Casi 14 años después de que José Francisco Reyes concediera la licencia de Costa Roja, que autorizaba la construcción de más de mil viviendas, 228 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje a la entrada de Playa Blanca, la causa está por fin cerca de juzgarse en la vía penal, tras haberse presentado ya los escritos de acusación. Esta misma parcela fue la que después dio origen al caso Unión, cuando Luis Lleó intentó sobornar al entonces consejero y secretario insular del PSOE, Carlos Espino. Con ese soborno, el empresario intentaba desbloquear este proyecto, ya que la licencia había sido recurrida en la vía contencioso administrativa por el Cabildo y también denunciada en la vía penal por el propio Espino.
Sin embargo, mientras esa pieza de Unión ya fue juzgada y condenada hace más de un año -con la confesión de Lleó-, este procedimiento previo había pasado años paralizado en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, durante la etapa del juez Rafael Lis. Al jubilarse este magistrado -que tenía vínculos con Juan Francisco Rosa y fue sancionado por haber seguido interviniendo en un procedimiento en el que había sido recusado por ese motivo-, el juez que le reemplazó retomó ésta y otras causas que se habían dilatado durante años en su Juzgado.
Ahora, tras cerrarse por fin la instrucción, el Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercida por Carlos Espino, ya han pedido la apertura de juicio oral y han formulado acusación contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y el que era jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo.
En el caso de la Fiscalía, ha rebajado considerablemente las penas que solicita a causa de las “dilaciones extraordinarias e indebidas” que ha habido en la instrucción. Al respecto, señala que “la tramitación del procedimiento estuvo paralizada, sin que se adoptara en él ninguna resolución de carácter sustantivo, desde el 14 de marzo de 2013 hasta el 7 de noviembre de 2019”, coincidiendo con buena parte del periodo en el que Rafael Lis fue titular del Juzgado.
Debido a ese retraso, que se considera un atenuante a la hora de imponer las condenas, el Ministerio Fiscal solo pide penas de multa e inhabilitación para los tres acusados por un delito de prevaricación urbanística. En el caso de la multa, la fija en 3.960 euros para cada uno, mientras que de inhabilitación absoluta reclama tres años y tres meses. No obstante, ninguno de los tres ocupa ya los cargos que ejercían y están fuera del Consistorio, precisamente por otras condenas firmes anteriores por delitos urbanísticos.
Por su parte, la acusación popular eleva la petición a un año y tres meses de cárcel y siete años de inhabilitación, al considerar que no fue un único delito sino un delito continuado. Y es que un año después de otorgar la licencia de obra, los acusados aprobaron también el proyecto de ejecución, pese a las reiteradas advertencias que habían recibido ya entonces del Cabildo sobre su ilegalidad. En su escrito, la acusación también reconoce que se deberán aplicar como atenuante las dilaciones indebidas, atribuibles a la instrucción judicial. Así, aunque pide pena de cárcel no solicita el máximo, que en cualquier caso sería de solo dos años de prisión según establece el Código Penal para este delito.
Un expediente para un macroproyecto resuelto en tres meses
En su escrito de calificación, la acusación recuerda que fue el 31 de agosto de 2006 cuando Luis Lleó, en nombre de la entidad Residencial Costa Roja SL, presentó la solicitud de licencia para este macroproyecto que pretendía llevar a cabo a la entrada de Playa Blanca. Solo 13 días después, el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, “con pleno conocimiento de la ilegalidad del proyecto de obra”, emitió un informe jurídico en el que “de forma consciente y grosera obvia sus obligaciones y deberes” y “se limita a dar apariencia de legalidad al expediente”, “limitándose a enumerar genéricamente preceptos legales y requisitos que debieron cumplirse” y sin “hacer expresa referencia al proyecto que se informaba ni si tales requisitos legales concurrían en el mismo”.
A los dos meses emitió su informe el otro acusado, Antonio Lorenzo, como jefe de la Oficina Técnica. Y según la acusación, lo hizo “a fin de dar apariencia de legalidad a la autorización de un proyecto ilegal y contribuyendo de forma decisiva a la concesión de la licencia por el alcalde”. En ese informe, señala que se limitaba “a elucubrar sobre supuestos motivos por los que el proyecto podría tener encaje, obviando deliberadamente y de forma burda pronunciarse sobre la manifiesta ilegalidad del mismo”. Tanto Lorenzo como Bartolomé Fuentes han sido ya condenados en otras causas por un 'modus operandi' similar, que consistía en emitir informes vacíos de contenido, en los que después se basaba Reyes para otorgar las licencias.
Finalmente, a los 20 días de tener ese informe, el alcalde concedió el permiso, completando en tres meses y cinco días el expediente para autorizar la construcción de un proyecto que hubiera multiplicado la población de Playa Blanca, ya que implicaba más camas que habitantes tenía en ese momento Tinajo.
Advertencias del Cabildo y hasta un Pleno para adoptar medidas
Además, la acusación recuerda que Reyes, Bartolomé y Lorenzo obviaron un informe de Alfredo Morales Armas que calificaba ese suelo como rústico, y también “impidieron el ejercicio por el Cabildo y por el Gobierno de Canarias de sus competencias”. De hecho, no solo no pidieron los informes obligados sino que directamente ocultaron durante meses esa licencia a la Corporación insular.
Fue La Voz de Lanzarote quien la hizo pública en febrero de 2007. “El conocimiento público y la alarma social de un proyecto a todas luces sobredimensionado por parte de los acusados hizo que entre los meses de febrero y abril de 2007 el Cabildo insular de Lanzarote convocara reuniones con los representantes municipales y presentase numerosos escritos a dicha corporación municipal advirtiendo de la ilegalidad de la pretendida actuación”, recuerda la acusación.
Incluso, se celebró un Pleno en el Cabildo para informar de las medidas que se iban a adoptar, y la entonces presidenta, Inés Rojas, remitió al Ayuntamiento el acta de ese Pleno, “insistiendo en la ilegalidad que se cometía y advirtiendo del inicio de acciones legales con el fin de preservar la legalidad”.
Sin embargo, los acusados no solo hicieron “caso omiso” de las advertencias, sino que comenzaron después a tramitar el expediente de ejecución. Y en este caso, lo resolvieron todo el mismo día. El 8 de junio de 2007, Antonio Lorenzo emitió un informe técnico, Vicente Bartolomé un informe jurídico y Reyes otorgó la licencia.
La Corporación insular recurrió entonces este permiso en la vía contencioso administrativa, consiguiendo medidas cautelares que permitieron que el proyecto no llegara a ejecutarse, aunque finalmente no emprendió acciones penales. Quien sí lo hizo fue el entonces consejero Carlos Espino, con una querella que es la que dio lugar a esta causa, y la que ahora volverá a sentar en el banquillo al ex alcalde y a dos de los técnicos que ya han sido condenados junto a él en otros procedimientos.
En el caso de Reyes y Bartolomé Fuentes, incluso llegaron a confesar en el caso Yate que habían otorgado licencias a sabiendas de su ilegalidad, y el ex alcalde también reconoció que lo había hecho a cambio de sobornos de distintos empresarios. En cuanto esta causa, inicialmente se investigó también un delito de cohecho y estuvo imputado el propio Lleó, pero finalmente se archivaron los cargos al no haber encontrado “indicios suficientes” del pago de un soborno a cambio de la concesión de esa macrolicencia ilegal.