El juicio por la licencia ilegal de Costa Roja iba a celebrarse por fin este lunes, pero la vista ha tenido que suspenderse ante la ausencia de uno de los acusados, el exsecretario de Yaiza Vicente Bartolomé Fuentes. Tanto él como su abogado han alegado que se encontraban en Gran Canaria y que no han podido desplazarse a Lanzarote debido al temporal.
Aunque el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife ha analizado posibles opciones para mantener la vista, finalmente ha optado por cancelarla y fijar una nueva fecha para el 7 de febrero del próximo año 2023.
Junto a Bartolomé Fuentes, en la causa están acusados el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el que era jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo. Estos dos últimos sí habían acudido a los Juzgados, junto a varios testigos que estaban citados para la sesión, como los expresidentes del Cabildo Inés Rojas y Mario Pérez.
Los hechos ocurrieron hace más de16 años, cuando Reyes concedió una licencia al empresario Luis Lleó para construir más de 1.000 viviendas, 228 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje a la entrada de Playa Blanca.
El Ayuntamiento ni siquiera pidió informes obligados al Cabildo y al Gobierno de Canarias y ocultó esa licencia, que finalmente fue desvelada por La Voz en febrero de 2007. A partir de entonces hubo numerosas advertencias por parte de la Corporación insular, pero los tres acusados siguieron adelante con el expediente de ejecución, que también terminó siendo aprobado.
Finalmente, tras acudir el Cabildo a los tribunales, consiguió que se adoptaran medidas cautelares, que impidieron la ejecución de este macroproyecto.
Dilaciones indebidas en la instrucción
En su escrito de acusación, la Fiscalía subraya las “dilaciones extraordinarias e indebidas” que se produjeron durante la instrucción de esta causa -en el Juzgado que estaba entonces a cargo de Rafael Lis-, y las aplica como atenuante para rebajar la pena. Así, solo pide una condena de tres años y tres meses de inhabilitación para cada uno -que actualmente no tendría efectos prácticos-, así como una multa de 3.960 euros.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por Carlos Espino, eleva la petición a un año y tres meses de cárcel y siete años de inhabilitación, al considerar que no fue un único delito, sino un delito continuado. Y es que a la licencia de obra se sumó meses después el proyecto de ejecución, a pesar de las advertencias que habían recibido ya entonces.
En la causa también estuvo investigado el empresario que recibió esa licencia, Luis Lleó, aunque su imputación se terminó archivando, al no encontrar “indicios suficientes” del pago de un soborno. Sin embargo, Lleó sí fue condenado por cohecho en el caso Unión, que se inició por un intento de soborno vinculado a esta misma parcela.
Un expediente para un macroproyecto resuelto en tres meses
En su escrito de calificación, la acusación recuerda que fue el 31 de agosto de 2006 cuando Luis Lleó, en nombre de la entidad Residencial Costa Roja SL, presentó la solicitud de licencia. Solo 13 días después, el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, “con pleno conocimiento de la ilegalidad del proyecto de obra”, emitió un informe jurídico para “dar apariencia de legalidad al expediente”, “limitándose a enumerar genéricamente preceptos legales y requisitos que debieron cumplirse” y sin “hacer expresa referencia al proyecto que se informaba ni si tales requisitos legales concurrían en el mismo”.
A los dos meses emitió su informe el otro acusado, Antonio Lorenzo, como jefe de la Oficina Técnica. Y según la acusación, lo hizo con el mismo objetivo de dar “apariencia de legalidad”. En su informe, señala que se limitaba “a elucubrar sobre supuestos motivos por los que el proyecto podría tener encaje, obviando deliberadamente y de forma burda pronunciarse sobre la manifiesta ilegalidad del mismo”. Tanto Lorenzo como Bartolomé Fuentes han sido ya condenados en otras causas por un 'modus operandi' similar, que consistía en emitir informes vacíos de contenido, en los que después se basaba Reyes para otorgar las licencias.
Finalmente, a los 20 días de tener ese informe, el alcalde concedió el permiso, completando en tres meses y cinco días el expediente para autorizar la construcción de un proyecto que hubiera multiplicado la población de Playa Blanca, ya que implicaba más camas que habitantes tenía en ese momento Tinajo.
Después, pese a las advertencias del Cabildo, también siguieron adelante con el proyecto de ejecución, culminando el expediente en un solo día. El 8 de junio de 2007, Antonio Lorenzo emitió un informe técnico, Vicente Bartolomé un informe jurídico y Reyes otorgó el permiso de ejecución.