El Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife ha decidido suspender el juicio que debía celebrarse este miércoles contra los empresarios Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y José Cecilio Salces por un delito contra la Hacienda Pública y lo ha hecho a petición de todas las partes personadas en la causa. El motivo es que la Abogacía del Estado, que está personada en la causa como acusación particular, aún no había dado su visto bueno al acuerdo que alcanzaron los acusados con el Ministerio Fiscal.
Tal y como publicó La Voz de Lanzarote, ese acuerdo supondría la absolución de Rosa y la condena de Lasso y Salces, que están dispuestos a aceptar una pena de 6 meses de prisión, la devolución de 1,5 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria, más los correspondientes intereses, y el pago de una multa de unos 400.000 euros cada uno. Además, a esto se sumaría otra multa de unos 750.000 euros que abonaría la empresa Management Los Clicos S.L, de la que son socios los tres acusados y que evadió el pago de impuestos en la venta de un hotel en Puerto del Carmen.
Tras alcanzarse ese acuerdo, quedaba pendiente que fuera aceptado por la acusación particular, que habría pedido tiempo para analizarlo, especialmente en lo relativo a los términos económicos, antes de mostrar su conformidad. Por eso, tal y como han confirmado a La Voz desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, todas las partes pidieron la suspensión del juicio. No obstante, según ha podido saber este medio, ya se ha fijado una nueva fecha para finales de mayo.
Sus socios exculpan a Rosa
En caso de ratificarse el acuerdo, Lasso y Salces reconocerían que cometieron un delito contra la Hacienda Pública y Juan Francisco Rosa resultaría absuelto. El motivo es que sus dos socios, que son quienes figuran como administradores solidarios de la empresa, firmaron hace unas semanas un documento exculpándole, afirmando que él no conocía los detalles de la operación investigada en esta causa.
Además, los otros dos acusados deberían depositar el dinero defraudado más los intereses antes del juicio para que el acuerdo tenga validez, pudiendo aplicar así la atenuante muy cualificada de reparación del daño, para poder rebajar las penas que se solicitaban para ellos.
En el caso del Ministerio Fiscal, inicialmente pedía 5 años de cárcel y 7 millones de euros de multa para cada uno de los tres acusados, mientras que el Abogado del Estado reclamaba 4 años de cárcel y una multa de 4,6 millones de euros para cada uno, sumando en ambos casos la devolución del millón y medio de euros defraudados más los intereses. De alcanzarse un acuerdo definitivo entre todas las partes, el juicio no llegaría a celebrarse, limitándose los acusados a ratificar el acuerdo ante el Juzgado, que pasaría así a dictar una sentencia firme.
Querella de la Agencia Tributaria
Los hechos que dieron lugar a esta causa ocurrieron en el año 2010, cuando la empresa Management Los Clicos S.L., de la que son socios estos tres empresarios, vendió el hotel La Geria, ubicado en Puerto del Carmen. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la venta se realizó "por un precio total de 13.871.000 euros", pero "con claro ánimo de defraudar" a la Hacienda Pública, "omitieron deliberadamente realizar la correspondiente declaración relativa al Impuesto de Sociedades" de ese año, evitando así un pago millonario.
Dos años después, cuando Hacienda detectó el presunto fraude, los acusados realizaron "una declaración complementaria" del ejercicio 2010, reconociendo la venta y cifrando el beneficio en 6.755.663 euros. Sin embargo, tampoco entonces pagaron los correspondientes impuestos. Para evitarlo, dotaron para la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) una partida de 5.140.000 euros con cargo a ese beneficio, pese a que eran "conscientes de su improcedencia", según el fiscal Tomás Fernández de Paiz.
El principal motivo, según la Fiscalía, es que ese dinero "no procedía de actividad económica alguna", como exige la ley que regula la RIC, por lo que no podían acogerse a los beneficios de esta figura. Fue entonces cuando la Agencia Tributaria interpuso una querella contra los tres empresarios, dando así origen a esta causa.