"El escrito de acusación del Ministerio Fiscal se ajusta a la realidad de lo sucedido". Eso es lo que ha admitido el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, más 10 años después de que comenzara la instrucción del caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. En un escrito dirigido a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Reyes confiesa que recibió más de 300.000 euros en metálico de "diferentes promotores y constructores en concepto de recompensa" por la concesión de esos permisos ilegales.
A esta cantidad, que destinó a distintas compras que puso a nombre de su familia, se suman casi otros 200.000 euros que admite que ingresó en efectivo en cuentas de "sociedades instrumentales". Además, no solo reconoce que fue "gratificado" con dinero en metálico, sino también con otras "dádivas" en ‘especie’, que recibió de distintos empresarios.
En su escrito, Reyes explica cómo se puso de acuerdo con otros acusados para "ocultar la titularidad de los fondos y bienes que se habían adquirido ilícitamente, así como de los que se siguieran adquiriendo con posterioridad". Así, reconoce que creó una "sociedad pantalla", con la colaboración de dos asesores fiscales, y también que utilizó a dos testaferros para ocultar los bienes adquiridos fruto de su "delictiva actividad municipal urbanística", como la define él mismo en su escrito.
Era "plenamente consciente" de que las licencias eran ilegales
Además de admitir los delitos de blanqueo de capitales y cohecho, Reyes reconoce expresamente que incurrió en delitos contra la ordenación del territorio, al otorgar licencias urbanísticas ilegales para complejos hoteleros siendo "plenamente consciente de la disconformidad con el planeamiento urbanístico que era de aplicación, así como de la falta de informes jurídicos y técnicos que dieran cobertura a tan arbitraria decisión municipal".
En total, en el escrito de acusación admitido por Reyes, la Fiscalía hacía referencia a 19 expedientes de hoteles y apartamentos, entre los que se encuentran el hotel Princesa Yaiza, el hotel Son Bou, el Papagayo Arena, el Meliá Volcán, el hotel Dream Gran Castillo, el Rubicón Palace, el Hesperia Puerto Calero y el hotel Natura Palace. A esto, la Fiscalía añadía también el expediente que autorizó el puerto deportivo Marina Rubicón y el que dio luz verde al desarrollo del Plan Parcial Playa Blanca, que en ese momento ya estaba extinguido, tal como confirmaron posteriormente los tribunales de justicia al declararlo ilegal.
Cinco coches, spa, una embarcación y una vivienda
Reyes, que acepta un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y la acusación popular, para evitar el juicio y rebajar las penas que se piden para él y para su familia, detalla en su escrito los bienes que adquirió con el dinero obtenido de los sobornos, y que puso a nombre de su familia.
Entre ellos, tal como había detectado ya el informe realizado por la Udyco, incluye la compra de 5 vehículos - un Toyota RAV4, un Mercedes Benz, un Saab, un Renault Kangoo y un Toyota Corolla-, por los que pagó casi 80.000 euros. A esto se suma la adquisición de la embarcación el Pachi, que en total supuso un desembolso de casi 144.000 euros; la compra de un spa valorado en más de 24.000 euros; y la entrada para la adquisición de una vivienda en Santa Cruz de Tenerife y la financiación de parte de ese préstamo hipotecario, por valor de 55.118 euros.
Todos esos gastos habían sido detectados ya en la investigación patrimonial que realizó la unidad especializada de la Policía Nacional, que señalaba que no estaba justificado el origen del dinero con el que adquirió estos bienes, que estaban a nombre de su mujer y de sus hijos. Ahora, tal como anunciaba que haría al presentar ese escrito de conformidad, Reyes ya ha depositado en la cuenta de la Audiencia Provincial, "en concepto de pago de multa por el delito de blanqueo de capitales", esos 300.172,61 euros, que son los que reconoce que destinó a compras que implican directamente a su familia. No obstante, el escrito de acusación hacía referencia a otras compras, incluyendo un piso en Barcelona a nombre de una de sus hijas, valorado en más de 350.000 euros. En total, el informe de la Policía elevaba los gastos y el movimiento de dinero de origen no justificados por parte del ex alcalde y su familia a más de 1,2 millones de euros.
