la empresa.
En el juicio, que está suspendido hasta septiembre, por problemas de salud de la exalcaldesa de Arrecife, también se sientan en el banquillo otras dos personas relacionadas con Urbaser cuando ocurrieron los hechos: Stephane Jean Antoine Balverde y Francisco José Martínez Llerandi, para los que la Fiscalía pide condenas de ocho años y seis años de cárcel, respectivamente.
Las fuentes afirman que ninguno de los dos forma parte en la actualidad de la plantilla de la compañía.
