El empresario Juan Francisco Rosa llegó a asegurar en los Juzgados que hizo el Kikoland “en especial para los niños del municipio, que fue el acuerdo con el Ayuntamiento”. Sin embargo, en la misma caótica declaración, también reconoció sin tapujos que “aquello estaba hecho para los clientes del hotel Princesa Yaiza”.
“A nosotros no nos interesaba que viniera gente de la calle, porque aquello se hizo exclusivamente para el Princesa Yaiza. Para sus niños del Princesa y para los adultos”, admitió en un momento de su declaración. En otros, al intentar justificar la ocupación de esta zona verde pública con una instalación privada, se refirió al Kikoland casi como una especie de ONG, en la que dejaba entrar a “los niños del municipio” y hasta los “alimentaba”.
“El Ayuntamiento me da el derecho de uso de una edificabilidad que hago yo, que se llama Kikoland, de darle a los niños, no voy a decir la alimentación, porque suena feo eso... De cuidar a los niños durante tres meses, a cambio de una concesión, como la concesión que le hace Madrid al metro debajo de la tierra”, sostuvo para explicar esa cesión gratuita de suelo público frente al mar que recibió durante 50 años, prorrogables por otros 50.
Según Rosa, “durante 14 años se le han dejado al Consistorio las instalaciones totalmente gratis en el verano para los niños del municipio”, y aseguró que iban entre “300 y 400”. “Se les daba el desayuno y la comida”, añadió, como si se tratara de una especie de comedor social. En realidad, el Consistorio organiza desde hace años actividades deportivas y de ocio para niños y jóvenes durante el verano en distintas instalaciones, incluyendo no solo el Kikoland, sino también las piscinas y canchas de otros hoteles y clubes privados del municipio.
“Un año dijeron que no los podía mandar, porque había una denuncia creo que por parte de los señores de Podemos. Dijeron que desgraciadamente no podían ya ir los niños a hacer sus vacaciones de verano en el Kikoland”, añadió Rosa en su declaración, en referencia a la querella que presentaron los entonces consejeros de la formación morada, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez, que están personados en la causa como acusación popular.
No obstante, antes de esa denuncia en la vía penal, el Ayuntamiento ya había anulado el convenio por el que se cedió ese suelo público, tras un demoledor informe del Consejo Consultivo, que concluía que el acuerdo fue ilegal. Y lo mismo concluyeron después el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que rechazaron los recursos presentados por Rosa, aunque a día de hoy sigue sin desalojar las instalaciones.
“Cobro” pero “en el fondo no es cobro”
La abogada de la acusación comenzó preguntando al empresario por los beneficios que ha recibido gracias a la explotación de ese suelo, que funciona como servicio anexo a su hotel, aunque también se puede acceder pagando una tarifa. Sin embargo, Rosa empezó asegurando que no se cobraba a los usuarios.
“Cobro a través de los niños del Princesa Yaiza que lo usan, y en el fondo no es cobro. No se cobra un euro ahí”, aseguró. No obstante, al ser preguntado expresamente por ello, no negó que también se ofrecían campamentos de verano por semanas, que eran de pago.
“¿Cómo ponían las tarifas, por una semana, por dos semanas?”, insistió la letrada. “Sinceramente no lo sé ahora mismo. Soy administrador, pero hasta ese punto no me ocupo de cosas de esas pequeñitas”, respondió entonces el empresario.
La realidad, según puede comprobarse en su página web y en las propias instalaciones (ahora cerradas por la crisis sanitaria), es que en el Kikoland se podía contratar desde el alquiler de pistas deportivas, hasta la celebración de cumpleaños infantiles, campamentos de verano o entradas por días sueltos. Aunque según él no querían “que fuera gente de la calle”, las opciones eran muchas si se pagaba por el acceso.
“Me imagino”, “creo no”, “seguro”
La parcela en la que se levantó el Kikoland era una zona verde que pertenecía al municipio, pero Rosa sostuvo en su declaración que el dueño del suelo era él, porque había adquirido 260.000 metros cuadrados correspondientes a viales y zonas verdes en una “kafkiana” operación. Según el empresario, por eso el Ayuntamiento accedió a firmar el convenio de cesión.
Sobre ese convenio, Rosa empezó diciendo que quien lo “redactó” fue “el notario”. Ante la sorpresa de la abogada de la acusación, Nora Ferrer, que le preguntó si el convenio que aprobó Yaiza en Pleno en 2004 “lo redactó un notario”, el empresario fue corrigiendo su respuesta. “Lo redactó el notario no. El notario... más tarde fuimos ya con el convenio redactado. Yo me imagino que parte de ese convenio lo habrán hecho también... Creo no, lo hicieron los técnicos del Ayuntamiento en aquel momento. Seguro, vamos. No se va a hacer nada que el Ayuntamiento no sea quien haga la documentación”, terminó afirmando.
No obstante, no supo precisar qué técnicos intervinieron. “Lo desconozco. Sé que actuaban arquitectos, actuaban los propios concejales... Lo desconozco exactamente. A mí me llamaron para firmar que ya estaba preparado, me pareció bueno el convenio para ambas partes y lo firmé yo”.