Su familia "tenía conocimiento de la forma en que se habían financiado"
"Con la finalidad de colaborar con la Administración de Justicia en la ayuda a identificar a los restantes responsables, declaro que las personas de mi familia que se indican como titulares de los bienes tenían conocimiento de la forma en que se habían financiado y el resto de los acusados debieron de conocer y sospechar la procedencia ilícita del dinero", señala el escrito presentado por el ex alcalde. "Igualmente", añade que reconoce "expresamente" que para "la gestión de los bienes obtenidos por medio de las licencias otorgadas, ideó la llevanza de la contabilidad de la sociedad pantalla Sea Sun Lanzarote SL a través de los asesores fiscales y acusados José Rafael Mesa Ferrer y Manuel Benito Mesa Ferrer".
Reyes admite que "convino con estos acusados a que se constituyera dicha sociedad y a gestionarla a través de la mercantil Management & Consulting Lanzarote SL, con la finalidad perseguida de ocultar la titularidad de los fondos y bienes que se habían adquirido ilícitamente, así como de los que se siguieran adquiriendo con posterioridad, para permitir su disfrute mediante su inserción en el circuito económico legal".
Al menos uno de estos dos acusados, Manuel Benito Mesa Ferrer, ya ha confesado también los hechos que se le imputan, con otro escrito solicitando un acuerdo de conformidad. Y lo mismo han hecho Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho, que reconocen haber actuado como testaferros del ex alcalde, al figurar como socios junto a la hija de Reyes en la sociedad Acuimar Cachazo SL.
Ingresos en metálico para blanquear "dinero ilícito"
Además de los gastos en compras en metálico que detalla en su escrito, el ex alcalde también admite que realizó "ingresos en efectivo por importe de 130.720 euros" en las cuentas de Sea Sun Lanzarote entre los años 2004 y 2009. Y también reconoce ingresos en efectivo en las cuentas de la sociedad instrumental Acuimar Cachazo SL entre agosto de 2002 y febrero de 2008, por importe de 51.106 euros.
"Utilice esta entidad con la finalidad de ocultar los bienes a las personas de mi confianza, quienes debieron sospechar de la procedencia ilícita de los ingresos en metálico procedentes de los actos arbitrarios de concesión de las licencias urbanísticas", señala el escrito presentado por Reyes, que agrega que "los acusados Antonio Marcelo Machín Arbelo y Simeón Camacho Camacho fueron utilizados para dar cobertura a la decisión de ocultar los bienes adquiridos fruto de mi delictiva actividad municipal urbanística, auxiliándome del ilícito origen de metálico reseñado en el escrito de acusación del Ministerio Público".
Admite la malversación y pagos a una empresa de la que era socio
Por último, José Francisco Reyes confiesa los delitos de malversación y "sustracción de caudales públicos" del Ayuntamiento de Yaiza, por los que también formuló acusación contra él la Fiscalía. Parte de ese dinero malversado fue directamente a manos de Reyes, que con la connivencia del secretario interventor, Vicente Bartolomé Fuentes, recibió dietas que no le correspondían y cargó al Consistorio el pago de viajes que en realidad eran de carácter exclusivamente personal.
Además, reconoce que adjudicó contratos municipales a una sociedad mercantil de la que él mismo era socio, junto con sus entonces compañeros del PNL, Juan Carlos Becerra y Pedro de Armas. La empresa, Comcaype SL, tenía por objeto social las "actividades inmobiliarias, construcción y actividades de tipo turístico", aunque también gestionaba un medio de comunicación. El alcalde firmó un contrato con esa radio por el que el Ayuntamiento le entregaba 2.400 euros mensuales, "en concepto de cobertura de actos institucionales". Y lo hizo "a sabiendas de que por razones de su cargo no podía participar en la adjudicación" y tenía el "deber legal de abstenerse" por ser socio de la empresa.
Según relata el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, reconocido ahora por Reyes, en mayo de 2007 el ex alcalde también realizó un ingreso de 5.000 euros "de origen no justificado" en una cuenta del PNL. El ex alcalde era entonces vicepresidente del partido, mientras que sus socios de Comcaype, Juan Carlos Becerra y Pedro de Armas, eran presidente y secretario respectivamente.
En el escrito remitido a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que tiene previsto comenzar a juzgar esta causa a partir del próximo 20 de marzo, Reyes se compromete a ratificar su confesión ante el letrado de la Administración de Justicia "con anterioridad señalamiento" y también durante el juicio oral, "si fuere necesario".