Fotos:Sergio Betancort
El juicio principal del caso Stratvs ha arrancado este martes con una primera jornada en la que las defensas ya han mostrado cuál será su principal estrategia, que pasa por alegar que los delitos que se juzgan en esta causa ya habrían prescrito. Esto es lo que han sostenido el abogado de Juan Francisco Rosa y de otros acusados al plantear las cuestiones previas al juicio, que han sido rebatidas tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación popular, y que también fueron descartadas en su día por la juez instructora.
La prescripción de un delito viene asociada a la pena que puede llevar aparejada, que es la que marca el tiempo que puede transcurrir desde su comisión y hasta la fecha en la que se abren diligencias penales contra el autor. Así, tanto la defensa de Rosa como la de otros acusados han comenzado rebatiendo la propia calificación de los hechos, para sostener que el plazo de prescripción sería inferior y por tanto se habría cumplido cuando se inició esta causa.
Esto les ha llevado a negar incluso que La Geria sea un espacio protegido, para intentar reducir la gravedad del delito contra el territorio. Y no solo lo ha hecho el abogado de Juan Francisco Rosa, sino también la jefa de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, Ana María Quintana, que en este juicio representa como abogada al ex director general de Urbanismo de Canarias, Juan César Muñoz Sosa, y a los técnicos Armando Villavicencio y Faustino García Márquez.
La protección "ha devenido ineficaz" según la abogada
En su primera intervención en el juicio, la letrada de estos tres acusados ha sostenido que la declaración de La Geria como parque natural protegido "ha devenido ineficaz" porque en su día no se llegó a desarrollar el plan que exige la ley para su protección, y que por tanto no estaba vigente cuando sus defendidos intervinieron en la concesión de la primera licencia de obra a Stratvs en 1999.
"La Geria sigue teniendo especial protección del suelo", ha respondido a continuación la fiscal, recordando las leyes que protegen este espacio, aunque la administración no cumpliera en su día con la normativa para regular esa protección. A esto, la abogada de la acusación popular ha añadido que no solo es un espacio natural protegido, sino que también es una zona de protección de aves, por lo que también está protegido como zona ZEPA por la Unión Europea.
"Lo confirmarán los peritos", ha agregado por su parte la representante de la Fiscalía, en referencia a los expertos que están citados a declarar en este juicio, que está previsto que se extienda durante 25 jornadas y que continuará este miércoles, ya con la declaración de los acusados.
Y es que tras escuchar a las partes, los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que conforman la Sala han acordado continuar con la vista, aceptando nuevas pruebas y documentos aportados en esta primera jornada por las defensas y por la acusación popular, y señalando que los alegatos sobre la supuesta prescripción de los delitos se resolverán ya en la sentencia.
Discrepancia de fechas entre los acusados
En lo que respecta a los tres acusados del Gobierno de Canarias, su abogada ha sostenido que su imputación se produjo "14 años después de su intervención" en el expediente de Stratvs y que por tanto en ese momento ya había prescrito el posible delito. Y lo mismo ha alegado la defensa del arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, que ha asegurado que su intervención ?tanto en lo relativo a la dirección de la obra como en su papel como propietario de una parte de esos terrenos, por lo que está acusado de falsedad documental y usurpación- terminó en 2006.
Sin embargo, la fiscal ha recordado que la acusación se ha formulado por delitos "en concurso", que hay "una continuidad delictiva" y que "tal como están calificados los hechos", la prescripción se cumpliría a los 15 años. Además, ha subrayado la contradicción en las fechas aportadas por los propios acusados, ya que la defensa de Juan Francisco Rosa ha reconocido que la bodega se terminó e inauguró en 2008 y no en 2006, como ha sostenido Armas Matallana, que en 2013 ya había sido citado como imputado.
Por su parte, la defensa de Rosa ha tenido que ir más allá para alegar esas supuestas prescripciones. Respecto al delito contra el territorio, se ha "adherido" a las cuestiones previas planteadas por la abogada del Gobierno de Canarias, señalando que si la consideración de La Geria como espacio natural protegido "se cae", el plazo de prescripción es de cinco años, por lo que según él se habría cumplido. Sin embargo, según ha subrayado la Fiscalía, las obras continuaron incluso más allá de 2008, ya que en 2011 se compró otra finca contigua y realizaron nuevos trabajos.
