La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo miércoles en Arrecife al presidente y a la secretaria de la Asociación Cannábica Weed Apothecary de Lanzarote acusados de un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita.
De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan a febrero de 2016, cuando el acusado C.G. asumió el cargo de presidente y N.J. el de secretaria. En sus Estatutos, la asociación estableció que desarrollarían un proyecto para "reducir el riesgo asociado al uso de cannabis". Además de cumplir con los consejos del Tribunal Supremo, que determinó la impunidad para los consumidores que compartían productos en un espacio siempre que no exista riesgo de que terceras personas hagan "un uso indiscriminado" de su consumo.
Según el Ministerio Público, los acusados presuntamente obtenían hachís y marihuana de diferentes proveedores sin tener "cualquier autorización administrativa" para la producción y distribución de marihuana, ni habiendo solicitado licencia a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
El Ministerio Fiscal defiende que "desde que asumieron los cargos" los acusados pretendían presuntamente permitir "el acceso a sustancias que causan daño a la salud a una pluralidad indiscriminada de personas". Para acceder a la asociación, podía hacerlo "cualquier persona que fuese consumidor de los cannabinoides o hubiese sido diagnosticado de alguna enfermedad para que el uso terapéutico o paliativo de los cannabinoides haya sido probada científicamente".
Dicha asociación llegó a contar con 1.501 socios. Sin embargo, el Ministerio Público defiende que "ninguna de las normas de la asociación" contemplaba que entre los asociados se compartiese el consumo de cannabis, ni que "podían obtener cannabis, ni un límite máximo de retirada".
En esta línea, expone que "con total desprecio de la salud ajena", ambos presuntamente utilizaron la asociación con el propósito de vender y distribuir marihuana y hachís a terceras personas a cambio de dinero. Así pues, señala diferentes ventas el 7, 13 y 14 de abril de 2018, así como el 1 de febrero de 2019.
El pasado 14 de marzo de 2019 se procedió a la entrada y registro del local comercial. En ese registro se halló una balanza de precisión, un libro de socios, 2.377, 18 euros en efectivo y diversas cantidades estupefacientes de hachís, resina de cannabis y marihuana distribuidas en recipientes pequeños, tarros y bolsas.
En total, las sustancias halladas ascienden a 47,07 gramos de hachís por valor de 256 euros, 11,7 gramos de aceite de hachís por valor de 157 euros y 3.070 gramos de marihuana que valen 15.477 euros.
La Fiscalía les atribuye la autoría de un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita. Además, pide para el presidente del club cannábico la pena de prisión de tres años por un delito contra la salud pública, una multa de 31.783 euros, con responsabilidad civil subsidiaria e inhabilitación especial para el sufragio pasivo. Además de cuatro años de prisión por el delito de asociación ilícita y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, más la pena de multa de 24 meses con una cuota de 12 euros de responsabilidad subsidiaria.
Mientras que para la secretaria solicita la pena de cárcel de tres años por un delito contra la salud pública, una multa de 31.783 euros, con responsabilidad civil subsidiaria e inhabilitación especial para el sufragio pasivo. Además de tres años de prisión por el delito de asociación ilícita y la pena de multa de 24 meses con una cuota de 12 euros de responsabilidad subsidiaria.
Además, el Ministerio Público concluye pidiendo la disolución de la presunta asociación ilícita. Además del comiso de la droga y dinero intervenidos.