“¿Pero con quién hablaba usted del Ayuntamiento?”, insistió la abogada. “Casi que no hablaba, casi mandaba a la gente nuestra a hablar. Yo creo que he estado en el Ayuntamiento de Yaiza once veces en mi vida. No, no me acuerdo si yo fui a este tema”, respondió Rosa, que tampoco “recordaba” a quién envió a hablar en su nombre.
Respecto a si después pidió licencia para hacer las obras del Kikoland, aseguró que sí - “claro, claro, es una obra que está a la vista” -, pero no aportó la copia del permiso. Además, tampoco supo precisar cuánto supuso esa inversión, afirmando que fue “una obra conjunta” con el hotel, que en realidad se terminó antes.
“Conteste solo lo que se le pregunte”
El interrogatorio a Rosa, que se extendió durante unos 45 minutos, estuvo marcado por frases contradictorias entre sí y por la dificultad para que concretara sus respuestas. Como ejemplo, nada más empezar, la abogada de la acusación le preguntó si era empresario y respondió: “Sí. Bueno, creo que sí”. A continuación, no supo decir cuántas empresas tiene. “Varias. No las sé exactas”, afirmó Juan Francisco Rosa.
Lo que si reconoció es que en los más de 16 años que lleva haciendo uso de suelo público con el Kikoland, no ha pagado ningún tipo de canon al Ayuntamiento. Ahí inició su explicación de por qué entendía que tenía derecho a ese acuerdo, y a lo mismo se siguió remitiendo cada vez que la letrada de la acusación le hacía una pregunta.
“Yo lo que necesito es que conteste a mis preguntas”, le tuvo que advertir más de una vez la abogada, en un mensaje al que se sumó también el juez, que tuvo que intervenir en distintas ocasiones. “Conteste solo lo que se le pregunte”, apuntó en uno de los momentos el magistrado. “Dé respuestas sencillas, concretas. No se explique tanto”, le volvió a pedir después.
Sin embargo, Rosa insistió una y otra vez en remitirse a muchos años antes de que se firmara ese convenio, cuando se empezó a desarrollar el Plan Parcial Costa Papagayo y afirma que el Ayuntamiento no registró debidamente el suelo público que le correspondía para viales y zonas verdes, que después terminó en sus manos.
“Es una concesión con derecho de uso. Y cuando se termine mi derecho de uso, yo le entrego al Ayuntamiento una inversión hecha, unas instalaciones bien terminaditas, bien cuidadas, como está el aquapark que existe en Playa Blanca, exactamente igual. Y como están siete zonas más en ese Plan Parcial y en ésas el Ayuntamiento no recibió nada y de mí recibió 260.000 metros cuadrados”, aseguró. Sin embargo, lo cierto es que el Consejo Consultivo de Canarias ya concluyó que “lo único que podía haber convenido con el Ayuntamiento era la formalización documental de las cesiones obligatorias” de todos esos metros, incluyendo de la parte ocupada con el Kikoland.
Sin embargo, Rosa defendió incluso que “gracias a que le entregó al Ayuntamiento estas zonas, buenas o malas, el Ayuntamiento con su dinero construyó lo que llaman Parque de las Naciones. Invirtió ahí el Ayuntamiento tres millones y medio de euros. Gracias a una zona verde pública que le entregué yo, 260.000 metros, hizo esas instalaciones”.
Además, defendió que el Consistorio dejara suelo público a empresarios. “¿Sabe qué, señorita?”, preguntó dirigiéndose a la letrada de la acusación. “Era la única forma de que las zonas verdes se cuidaran. Eso es normal, eso se hace en Madrid, en Barcelona y en Tenerife”. Sin embargo, una sentencia del Juzgado y otra del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han confirmado que esa cesión fue ilegal, porque el suelo pertenecía al Ayuntamiento y no puede entregar un terreno público sin establecer un canon y sin convocar un concurso, que sería obligado para garantizar la libre concurrencia, en caso de que se fuera a permitir su uso privado.
Repitió la operación en otros terrenos que compró después
En la causa se investiga también un segundo convenio, con el que Rosa repitió la misma operación, pero para poner el suelo en manos de otro empresario. Según su relato, una de sus empresas, Salmepa, había comprado otros 500.000 metros de suelo en la zona norte de ese plan parcial, y se encargó de hacer la urbanización y de vender parcelas. Ahí, afirma que uno de los compradores le dijo: “Me gustaría llegar a un convenio como tú has hecho en el Kikoland”.
“Yo le digo, sin problema ninguno. Pero eso quien te lo tiene que autorizar es el Ayuntamiento”, relató Juan Francisco Rosa. “¿Qué podemos hacer? Pues nada, yo cedo la zona y al mismo tiempo yo no tengo inconveniente en que haga usted convenio con el Ayuntamiento, igual que el mío o mejor”, añadió, confirmando que ambos actos se firmaron a la vez ante notario.
No obstante, no aclaró cómo y en base a qué se hizo esa cesión. Previamente había asegurado que antes de empezar a urbanizar esa nueva zona, entregó al Ayuntamiento el suelo que le correspondía para zonas verdes y viales, como era su obligación. Sin embargo, lo cierto es que una parte volvió a quedar en manos privadas tras la intervención de Rosa, y de nuevo sin establecer ningún tipo de canon.