La causa por la macrolicencia ilegal de Costa Roja, que por fin está cerca de llegar a juicio, ha sufrido una tormentosa instrucción de más de 13 años. Varios cambios de juez, una parálisis de años durante la etapa del polémico Rafael Lis y hasta tomos que estuvieron desaparecidos han marcado este procedimiento, que llegó a investigar hasta a seis personas no solo por delitos urbanísticos, sino también de cohecho, fraude a la administración y malversación, y que salpicó a reconocidos catedráticos e incluso a antiguos miembros del Poder Judicial.
Finalmente serán solo tres los que se sienten en el banquillo -de nuevo el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y el que era jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, que ya han sido condenados en otras causas-, y únicamente por delitos de prevaricación. Además, las dilaciones indebidas en la instrucción, que la Fiscalía señala que han sido “extraordinarias”, han llevado a rebajar las penas que se piden para ellos, dejándolas en el caso del Ministerio Fiscal en una multa que no llega a 4.000 euros, además de tres años y tres meses de inhabilitación.
Por su parte, la acusación popular eleva esta petición a un año y tres meses de cárcel y siete años de inhabilitación, pero aún así, muchos de los delitos que se pusieron sobre la mesa durante la instrucción han quedado sin esclarecerse. De hecho, varios fueron archivados no por no ver indicios de delito, sino porque se anularon pruebas que implicaban precisamente a antiguos miembros de la judicatura.
La primera imputación que decayó fue la del beneficiario de esa licencia, Luis Lleó, porque no se encontraron "indicios bastantes" de que sobornara al alcalde a cambio de la concesión de ese permiso ilegal. Este mismo empresario, sin embargo, sí fue condenado por cohecho en el caso Unión. De hecho, él mismo terminó confesando que intentó sobornar al entonces consejero Carlos Espino para desbloquear la construcción de esta misma parcela, cuando la licencia que le otorgó Reyes fue suspendida los Tribunales.
Espino denunció ese intento de soborno y también había presentado previamente una querella por la concesión de esa licencia, que es la que dio lugar a esta causa. Pero además de él, también hubo otro denunciante, el arquitecto Enrique Ruiz, que redactó el proyecto básico para urbanizar la parcela y testificó contra Lleó. En esa declaración, llegó a señalar incluso al entonces secretario general del PNL, Pedro de Armas, como supuesto intermediario entre Lleó y José Francisco Reyes en esta operación. De Armas -que también recibió licencias ilegales de Reyes, por las que fueron condenados estos tres mismos acusados- fue llamado después a declarar en calidad de testigo en la causa de Costa Roja, negando la acusación de Ruiz. Finalmente, esa línea de investigación se terminó cerrando y sobreseyendo las actuaciones contra Luis Lleó, al considerar que había indicios pero no suficientes.
Unión abrió una nueva línea de investigación con graves implicaciones
Tres años después, de la mano de varios correos electrónicos incautados durante la instrucción del caso Unión, se reabrieron también las diligencias contra Lleó en esta causa, y se sumó además como imputados al abogado Felipe Fernández Camero y al catedrático y jurista Rafael Entrena Cuesta por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
En esos emails, se ponía de relieve que el propio Lleó dio instrucciones al jurista Rafael Entrena para elaborar un dictamen que avalara la licencia de Costa Roja. Sin embargo, quien pagó ese informe fue el Ayuntamiento de Yaiza, que abonó 27.000 euros.
Según sostenía la Fiscalía, el informe del catedrático era una "absoluta farsa" para avalar la licencia que el Ayuntamiento ya había otorgado a Lleó para el proyecto básico de la obra, para justificar la posterior licencia de ejecución y también para dar argumentos a la defensa de Reyes y Bartolomé Fuentes y Antonio Lorenzo, que habían sido ya imputados por estos hechos.
"Con todo esto se blindaría al alcalde respecto al proceso penal, al tener un soporte jurídico sólido", sostenía Lleó en uno de los correos electrónicos que envió a Ramón Entrena Cuesta (hermano de Rafael Entrena), en los que daba instrucciones precisas de cómo debía elaborarse ese informe que iba a ser pagado por el Ayuntamiento.
En ese correo, dirigido también al ex vocal del Consejo General del Poder Judicial Enrique Arnaldo Alcubilla (que era socio del mismo despacho), Lleó les pedía incluso que influyeran en este procedimiento penal contra Reyes y dos técnicos, que en ese momento acababa de abrirse.