Al respecto, el abogado de Rosa ya ha adelantado que dedicará parte de sus esfuerzos en el juicio a demostrar que las obras terminaron en 2008. Y también a cuestionar la primera citación que se cursó a Rosa en esta causa, cuando no habían pasado ni esos cinco años que él mismo fija como plazo de prescripción. Sobre esa citación, ha defendido que no tiene validez porque después se suspendió la declaración por decisión del Juzgado, que había recibido nueva documentación sobre la causa y decidió examinarla antes de realizar esos interrogatorios.
La defensa de Rosa niega que el delito de falsedad fuera "continuado"
En cuanto a otros delitos por los que está acusado, como el de falsedad documental, ha defendido que no pueden tratarse como un delito continuado. En concreto, se ha referido a la alteración de la escritura, que situaba la bodega en otra finca distinta a la que se ubica realmente (el suelo donde se construyó ni siquiera pertenecía a Rosa, que lo adquirió poco antes de la celebración del juicio, consiguiendo que los legítimos propietarios se retiraran de la causa, en la que estaban personados como acusación particular).
"Esa escritura fue utilizada para actos diversos, pero es el mismo documento y por tanto un único delito. No se puede utilizar el mismo documento para sostener que hubo una falsedad documental en el tiempo", ha sostenido el abogado de Rosa. Así, aunque ha reconocido que esa misma escritura se usó para distintos trámites, incluyendo la solicitud de permisos y la petición de créditos, ha defendido que debe tratarse como un delito aislado y no como un delito continuado, lo que acortaría el plazo de prescripción.
Por su parte, la fiscal ha insistido en que sí hubo una "continuidad delictiva", que comenzó cuando "se declaró en escritura pública que las obras están en una finca en la que no están" y que se mantuvo después, cuando se hicieron "posteriores inscripciones" con una "sucesión de incorporaciones en el Registro".
Además, a esto se suma que uno de los principales delitos por los que está acusado Rosa, el delito contra el medio ambiente por los vertidos contaminantes, no cesó hasta que la propia juez instructora ordenó precintar la bodega en diciembre de 2013. Así lo ha recordado la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, que también ha subrayado que el delito contra el territorio continuó hasta 2012, cuando ha afirmado que se terminó de construir la terraza grill del restaurante.
Transparencia Urbanística, legitimada para acusar
Durante la primera jornada en la que solo se han resuelto las cuestiones previas, la abogada de los tres acusados del Gobierno de Canarias también ha cuestionado la legitimidad de Transparencia Urbanística para formular acusación en solitario contra el ex director general de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa, para quien la Fiscalía terminó pidiendo el sobreseimiento tras cerrarse la instrucción.
Al respecto, la propia fiscal se ha opuesto al planteamiento de la defensa, señalando es "una manifestación totalmente extemporánea" que debió formular antes. Además, ha subrayado que aunque el Ministerio Fiscal no ha dirigido finalmente acusación contra Muñoz Sosa, se trata de un delito público, por lo que sí puede actuar la acusación popular.
En la misma línea se ha pronunciado la abogada de Transparencia Urbanística, que ha destacado que la "doctrina Botín ya está superada" y que la acción popular está legitimada cuando se trata de defender "el interés general, el interés público", en este caso al tratarse de delitos contra el territorio y el medio ambiente. Además, ha recordado que Muñoz Sosa estuvo imputado durante toda la instrucción y que en el último auto antes de la apertura de juicio oral, la jueza instructora le siguió señalando entre los investigados.
Del mismo modo, ha defendido el papel jugado por Transparencia Urbanística, que lleva "15 años interviniendo en causas de corrupción como coadyuvantes del Ministerio Fiscal" y sin "intenciones maliciosas", y lo ha contrapuesto a lo ocurrido con otros supuestos colectivos que se han personado en causas de corrupción en Lanzarote, como Jacón y la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, que han sido comparados por la Fiscalía con "un caballo de Troya con intereses bastardos".
Finalmente, la Sala de la Audiencia ha concluido que efectivamente esta asociación está legitimada para acusar en solitario, dado que "son delitos que afectan a la colectividad y la ley lo permite para estos casos". Así, ha rechazado tanto los alegatos de la defensa de Juan César Muñoz como del técnico de Yaiza Pablo Carrasco. En su caso, la Fiscalía le imputa un delito por su intervención en la concesión de la licencia a Stratvs, pero la acusación popular suma otro de malversación de caudales y fraude, por haber permitido que Rosa pagara menos tributos de los que correspondían por ese permiso.