La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la sentencia que condenó a 13 años, 6 meses y un día de cárcel al acusado de agredir sexualmente a su hijastra en Lanzarote, cuando ésta tenía entre 10 y 12 años. El fallo fue dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial el pasado mes de diciembre y ahora, el TSJC ha rechazado el recurso del procesado, que alegaba que no había pruebas y que se vulneró su derecho a la defensa, y ha confirmado íntegramente la sentencia de primera instancia.
El fallo también le impone una orden de alejamiento de la menor durante 22 años, así como una pena de inhabilitación para profesión u oficio relacionada con menores durante 20 años. Además, deberá indemnizar a la víctima con 100.000 euros.
Los hechos ocurrieron entre los años 2015 y 2018, cuando la niña le contó finalmente a su madre lo que estaba ocurriendo y acudieron a presentar una denuncia ante la Policía Nacional.
Durante el juicio, que se celebró el pasado mes de noviembre, declararon tanto el agente que registró esa denuncia como distintos peritos, incluyendo médicos forenses y psicólogos que han atendido a la víctima desde entonces, y que confirmaron las secuelas físicas y psicológicas compatibles con su relato.
En esos testimonios y en el de la propia víctima se basó la Audiencia para dictar su sentencia, subrayando también la ausencia de "móviles espurios" por parte de la menor, que ahora tiene 16 años. De hecho, el propio acusado no supo explicar durante la vista por qué la niña podría haberse inventado algo así. “Obviamente se lo está inventando, el por qué no lo sé. Esa pregunta es para ella”, se limitó a señalar al respecto durante la vista.
Por su parte, el hermano del acusado se acogió a su derecho a no declarar contra él, al igual que lo hizo durante la fase de instrucción. En cuanto al testimonio que prestó en la Policía, señalando que su hermano le había confesado al menos parcialmente los hechos, la sentencia que ahora ha sido confirmada subraya que no ha sido tenido en cuenta, ya que en ese momento no se le había informado de su derecho a no declarar contra un familiar.
No obstante, considera suficientes las pruebas de cargo para dar verosimilitud a la denuncia de la víctima, que no llegó a declarar durante el juicio para evitar una "revictimización". Lo que se escuchó fue una declaración grabada previamente, que la Sala considera coherente y sin contradicciones destacables, en contra de lo que sostenía la defensa. Además, subraya el "quebrado y muy tocado estado emocional" de la menor en ese vídeo, que fue "sometida a una intensa presión por la defensa" durante el interrogatorio.
La sentencia recoge en los hechos probados los distintos episodios de agresiones sexuales que sufrió la niña durante dos años, y subraya que el acusado se aprovechó de la "relación de ascendencia, confianza y autoridad" que mantenía sobre ella. "Comenzaron antes de cumplir los 11 años y cuando estaba cerca de cumplir los 13 se lo cuenta a su madre, al no poder aguantar ni soportar más esta situación de presión continua y al empezar a comprender lo que estaba pasando", señala la Audiencia.
Al día siguiente acudieron las dos a comisaría a presentar la denuncia y tras su detención, el acusado pasó año y medio en prisión provisional, entre septiembre de 2018 y abril de 2020. Ahora, se descontará ese tiempo de la condena establecida en la sentencia, contra la que aún cabe recurso.