“Para mí hizo un buen trabajo”. “Fue un dinero bien utilizado, y lo sigo pensando”. Así ha defendido este miércoles el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, los pagos que autorizó al abogado Felipe Fernández Camero, que ascendieron a casi un millón de euros sin que existieran expedientes de contratación, ni presupuestos previos, ni informes acreditando después la prestación del servicio.
“Por supuesto sabía que el trabajo se había hecho”, ha respondido a su abogado, cuando éste le ha preguntado por las órdenes de pago que firmaba. Para hacerlo, el único documento con el que contaba el entonces alcalde eran las facturas que había presentado el propio Camero, que en algunos casos ascendían a cerca de 100.000 euros cada una (16 millones de pesetas de las de entonces).
Reyes ha sido el primer acusado en declarar durante el juicio por el presunto expolio de fondos públicos de Yaiza con esos pagos, aunque se ha negado a responder a la abogada de la acusación popular y también a la Fiscalía, que está representada en la vista por dos fiscales. Éstos han querido dejar constancia de las preguntas que tenían intención de formular, entregándoselas por escrito a la Sala.
Respecto a las defensas, todas han renunciado a interrogar a Reyes, que solo ha respondido así a su propio letrado, Pablo Luna, un abogado experto en causas de corrupción que intervino entre otros en el caso Malaya.
De 50.000 pesetas mensuales a 46 millones en un mes
Durante el interrogatorio a su cliente, el letrado ha hecho referencia a un acuerdo plenario de hace 42 años, mucho antes de que se iniciara el mandato de Reyes, al que se vienen remitiendo las defensas desde el inicio del juicio, para sostener que la contratación de Camero se remontaba a muchos años atrás.
En ese Pleno de Yaiza de 1980, bajo la Alcaldía de Honorio García Bravo, sostienen que se acordó contratar a Felipe Fernández Camero como asesor del Ayuntamiento en materia jurídica. El importe que se acordó, según las propias defensas, era de “50.000 pesetas mensuales” (unos 300 euros).
Apelando a ese acuerdo, Reyes ha defendido que él “no intervino en la contratación” y que este letrado, junto a otros tres que trabajaban entonces para el Ayuntamiento, ya venía prestando previamente sus servicios cuando él accedió a la Alcaldía en 1996.
Sin embargo -incluso aunque se diera por bueno ese acuerdo como una contratación indefinida durante décadas, cosa que han rebatido los peritos-, no ha explicado cómo se pasó de esas 50.000 pesetas mensuales a realizar pagos millonarios cada mes a este letrado bajo su mandato. Solo en diciembre de 2015, Reyes autorizó el abono de tres facturas a Camero de entre 82.000 y 98.000 euros cada una (equivalente en total a unos 46 millones de pesetas en un mes).
Además, al no admitir preguntas de la Fiscalía, tampoco ha aclarado por qué Camero cobraba mensualmente por asesoramiento al Consistorio, y luego facturaba al margen la representación en pleitos, ni cómo se le adjudicaban esos servicios, ni quién supervisaba las tarifas.
“Cuando me pasaban las facturas, las firmaba y punto”, ha respondido Reyes, cuando su abogado le ha preguntado si recibía “alguna prebenda” de Camero o si él se quedaba con una parte del pago de esas sumas.
Sábados en el Ayuntamiento
El resto del breve interrogatorio de su letrado se ha centrado en si recibió alguna advertencia de que “debía modificar esa contratación” a Felipe Fernández Camero, a lo que ha respondido repetidamente que no.
“Ningún concejal de la oposición dijo nunca nada. Les parecía bien. Ellos también le consultaban alguna cosa”, ha llegado a asegurar.
Respecto a los pleitos en los que intervino Camero, no ha sabido precisarlo. “Cien o más”, ha añadido. No obstante, sí ha querido mencionar uno en concreto, según él “con un banco” que “reclamaba más de mil millones de pesetas”. Tanto él como su letrado han ido después aumentando esa cifra, concluyendo que el Ayuntamiento “se ahorró más de 2.000 millones de pesetas” con ese caso.
“Si esos pleitos que él llevó los hubiera llevado otro, estoy seguro de que hubiera costado el doble”, ha asegurado Reyes. “¿Por algunos no cobró?”, le ha preguntado su abogado. “No me extrañaría, porque nunca reclamó al Ayuntamiento que pagara. En ése estuvo hasta años sin cobrar”, ha respondido. “Por lo menos un año sin cobrar nada”, ha añadido justo a continuación.
Además, ha insistido en que antes del año 83, cuando él se incorporó como concejal al Ayuntamiento, Fernández Camero ya era asesor y ha afirmado que iba al Consistorio “casi todos los sábados”. Cabe recordar que Camero era también secretario del Ayuntamiento de Arrecife, por lo que la acusación y los peritos oficiales sostienen que también había una incompatibilidad para su contratación.
De su puesto en Arrecife terminó siendo apartado por Función Pública, que lo sancionó por una falta grave y otra muy grave, al haber ostentado cargos en dos empresas mientras ejercía como secretario.
Vuelta a un abogado de pago
En sus primeras causas penales, José Francisco Reyes también tenía como abogado personal al propio Camero, hasta que terminaron imputados juntos en el caso Yate. En ese procedimiento, se señalaba al abogado como el inductor de la conducta delictiva de Reyes. Después, al no poder probar ese asesoramiento, se abrió esta nueva pieza acusándolos a ambos de malversación, por el dinero que recibía del Ayuntamiento sin que se encontrara rastro de su labor de asesor.
Tras su arresto durante la instrucción de Yate, el ex alcalde confesó el cobro de sobornos a cambio de la concesión de licencias ilegales, e incluso dio varios nombres, aunque después se retractó de esa primera confesión. Justo en ese momento, en el año 2009, empezó a ejercer por primera vez como su abogado Pablo Luna, que fue quien presentó ese escrito de Reyes retractándose.
Posteriormente, tanto en Yate como en otros juicios a los que se ha enfrentado, y a los que acudió con abogados de oficio, José Francisco Reyes terminó aceptando acuerdos de conformidad y confesando. Sin embargo, al volver a verse involucrado en otras causas junto a investigados como Camero y Juan Francisco Rosa, regresó a los letrados de pago y a contar con los servicios de Pablo Luna.
Tras su declaración, Reyes ha sido autorizado a abandonar la sala, como ya había hecho también en la primera jornada, después de alegar problemas de salud. De hecho, hoy ha acudido solo para declarar, y se la ha eximido de asistir al resto del juicio, para lo que ha renunciado expresamente a su derecho al turno de última palabra.
Respecto a los otros tres acusados, está previsto que declaren este jueves, en la tercera jornada del juicio, que se celebrará ya en Gran Canaria.