El expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha utilizado este martes uno de los salones de la Corporación insular para comparecer ante la prensa y dar detalles de la nueva investigación judicial contra él, que este lunes llevó a la UCO a registrar durante varias horas su vivienda. En su comparecencia, el propio San Ginés ha explicado que uno de los motivos de la investigación se centra en la compra de su casa, en la que vivió durante años de alquiler y después terminó adquiriendo, en una fecha que no ha querido precisar. El inmueble pertenecía al abogado Felipe Fernández Camero, que es el suegro del letrado al que también se investiga en esta nueva causa, Ignacio Calatayud, por los pagos que recibió bajo la presidencia de San Ginés.
"Se me investiga por la apropación indebida de 850.000 euros por parte de ese letrado con mi complicidad", ha señalado el expresidente, recordando que esos pagos fueron "políticamente denunciados" por la presidenta, María Dolores Corujo, y "puestos en conocimiento de la Fiscalía por Podemos". Además, también está imputado por la contratación en sí de este letrado para llevar el procedimiento concursal de Inalsa en el año 2010. "Eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la supuesta relación con la adquisición de la vivienda donde yo resido", ha señalado San Ginés. Y esa "relación" implicaría que se investiga un posible delito de cohecho por parte de la UCO y del juez instructor, que fue quien autorizó esos registros.
"Todos los pagos por la vivienda en la que vivo son absolutamente legales", ha asegurado San Ginés ante la prensa. Sin embargo, no ha respondido a la pregunta de cuándo realizó esa compra -y si coincidió en el tiempo con los pagos a Calatayud-, y tampoco ha aclarado cuál fue el importe. Este último podría ser uno de los elementos de la investigación, para comprobar si ese precio de adquisición se correspondía con los precios del mercado. Al respecto, lo único que ha señalado el expresidente del Cabildo es que residía en alquiler en esa casa desde el año 2007, primero con un contrato a nombre de la que entonces era su pareja y después con otro a su nombre. "Finalmente la adquirí con un contrato de alquiler con opción a compra", se ha limitado a apuntar.
Rueda de prensa en el Cabildo y con su abogado
San Ginés ha comparecido en el Cabildo acompañado de su abogado, que no ha llegado a intervenir, mientras que casi todos los consejeros de Coalición Canaria -incluida la que también es secretaria insular del partido, Migdalia Machín- han seguido la rueda de prensa desde el fondo de la sala. “La voz la tengo entrecortada por un problema de frío, no es otra cosa”, ha aclarado el expresidente al comenzar su intervención, tras preguntar si el "protocolo" permitía que se quitara la mascarilla.
A continuación, ha explicado que al estar la causa bajo secreto de sumario, el lunes pidió permiso a los agentes para poder dar algunos detalles, ante las preguntas que sabía que iba a tener que afrontar. Así, se ha referido a los tres ejes que según él centran la investigación, que son la contratación de Calatayud para la concursal de Inalsa, los pagos que se abonaron al letrado y el beneficio económico que presuntamente habría recibido a cambio San Ginés, materializado al menos en la compra de esa casa que pertenecía al suegro de Calatayud.
“Se me investiga básicamente por eso”, ha señalado, dejando la puerta abierta a que pueda haber otras líneas más de investigación.
El presupuesto inicial se multiplicó casi por cinco
Respecto a la contratación del letrado para el procedimiento concursal, ha insistido en que se produjo tras la renuncia voluntaria del juez Cobo Plana, y en que se aprobó en el Consejo de Administración de Inalsa “por unanimidad”. “Fue para representar a la administración en todo lo relacionado con el proceso”, ha apostillado San Ginés, que ha añadido que él “entiende” que eso incluía también los incidentes concursales.
No obstante, lo que se denunció precisamente en su día, entre otras cosas, es que el abogado terminó cobrando una suma que nada tenía que ver con el presupuesto inicial que se presentó. Ese presupuesto, efectivamente, incluía todo el procedimiento, pero Calatayud terminó cobrando por separado cada fase y cada incidente. Inicialmente se establecieron 199.020 euros por todo el concurso, pero el letrado acabó recibiendo casi cinco veces más.
Además, en ese Consejo de Administración al que ha apelado San Ginés en ningún momento se aprobaron las condiciones económicas. Tan solo se votó su propuesta de recurrir a este letrado, pero sin definir cuánto cobraría. En ese momento, el grupo de gobierno estaba formado por CC, el PP, el PIL y el PNL, tras la moción de censura que acababan de presentar a la socialista Manuela Armas tras el estallido de la Operación Unión. Así, a la sesión presidida por Pedro San Ginés en enero de 2010 asistieron Fabián Martín, Plácida Guerra, Ramón Bermúdez, Juan Carlos Becerra, José Pablo Lemes, Ástrid Pérez, Jesús Machín y José Torres Stinga.
De momento, al menos Ástrid Pérez y José Torres Stinga han sido citados a declarar como testigos ante la UCO en el cuartel de la Guardia Civll, donde estuvieron en la tarde de este lunes.