El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas cuenta con un total de 11 psicólogos forenses y más de la mitad han estado “con bajas de larga duración”. Así ha justificado la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, la situación que se está viviendo en los Juzgados de Arrecife, con problemas para tramitar denuncias de agresiones sexuales a menores por falta de estos peritos.
“Había seis psicólogos de baja de larga duración, hace unos días se incorporaba uno de ellos, por lo cual quedan cinco, lo que ha implicado una disfunción en el servicio”, ha señalado en Radio Lanzarote – Onda Cero, apuntando que cuando ella se incorporó al cargo en diciembre, “estaba prácticamente la totalidad de estas personas de baja”.
En cualquier caso, también admite que la situación se ha hecho más grave porque se partía de una plantilla insuficiente. “Desde hace algunos años no han sido actualizadas las plantillas. Ahora mismo se está trabajando en el estudio de los efectivos que tenemos, de la carga de trabajo de psicólogos, de trabajadores sociales y educadores que forman parte de los equipos técnicos del Instituto de Medicina Legal, para dimensionarlas a la realidad y a las necesidades actuales de los Juzgados”, ha asegurado.
En cuanto al elevado número de bajas, considera que puede estar relacionado precisamente con esa sobrecarga de trabajo. “Es una cuestión que preocupa, por la incidencia que tiene en estos expedientes, y en estos momentos estamos intentando determinar las causas, porque evidentemente deben de tener alguna justificación que la administración deba conocer y deba afrontar para resolverlo”, ha señalado.
Al respecto, afirma que se están “planteando” realizar estudios de riesgo psicosocial “para conocer la causa de esas bajas, porque son servicios peculiares que están sujetos a mucho estrés”. “Son psicólogos, trabajadores sociales y educadores que evidentemente llevan años trabajando con menores, que habría que estudiar las condiciones para ver si podemos o debemos solventar la situación de estos profesionales y si depende de nosotros esa resolución”, ha adelantado.
Además, asegura que ya están trabajando en la ampliación de la plantilla y que está en marcha la selección de seis psicólogos para reforzar el servicio “en los próximos años”.
Sin planes de destinar uno a Lanzarote
Respecto a la posibilidad de destinar uno a Lanzarote -que no cuenta con plazas propias y tiene que solicitar un profesional al Instituto en Gran Canaria cada vez que surge una necesidad-, Ceballos se ha limitado a responder que “hay que ver la carga de trabajo”.
“No puedes tener destinado en una isla que no tenga muchas evaluaciones, un psicólogo o equipo técnico, y en otra isla tener sobrecarga. Es otra de las cosas que estamos estudiando, porque en muchas ocasiones la solución no viene en el refuerzo de efectivos. Hay muchas cuestiones organizativas que revisar, porque muchas veces a lo mejor la reorganización de los servicios implica una mejor eficacia y una mejor prestación de los servicios”.
Según la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, ahí es donde están “haciendo un esfuerzo para valorar cuáles son las causas de los problemas, que causan tanto impacto en la sociedad y en los medios de comunicación”.
Ceballos respondía así a la noticia publicada por La Voz de Lanzarote el pasado jueves, cuando se tuvieron que suspender las comparecencias de dos niños, uno de 3 años y otro de 8, que debían declarar ante el Juzgado de Instrucción en presencia de un psicólogo, como presuntas víctimas de agresiones sexuales. La magistrada había reclamado su presencia para esa fecha dos meses antes, pero el mismo día de la comparecencia, el Instituto respondió que no había podido enviarlo por “el déficit de psicólogos forenses” en su plantilla.
Ese escrito no hacía referencia a las bajas, pero sí a la necesidad de “contratación de personal”, subrayando que es competencia de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia”. Además, comunicaba al Juzgado que “recientemente se ha llegado a un acuerdo de colaboración” con una empresa, Godoy Consultores y Auditores, para que aporte psicólogos para realizar este tipo de pruebas.
Al respecto, la directora de Relaciones con la Administración de Justicia ha apuntado que en realidad esa “posibilidad ya existía desde hace años”. “Está previsto en un contrato que tenemos de peritajes desde hace algunos años, y se estudian caso a caso las posibilidades de encomendar a esos psicólogos externos”, ha explicado, defendiendo que “es una opción que valora la dirección del Instituto de Medicina Legal, porque dependiendo del caso, se tiene que garantizar la calidad y el informe que se emita, que tenga las mismas garantías”.
“Se ha acudido a esta forma para atender de manera inmediata los informes que son más urgentes, para evitar que esa demora cause algún tipo de perjuicio a los menores”, apunta Ceballos.
Sin embargo, a las declaraciones previstas la pasada semana en Lanzarote no acudió ningún psicólogo, ni externo ni de personal propio. Y esto obligó a suspenderlas, con lo que ello implica, no solo de retraso en la instrucción de la causa, sino también de dificultad para el magistrado que debe adoptar posibles medidas cautelares sobre el denunciado, que en uno de los casos es el padre del niño.
Según Mónica Ceballos, la directora del Instituto de Medicina Legal le ha trasladado que el caso de estos niños va a tramitarse ahora “de manera inmediata”. “Ya han sido encargados y están a la espera de emitirse los informes”, ha afirmado. No obstante, cabe recordar que el primer paso solicitado por el Juzgado era la presencia de un psicólogo en el interrogatorio a las víctimas, a las que aún no se les ha podido tomar declaración.
Bajas sin cubrir
Sobre por qué no se han cubierto esas bajas de "larga duración" de los psicólogos del Instituto de Medicina Legal, ha alegado que las listas de reserva de funcionarios interinos del Gobierno de Canarias están “agotadas desde hace tiempo, tanto de psicólogos laborales como funcionarios, lo que ha implicado la imposibilidad de sustituirlas de manera inmediata”.
Además, ha defendido que “la sustitución de esas bajas tampoco implicaría una solución inmediata, porque son equipos técnicos especializados y muy cualificados, que evidentemente son para lo que son, para los juzgados, para atender a menores tanto víctimas de delitos como podrían ser para menores infractores”.