José Francisco Reyes “se aprovechó de la situación de poder que ostentaba en el ámbito urbanístico de la localidad de Yaiza, que ejercía sin importarle nada más que su propio beneficio, haciendo de su cargo público una manera de hacer negocio, enriqueciéndose por muchas de las licencias que otorgaba al recaudar dinero de algunos promotores con intereses urbanísticos en Yaiza para su lucro personal”. Eso es lo que considera probado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas en la sentencia del caso Yate, que para los 9 condenados ya es firme, al haber mostrado su conformidad con la acusación de la Fiscalía.
Aunque esos promotores que le dieron sumas de dinero en metálico no han sido identificados -solo se recogen con detalle los sobornos en forma de regalos o dádivas-, el fallo considera acreditado que el ex alcalde de Yaiza recibió también “importantes cantidades” en metálico, tanto por la concesión de licencias hoteleras ilegales como “por meras omisiones”, como “no sancionar obras ilegales o no restablecer la legalidad urbanística alterada, para lucrarse económicamente”.
De esta forma, según señalaban los fiscales Javier Ródenas e Ignacio Stampa en su escrito de acusación, y considera probado la sentencia, “el alcalde permitió el nacimiento del ‘urbanismo de promotor’ y con su actuación manifiestamente ilegal propició una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza, puesto que autorizó construcciones y edificaciones hoteleras sin otra base legal que su capricho”. Al respecto, el fallo señala que ni se incorporaron los informes jurídicos preceptivos y vinculantes, “ni se exteriorizaron argumentos o razones que puedan justificar la concesión masiva de licencias sobre proyectos que en algunos casos, ni siquiera estaban visados por el colegio profesional de arquitectos”.
Licencias concedidas “en el tiempo récord de 3 días”
Entre las licencias que el ex alcalde otorgó “a sabiendas de su manifiesta y flagrante ilegalidad, tanto desde el punto de vista de la normativa urbanística, como de las normas básicas que regulan los procedimientos administrativos”, se incluyen las de una veintena de hoteles y complejos de apartamentos, así como la autorización del proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca y la licencia del puerto deportivo Marina Rubicón.
“El acusado disponía a su antojo de la voluntad municipal en orden a las resoluciones que pudiera adoptar en el ámbito urbanístico, solicitando cantidades económicas, so pretexto de agilizar los trámites en el otorgamiento de las licencias urbanísticas, llegando a amasar una importante fortuna, a costa del interés general del municipio, que nunca atendió por su búsqueda de lucro personal e inmediato que guió su proceder como alcalde”, añade la sentencia en el apartado de hechos probados.
En algunos de los casos, las licencias se otorgaron “en un tiempo récord de tan solo tres días”, y “a sabiendas de la ilegalidad”, tal como admitió el propio Reyes durante el juicio. “Llegó en un mismo día (el lunes 1 de junio de 1998) a autorizar la construcción de más de 1.500 plazas turísticas, cuando los proyectos para la construcción de 7 hoteles le fueron presentados en el 29 de mayo”, añade la sentencia, subrayando que de esos tres días, dos eran de fin de semana.
“El alcalde, consciente de que ‘nadie da nada por nada’ –como señaló el propio Reyes en su primera confesión en esta causa en el año 2009, de la que después se retractó- configuró a su mercenaria voluntad, por cuanto que únicamente le movía el dinero a ingresar y nunca el interés general, los nuevos parámetros urbanísticos de los terrenos y su capacidad máxima edificatoria”, añade la Audiencia, siguiendo el relato realizado en su día por el Ministerio Fiscal y admitido por nueve de los acusados.
“Impidió el ejercicio por el Cabildo de sus competencias”
La sentencia también hace referencia al papel del Cabildo y a los incumplimientos del Plan Insular en la concesión de esas licencias ilegales. “Contrariaban abiertamente las determinaciones vinculantes del PIOT, así como que sobrepasaban la capacidad edificatoria del municipio al que estaba obligado a servir”, señala la Audiencia.
Además, añade que José Francisco Reyes “omitió deliberadamente trámites esenciales en el procedimiento de otorgamiento, impidiendo el ejercicio por el Cabildo de sus competencias, toda vez que concedió las licencias sin intervención de esta Institución, a la que nunca le solicitó el preceptivo informe de compatibilidad que debe solicitarse con carácter previo a la concesión de cualquier licencia”. Precisamente por ello, la Corporación insular, bajo distintas presidencias, recurrió en su día las licencias que iba otorgando Reyes, habiendo ganado todos los pleitos interpuestos.
Finalmente, el entonces consejero de Política Territorial, Carlos Espino, decidió llevar el tema a la vía penal, presentando una querella con un informe detallado sobre el conjunto de licencias ilegales otorgadas. Fue así como se inició el caso Yate, que ha llegado ahora a su fin con el dictado de esta sentencia y la condena de nueve acusados que, además, confesaron los hechos durante el juicio.