El ex administrador concursal de Inalsa, Pedro Martín Toledo, tendrá que declarar el próximo viernes 23 de septiembre, en calidad de investigado, por presuntos delitos de falsedad documental y aportación a un procedimiento judicial, así como por el de estafa procesal, en el juzgado número dos de Arrecife.
Todo ello en el marco del caso San Ginés, en el que se investiga la contratación irregular a Ignacio Calatayud, abogado y amigo íntimo del ex presidente del Cabildo, por un millón y medio de euros en el concurso de acreedores de Inalsa. Cabe recordar que este concurso terminó con la privatización del agua en Lanzarote y la llegada de Canal Gestión a la isla.
Martín Toledo fue hasta el mes de abril de 2013 uno de los tres administradores concursales de la empresa pública de agua Inalsa, que contrató al abogado Ignacio Calatayud durante la presidencia de San Ginés. Años más tarde, una vez que San Ginés perdió la presidencia del Cabildo, Calatayud pretendió cobrar otros 82 mil euros en concepto de honorarios, a través de unas nuevas costas judiciales, reclamación que fue desestimada por el juzgado Mercantil. Como justificación del cobro de dichas costas, Calatayud aportó un certificado del ahora imputado Pedro Martín. Este intento de cobro fue el que a posteriori sirvió para destapar todo el caso.
Según el Consorcio del Agua, denunciante del caso, el documento suscrito por Pedro Martín Toledo contiene manifestaciones sobre los supuestos acuerdos alcanzados con Calatayud para que éste se embolsase las costas procesales a favor de Inalsa en los incidentes concursales. El certificado recogía un supuesto pacto que habilitaría a Calatayud para participar en los incidentes judiciales de la empresa pública de aguas, de manera que éste cobrara la tasación de costas judiciales en cada incidente.
"Múltiples contradicciones que llevan a la imputación de Martín Toledo"
Los denunciantes ponen el énfasis en el hecho de que Martín Toledo certificara por escrito que Ignacio Calatayud tenía derecho a embolsarse un millón y medio de euros en costas judiciales, en los diferentes incidentes, cuando estos son posteriores a su cese como administrador de Inalsa, en abril de 2013. Cabe recordar que el escrito lo firma y aporta siete años después de que no tuviera responsabilidades en la empresa pública. Además, en todos los incidentes que permitieron los ingresos millonarios del letrado y amigo del presidente, la liquidación de las costas se produjo siempre tras el cese de la administración concursal, circunstancia ésta que impediría el conocimiento de lo que más tarde certificó, según argumenta el denunciante.
La credibilidad del contenido del certificado emitido por Pedro Martín queda desvirtuada, según asegura el denunciante, por el escrito suscrito en unión de los otros dos administradores judiciales, que presentaron en el Juzgado de lo Mercantil el uno de abril de 2011 en el que señalaban, con respecto a la contratación de Calatayud, que "esta administración concursal se limitó a la supervisión de los honorarios pactados entre la representación legal de la concursada y el letrado".
Otro de los aspectos que resalta el escrito del denunciante es que este certificado ampare cobros en el Consorcio del Agua, una entidad en la que el propio Pedro Martín nunca tuvo responsabilidades ya que nunca estuvo en concurso de acreedores. Por lo que según fuentes de la acusación, resulta imposible que un administrador concursal de Inalsa ampare pago en cualquier otra institución o empresa pública que no sea la propia Inalsa.
La imputación de Pedro Martín y su declaración, prevista para este viernes, es significativa por el papel que habría jugado la administración concursal en este procedimiento. No en vano, el ex presidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés se ha amparado en diversas manifestaciones públicas en la Administración Concursal para la contratación de Calatayud, esgrimiendo que fueron los administradores concursales quienes negociaron y pactaron que Calatayud se quedase con todas las costas a favor de Inalsa y del Consorcio. El Consorcio sostiene sin embargo que dichos pagos se hicieron sin el conocimiento ni el consentimiento de sus clientes y sin que existiera ningún documento que lo acreditase.