"Sería muy interesante hacer gestión personal con preparador o entorno del magistrado-juez, al ser el primer destino como magistrado y está bastante perdido -lleva una semana en el Juzgado-, al objeto de lograr que cuanto menos hasta después de las elecciones no haya sobresaltos con este asunto penal”, llegaba a plantear Lleó en ese correo.
Pruebas clave que fueron anuladas
A esto se sumaban otros emails en los que Luis Lleó les daba instrucciones de cómo debían facturar al Ayuntamiento ese informe que en realidad estaba dirigiendo él -“me piden que me la hagas llegar firmada y el Ayuntamiento nos la sella y firma el alcalde, donde ponemos objeto del dictamen, plazo y precio”, les indicaba en uno de esos correos-, así como comunicaciones personales con el entonces secretario del Consistorio, Vicente Bartolomé Fuentes, que sí sigue acusado en la causa.
En cuanto a Felipe Fernández Camero, la Fiscalía recordaba entonces que el Ayuntamiento "venía contando desde hace más de 15 años” con su “asesoramiento”, tanto en "la inmensa mayoría de los numerosísimos pleitos" por las licencias ilegales, como en las causas penales que estaban abiertas en ese momento contra Reyes. Además, Fernández Camero "fue el letrado que defendió las mismas tesis que Luis Lleó, pero en nombre del Ayuntamiento de Yaiza", en el pleito contencioso que terminó con la anulación de la licencia de Costa Roja. De hecho, él mismo aportó al Juzgado el informe de Entrena Cuesta, ensalzando su figura como reconocido jurista, reproduciendo parte de su informe y asumiendo íntegramente su contenido.
Sin embargo, todas esas pruebas -que también reflejaban la relación de Lleó con dos magistrados que en esas fechas formaban parte del Tribunal Constitucional, y que según la UCO le asesoraban para evadir impuestos- tuvieron que dejarse fuera del procedimiento pocos meses después de haberlas iincorporado, cuando Lleó consiguió que por un defecto formal se anulara el registro de su vivienda en el caso Unión. Y aunque eso no evitó su condena por un delito de cohecho en Unión, donde terminó confesando ante la contundencia del resto de pruebas, en esta otra causa sí llevó de nuevo a su desimputación, y también a la de Camero y Entrena Cuesta. Lo que se hizo entonces por parte de la que era magistrada del Juzgado fue abrir una pieza separada, en base al expediente que ya se había solicitado al Consistorio sobre el pago de ese dictamen. Esa pieza se tuvo que enviar a reparto para que el Juzgado al que le correspondiera abriera diligencias, pero tampoco se ha vuelto a saber nada sobre su evolución.
Parálisis durante la etapa de Lis y tomos del sumario desaparecidos
Desde entonces, prácticamente no se realizaron nuevas diligencias en un procedimiento cuya instrucción ya había terminado en 2010, cuando la juez la dio por concluida e inició el trámite de procedimiento abreviado para llevar a juicio a las tres personas que finalmente se sentarán en el banquillo. Las últimas destacadas fueron éstas que tuvieron lugar en 2013, al reabrir la instrucción para incorporar las pruebas de Unión que a los pocos meses tuvieron que descartarse. Después, tras la llegada de Rafael Lis al Juzgado, la causa entró en una parálisis total, tal como señala la Fiscalía en su escrito de acusación.
Este magistrado se jubiló en marzo del año pasado y desde entonces, su sucesor ha reactivado varias causas que venían dilatándose en su Juzgado, incluida ésta de Costa Roja. Poco antes de esa jubilación, Lis llegó a ser sancionado y apartado de su cargo durante seis meses por el Consejo General del Poder Judicial, por una falta muy grave en su labor como magistrado. Concretamente, Lis siguió interviniendo en una causa en la que había sido recusado por sus vínculos con el empresario Juan Francisco Rosa, que a su vez ha compartido también intereses con Luis Lleó.
Además de mantener paralizada la causa durante años, el secretario de ese Juzgado también dejó constancia en 2016 de que habían desaparecido varios tomos del sumario, que finalmente fueron encontrados “indebidamente archivados en el Archivo Definitivo del Juzgado, en fechas no esclarecidas”.
Finalmente, tras esta tormentosa instrucción, la causa se acerca ya finalmente a la celebración del juicio, aunque solo con tres acusados en el banquillo y únicamente por delitos de prevaricación urbanística.