Tribunales

Piden 13 años de cárcel por vender marihuana y hachís en una asociación cannábica de Lanzarote

Este espacio albergó, entre el 28 de abril de 2016 y el 7 de febrero de 2019, un total de 1.501 socios, sin que conste que hubiese bajas

Fachada de los juzgados de Arrecife, donde se celebra el juicio, en una imagen de archivo. Foto: José Luis Carrasco.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzgará el próximo martes en Arrecife a los acusados de vender y distribuir marihuana y hachís en la Asociación Cannábica Weed Apothecary en Arrecife sin licencia ni control.

La acusación de la Fiscalía se dirige a C.G. como presidente y N.J. como secretaria de dicha asociación cannabica.

El Ministerio Fiscal resalta en su escrito de acusación que los acusados presuntamente tenían "diversos proveedores" de hachís y marihuana, que se suministraba en el local de la Asociación. Sin embargo, según este mismo documento, no consta que hubiese solicitado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios una licencia para hacer este uso.

El Ministerio Público acusa a C.G. y a N.J. de presuntamente permitir desde el 1 de abril de 2016 el acceso a estas drogas a una "pluralidad indiscriminada de personas".

De modo que, para ser socio de esta asociación cannábica bastaba con ser "consumidor de cannabis" o haber sido diagnosticado de alguna enfermedad para la que el uso terapéutico y paliativo de los cannabinoides haya sido aprobada científicamente". 

Este espacio albergó entre el 28 de abril de 2016 y el 7 de febrero de 2019 a un total de 1501 socios, sin que conste que hubiese bajas.

Así pues, la Fiscalía resalta que "ninguna de las normas de la asociación contemplaba que se compartiese el consumo de cannabis en el interior o exterior del local, ni que los socios podían obtener cannabis ni un límite máximo de retirada". 

En esas circunstancias, C.G. y N.J. se habrían puesto de acuerdo para vender y distribuir estas sustancias a cambio de dinero. El Ministerio Público recoge diferentes momentos de presuntas ventas realizadas entre abril de 2018 y marzo de 2019.

El 14 de marzo de 2019, se procedió a entrar y registrar el local, donde se halló una balanza de precisión, un libro de socios, 2.377,18 euros en metálico y diversas sustancias estupefacientes distribuidas en "pequeñas dosis", así como 27 gramos de hoja de cannabis, 11,07 gramos de hachís, 3.045 de marihuana, 123 gramos de hojas de marihuana y 11,7 gramos de aceite de cannabis. 

El valor en el mercado ilícito ascendía a 5,42 euros por gramo de hachís, 13,47 euros por gramo de aceite, 5,04 euros por gramo de marihuana. De modo que los gramos de hachís son 256,908 euros, el aceite por 157,599 euros y la marihuana por 15.477, 23 euros.

Estos hechos son constitutivos de un presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan un grave daño a la salud, así como de un delito de asociación ilícita. 

Para el presidente de la Asociación de Cannabis, C.G. pide tres años de cárcel por un presunto delito contra la salud pública, así como una multa de 31.783,474 euros, con el pago de una responsabilidad civil subsidiaria de seis meses si no cumple la sanción, así como inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

A ello hay que sumar, una pena de prisión de cuatro años por un presunto delito de asociación ilícita y el pago de una multa de 24 meses con una cuota diaria de 12 euros, así como la inhabilitación especial para empleo o cargo público por diez años. 

Además, el presidente contaba con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, al estar ya condenado por sentencia firme por un delito de homicidio en tentativa

Mientras que para N.J., como secretaria de la Asociación, solicita tres años de prisión por un delito contra la salud pública y una sanción económica de 31.783,474 euros, con el pago de la responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses. Además pide otros tres años de cárcel por el delito de asociación ilícita y el pago de una multa de 24 meses con una cuota diaria de 12 euros.

Para concluir, se procedió a la disolución del local, situado en la calle La Inés.