El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha perdido la última batalla que inició contra el Ayuntamiento de Haría, y que mantuvo abierta incluso después de firmar el convenio de la Cueva de los Verdes. Este segundo pleito -que ya había perdido en primera instancia- se centraba en los acuerdos plenarios por los que San Ginés incluyó la Cueva de Los Verdes y Los Jameos del Agua en el inventario de bienes del Cabildo en el año 2013, cuando ya se había iniciado el conflicto principal y el Consistorio norteño exigió la devolución de la Cueva. Ahora, en una sentencia fechada el pasado 27 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la nulidad de esos acuerdos y ha confirmado que ambos centros turísticos son propiedad del Ayuntamiento, condenando además a la Corporación insular a pagar las costas generadas.
La nueva sentencia rechaza así el recurso presentado por el Cabildo contra el fallo de primera instancia, que fue dictado en mayo de 2017 y ya dio la razón al Ayuntamiento. Tras conocerse aquella sentencia, San Ginés afirmó que "no tendría ninguna consecuencia añadida" y que ya no había "conflicto", remitiéndose para ello al acuerdo extrajudicial que acababan de firmar ambas instituciones para intentar poner fin al otro pleito, en el que el Cabildo fue condenado a abandonar la Cueva y a pagar una indemnización millonaria al Consistorio. Sin embargo, a pesar de esas declaraciones y de ese convenio, lo cierto es que el presidente decidió recurrir esa sentencia y siguió defendiendo en los tribunales que la Cueva y Jameos eran "propiedad" de la primera institución.
Incluso, en ese recurso no solo reclamaba la titularidad de las obras realizadas en su día por el Cabildo, sino también del suelo, defendiendo que está catalogado como sistema general en el Plan Insular y que la ley territorial de Canarias sostiene que "los sistemas generales se adquieren por ocupación". Sin embargo, tanto la sentencia de primera instancia como ahora el TSJC tiran por tierra este argumento.
El Cabildo no aportó "ningún elemento probatorio"
"El hecho de que tales bienes aparezcan en el PIOT de Lanzarote de 1991 como sistemas generales no implica, sin más, que sean de su propiedad", señala el nuevo fallo, que subraya que el Cabildo no ha aportado "ningún elemento probatorio" que permita concluir que esos centros le pertenecen. En cuanto a la alegación de que han pasado a ser suyos "por ocupación", la sentencia recuerda que "el Cabildo ha venido realizando la explotación de tales bienes a lo largo de todos estos años a cambio de una contraprestación a favor del Ayuntamiento de Haría, precisamente porque el propio Cabildo ha venido reconociendo en todo este espacio de tiempo que dichos bienes pertenecen a dicho municipio". Además, al respecto cita incluso la sentencia que ya es firme de la Cueva de Los Verdes, que precisamente condenó al Cabildo a devolver este centro al Consistorio y a abonarle una indemnización que alcanzaría ya los 20 millones de euros.
En cuanto a las obras realizadas por el Cabildo tanto en los Jameos del Agua como en la Cueva de Los Verdes, sobre las que también reclamaba la titularidad, el TSJC vuelve a rechazar los argumentos del recurso y concluye que "no se aprecia error alguno en la sentencia apelada". "No puede hablarse de un derecho de propiedad sobre unas construcciones independiente del derecho de propiedad del suelo en el que las mismas se asientan", señalaba ese fallo, que subrayaba que es "un principio básico del derecho civil que lo edificado en predios ajenos pertenece al dueño de los mismos".
Además, el TSJC también desestima su pretensión de recibir una "indemnización" por esas obras" y señala que la solicitud del Cabildo al respecto incurre "en evidente desviación procesal".
María Eugenia Torres e Ignacio Calatayud y sus polémicos informes
La defensa del Cabildo al inicio de este pleito fue asignada al abogado externo Ignacio Catalatayud, que es amigo personal de San Ginés y fue también quien perdió el pleito principal de la Cueva de Los Verdes, pero este recurso de apelación se delegó en una letrada de la Asesoría Jurídica de la propia Corporación, María Eugenia Torres Fuentes, que en los últimos años ha sido cuestionada por la oposición por emitir controvertidos informes avalando las tesis de Pedro San Ginés. El último fue una certificación que suscribió en plena campaña electoral a petición de San Ginés sobre la supuesta participación de la candidata del PSOE y presidenta electa del Cabildo, María Dolores Corujo, en el proceso de adjudicación del ciclo del agua a Canal Gestión.
La misma jurista fue la que, según San Ginés, le asesoró "de cuerpo presente" sobre los aspectos que podían ser susceptibles de negociación en ese proceso para adjudicar el agua, que la Justicia ha ordenado revisar en una sentencia que ya es firme. Precisamente esa sentencia señala que se introdujeron "sorprendentes alteraciones" en los pliegos que no están permitidas por la ley y que fueron "en beneficio" de Canal, viendo así indicios de nulidad en la adjudicación. Tras la declaración de San Ginés apuntando que fue María Eugenia Torres quien les asesoró sobre lo que podía negociarse, la oposición pidió que esta jurista declarara en la comisión de investigación creada para esclarecer lo ocurrido con ese contrato, pero ésta se negó a comparacer.
María Eugenia Torres, que también actúa como jefa de Contratación, fue también la empleada del Cabildo que emitió un informe en el año 2014 considerando legales todos los contratos de la Corporación con la empresa "Fitonovo", por los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recientemente ha solicitado cuatro años de prisión para el anterior consejero del área, Sergio Machín, por el presunto cobro de sobornos por esas adjudicaciones.
Cabe recordar que el presidente en funciones, Pedro San Ginés, también se ha negado a informar a la oposición de las retribuciones que ha percibido María Eugenia Torres durante los últimos años, así como los informes en que la misma se ha limitado a "ratificar" o "asumir" dictámenes emitidos por letrados externos, como Ignacio Calatayud, rechazando incluso la solicitud que le formuló por escrito el Grupo Podemos, escudándose en la normativa sobre protección de datos para seguir ocultando los conceptos e importes abonados a dicha letrada y los trabajos a que se refieren.