El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha pedido la "suspensión excepcional" de la pena de seis años de prisión que se le impuso en el caso Yate, alegando problemas de salud. Además, sostiene que no hay riesgo de que vuelva a cometer los delitos que confesó en esta causa, en la que reconoció haber recibido sobornos durante años de distintos empresarios a cambio de otorgar decenas de licencias ilegales en Playa Blanca.
"Es evidente que la peligrosidad de mi representado es nula en este sentido, pues su abandono de cualquier actividad política junto a las circunstancias personales y físicas, hacen presumir con total probabilidad la misma", sostiene el escrito presentado por su defensa ante la Audiencia Provincial, que ha ordenado ya la ejecución de la sentencia.
Aunque la pena supera con creces el límite de dos años de cárcel que permite suspender la entrada en la cárcel, Reyes pretende acogerse a una suspensión "excepcional" y para ello ha aportado informes médicos, que refieren patologías que comenzó a sufrir hace casi 40 años.
Tres informes, dos de ellos de 2010
El último informe fue emitido en el Centro de Salud de Yaiza a petición de Reyes y está fechado el pasado 16 de octubre. En él, se apunta el posible diagnóstico de una enfermedad que afecta a las venas y las arterias de brazos y piernas, detallándose además un largo historial médico con síntomas que arrastra desde hace años. De hecho, el otro informe que ha aportado es del año 2010, del Hospital Negrín, y señala que comenzó con síntomas en 1979.
Además, ha presentado también un certificado de hace ocho años, del examen psicotécnico al que se sometió para renovar el carnet de conducir. "En el momento actual no reúne las condiciones requeridas para la renovación del permiso de conducción", señala ese informe de 2010.
Cabe recordar que Reyes ya ha estado en la cárcel en dos ocasiones, la primera en prisión provisional dentro de esta causa, y la segunda cumpliendo la primera condena firme del caso Unión, en la que también confesó haber prevaricado al otorgar una licencia ilegal al primo político del Rey, Carlos Morales.
"La incidencia social es prácticamente nula", según la defensa
En su escrito, fechado el pasado 5 de octubre, el abogado de José Francisco Reyes, Pablo Luna, señala también que los hechos enjuiciados en esta causa "ocurrieron en el periodo comprendido entre los años 1998 y 2003, habiendo transcurrido 14 años desde su comisión", por lo que sostiene que "la incidencia social es prácticamente nula".
Cabe recordar que las consecuencias de la actividad delictiva de Reyes aún persisten en Playa Blanca, donde continúan en pie y pendientes de legalización o derribo los hoteles ilegales que autorizó, y donde también acaba de ser anulada la licencia del puerto deportivo Marina Rubicón, precisamente con esta sentencia del caso Yate, que considera acreditado que el ex alcalde fue sobornado para que otorgara ese permiso.
"En el momento de los hechos carecía de antecedentes penales", agrega la defensa de Reyes para intentar evitar su ingreso en prisión. Además, apela también a la confesión que realizó dentro de esta causa, justo antes del juicio, y que ya sirvió para rebajar la condena, aplicando la atenuante de "confesión tardía".
"Grave situación de penuria económica"
"No solo ha llevado a cabo la confesión de los hechos, sino que ha realizado un gran esfuerzo económico para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias, tanto de pago de responsabilidad civil como abono de multas, esfuerzo que ha llevado a situarlo en una grave situación de penuria económica, tanto personal como familiar", sostiene el abogado de Reyes, en referencia a los 300.000 euros que depositó antes del juicio. Lo que no consta es cómo logró reunir esa suma, considerando que tras su detención fueron embargados la mayor parte de los bienes que adquirió siendo alcalde de Yaiza.
"Tiene una hija a su cargo, su esposa se encuentra en el paro y padece una lesión en la extremidad superior y una grave enfermedad vascular que le impide el acceso al mundo laboral", añade también el escrito de su defensa. Además, insiste en que "el abandono desde hace años de toda actividad política y las penas impuestas de inhabilitación impiden cualquier posibilidad de reincidencia, por lo que es razonable esperar que la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos".
Pese a este escrito, la Audiencia ya ordenó el pasado 22 de marzo el ingreso en prisión de Reyes, aunque paralelamente ha pedido al Ministerio Fiscal y a la acusación particular que emitan informes pronunciándose sobre esta solicitud, antes de darle respuesta.