Los consejeros de Podemos en el Cabildo de Lanzarote han llevado a la Fiscalía Anticorrupción la documentación sobre los pagos que recibió el abogado Ignacio Calatayud bajo la presidencia de Pedro San Ginés por su intervención en el concurso de acreedores de Inalsa. Así lo ha anunciado la formación morada en un comunicado, en el que cuestiona que el grupo de gobierno no hubiera acudido ya a los tribunales, "dieciséis meses y diez notas de prensa después de que la presidenta del Cabildo, la socialista Corujo, anunciara medidas legales contra los supuestos pagos irregulares del Consorcio del Agua e Inalsa al abogado".
Este mismo lunes, Podemos había pedido una comparecencia en el Pleno de María Dolores Corujo "para que explicara por qué no había hecho nada a pesar de llevar casi año y medio asegurando que tenía conocimiento de graves hechos delictivos por parte de la anterior dirección del Consorcio del Agua".
"Estos hechos, que se enmarcan en el concurso de acreedores que la empresa pública Inalsa llevó a cabo durante 2009 y 2010, han desatado una tormenta mediática alimentada por la propia Corujo, que ha convertido al Cabildo en un juguete en manos del interés político de turno, contribuyendo con ello a desprestigiar la institución que preside y a restar gravedad a los hechos”, ha reprochado Barros.
La consejera considera "de extrema gravedad que el Partido Socialista haya estado utilizando la primera institución insular para hacer un uso partidista de la información y documentación del Consorcio Insular” que ha ayudado a extender “una sombra de duda y desprestigio entre la ciudadanía”.
Al respecto, insiste en que el Cabildo de Lanzarote "emitió hasta diez notas de prensa en las que deslizó documentación del proceso y emitió juicios de valor impropios para una institución democrática y decente". “Si Pedro San Ginés contrató a dedo a un amigo personal, tal y como afirma el actual grupo de gobierno en sus notas de prensa, solo lo puede determinar un juzgado, pues estamos hablando de delitos que se tendrán que investigar y demostrar”, afirman desde Podemos.
Según la formación, el grupo de Gobierno formado por PSOE y PP "no ha cumplido con su deber de poner en conocimiento del juzgado competente los hechos que ellos mismos califican como posibles delitos de corrupción, lo que dificulta seriamente que la corrupción deje de ser la marca premium de esta isla, porque la corrupción se juzga ante la justicia y no ante la prensa”.