El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado este martes un nuevo plazo de 10 días para que el exmagistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba ingrese voluntariamente en prisión para empezar a cumplir su condena de seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación como autor de delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en el ejercicio de su cargo.
Tras haber vencido el plazo que se le dio con anterioridad, el magistrado ha sido citado ante la Sala de lo Penal y requerido personalmente para que cumpla la condena que se le impuso, en una comparecencia que ha tenido lugar en la sede del TSJC, a la que Alba ha asistido en compañía del letrado Pedro Ayala.
Salvador Alba no ha hecho ninguna declaración ante la letrada de la Administración Justicia, cuando le han dado la palabra, y tampoco ante los periodistas a la salida del TSJC, adonde ha llegado casi una hora antes de la cita judicial, que le fue notificada el pasado lunes mediante una providencia.
Según han informado a Efe fuentes del alto tribunal canario, Alba ha vuelto a ser requerido por la Sala de lo Penal para que proceda, también en un plazo de 10 días, al pago de la multa que le fue impuesta en la sentencia por importe de 12.150 euros.
El TSJC ha puesto en marcha la ejecución del resto de su condena: 15 años y 6 meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y 18 años de inhabilitación especial para desempeñar el cargo público de juez o magistrado, con la pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos.
Respecto a esto último, el pasado 13 de enero el Consejo General del Poder Judicial comenzó a tramitar su expediente de expulsión de la carrera judicial.
Durante el tiempo de la condena, Salvador Alba ha sido incapacitado para cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
Manipuló una instrucción penal
El 10 de septiembre de 2019, el TSJC declaró probado que Salvador Alba manipuló una instrucción penal por fraude fiscal dirigida contra el empresario Miguel Ángel Ramírez para intentar perjudicar a la jueza Victoria Rosell, en el momento en que esta era diputada de Podemos en el Congreso por la provincia de Las Palmas.
Según el relato de hechos probados, Salvador Alba ofreció a Ramírez archivar esa causa -por la que ahora el empresario se expone a una solicitud de condena de 21 años de cárcel y 105 millones de euros de multa- si le ayudaba a probar que Victoria Rosell había retrasado ese procedimiento por intereses económicos de su pareja.
También se consideró acreditado que envió al Tribunal Supremo informes sobre el desempeño de Rosell con contenidos que luego resultaron ser falsos, pero que provocaron que la Sala de lo Penal admitiera una querella del entonces ministro José Manuel Soria contra ella, por lo que se vio forzada a renunciar a su escaño.
Esas acusaciones contra Rosell fueron archivadas meses después por el TSJC, que la exoneró de cualquier irregularidad, y finalmente fue Alba quien resultó procesado y condenado por su actuación en el caso.