El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Caso Stratvs por la que se absolvió al empresario Juan Francisco Rosa y al resto de acusados. Ha desestimado el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas del pasado 4 de diciembre de 2020.
Para declinar el recurso del Ministerio Fiscal, el Alto Tribunal se respalda en que los hechos probados de la sentencia no describen que las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo en la finca pudieran determinar su “categorización como edificaciones en términos urbanísticos”. Tampoco se probó que la vivienda o la bodega aumentaran de superficie ni que esta última se construyera en su totalidad bajo rasante.
El Tribunal consideró que la construcción de unos baños, pavimentación de una terraza, aplanamiento de parte del terreno para destinarlo a aparcamientos y el montaje de una cocina son "elementos accesorios" a la bodega. De este modo, no se hablaría de delitos contra la ordenación del territorio, sino "a lo sumo meras irregularidades urbanísticas".
En respuesta al recurso de casación, el Supremo insiste en que no se demostró que la rehabilitación del inmueble, “efectuada al amparo de la licencia concedida”, fuese íntegramente una nueva construcción.
Como se recordará Fiscalía pedía 15 años de prisión para el empresario, así como la demolición de las instalaciones, mientras la acusación popular ejercida por Transparencia Urbanística elevó la petición para Rosa a 21 años de cárcel. Sin embargo, la Audiencia absolvió al empresario de todos los delitos de los que se le acusaba, así como a su empresa BTL Lanzarote, propietaria de la bodega.
En concreto, en su sentencia, la sala absolvía a Juan Francisco Rosa del delito continuado de falsedad en documento público cometido por particulares, del delito de usurpación de bien inmueble, del delito contra la ordenación del territorio del delito contra el patrimonio histórico, del delito contra el medio ambiente, del delito continuado de estafa cualificada del delito de hurto, y del delito de tráfico de influencias de los que estaba acusado. En cuanto a la empresa BTL Lanzarote, salió absuelta de los delitos de usurpación, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.
El arquitecto de la bodega y dueño de una parte de los terrenos sobre los que se levantó la misma, Miguel Ángel Armas Matallana, también fue absuelto del delito continuado de falsedad en documento público cometido por particulares, del delito de usurpación de bien inmueble, del delito contra la ordenación del territorio, del delito contra el patrimonio histórico, del delito contra el medio ambiente y del delito continuado de estafa cualificada de los que se le acusó. Para él, Fiscalía solicitaba la segunda mayor pena, en concreto de 10 años de prisión.
Asimismo, la Sección Sexta de la Audiencia absolvió a los dos técnicos del Gobierno de Canarias que dieron la licencia para la construcción de Stratvs, Faustino García Márquez y Armando Villavicencio Delgado, y al entonces director general de Urbanismo, Juan César Muñoz, quienes estaban acusados de un delito de prevaricación urbanística. En este caso, Fiscalía pedía para los tres penas de de multa e inhabilitación.
De prevaricación urbanística estaban también acusados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ex concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez -que también estaba acusado de un delito contra el medio ambiente-, y el aparejador de la Oficina Técnica de Yaiza, Pablo Carrasco, que también fueron absueltos.
Asimismo, la Sección Sexta de la Audiencia absolvió al ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que estaba acusado de fraude a la administración pública en concurso con prevaricación; y al trabajador del Catastro, Blas Noda, al que se le acusó de un delito de falsedad en documento público.
El ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, que estaba acusado de prevaricación medioambiental, también ha fue absuelto.
Únicos condenados por Stratvs
Los únicos condenados por la bodega son la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, los ex concejales Juan Lorenzo Tavío, José Antonio Rodríguez, Leonardo Rodríguez, y Evaristo García y el ex alcalde José Francisco Reyes, el técnico Andrés Morales y el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes.
En el caso de Acuña, fue condenada a 14 años de inhabilitación y a abonar una multa de 10.800 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística, al haber concedido la licencia de actividad a la bodega Stratvs a sabiendas de su ilegalidad, y otro de prevaricación por omisión, por no haber adoptado medidas para el cierre de las instalaciones, que nada tenían que ver con lo que se había autorizado.