El empresario Juan Francisco Rosa se enfrenta a un nuevo juicio, esta vez junto a dos de sus hijos y otros miembros de su familia, acusados de delitos societarios, de apropiación indebida y de falsedad documental. La causa se inició en 2017, a raíz de una querella presentada por sus socios en el hotel Fariones, García Bravo e Hijos SL., Ahora, tras culminar la instrucción y recibir los escritos de acusación, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife acaba de ordenar la apertura de juicio oral.
En el auto, fechado el pasado 23 de noviembre, el magistrado Jerónimo Alonso impone además elevadísimas fianzas a los cinco acusados, para cubrir la responsabilidad civil a la que podrían ser condenados. En el caso de Juan Francisco Rosa, le da 24 horas para depositar algo más de 57 millones de euros, con la advertencia de que en caso de que no lo haga, “se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastante a cubrir dicha suma”.
Además, también reclama esa fianza de 57.056.285 euros a los dos hijos de Rosa acusados en la causa, Raquel y Andrés Rosa Caraballo. Para ellos, la Fiscalía pide dos años de cárcel en su escrito de acusación, mientras que la acusación particular eleva la petición a 11 años de prisión, al considerarlos no solo cooperadores necesarios de los delitos, sino también coautores.
Los otros dos procesados son Anselmo Rosa Perdomo y Rosa María Rosa Martín, a quienes también se les ha exigido ya que depositen una fianza por importe de 29.995.471 euros cada uno. Ambos se enfrentan a una petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía y de 11 años de prisión por parte de la acusación particular.
En cuanto a Juan Francisco Rosa, la Fiscalía le señala como el autor material de los delitos investigados, precisando que los otros cinco acusados “seguían sus instrucciones”. Así, pide para él la mayor pena, de 4 años de cárcel, frente a los 2 años que solicita para el resto, por dos delitos continuados societarios y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por García Bravo e Hijos S.L, añade a esos delitos el de apropiación indebida o, alternativamente, el de administración desleal, por lo que eleva la petición de penas a 11 años de prisión, que es la misma que solicita para todos los acusados. Para todos ellos también reclama que sean condenados al abono de multas económicas de cientos de miles de euros.
Además, tanto la acusación particular como la Fiscalía les exigen la devolución del dinero que desapareció de las cuentas de la empresa Hotel Fariones S.A., en perjuicio de sus socios, la familia García Bravo, que tenía el 25% de la sociedad.
Otra hija de Rosa y varias de sus empresas, como responsables civiles
De la devolución de ese dinero también solicitan que respondan varias empresas de Juan Francisco Rosa, así como otros particulares que se beneficiaron de las operaciones presuntamente delictivas, como el empresario Rafael Lasso Cabrera. De momento, el auto de apertura de juicio oral ya exige a BTL Lanzarote y Bodegas Stratvs que depositen una fianza de 57 millones de euros, como responsables civiles subsidiarias, mientras que a Centro Deportivo Fariones SL, Rosinver SL y Frateromar SL. les reclama fianzas de entre 27 y 29 millones de euros.
La acusación particular también incluye como responsable civil a otra de las hijas de Juan Francisco Rosa, Noelia Rosa Caraballo, por su intervención en una “supuesta Junta General Universal” de Hotel Los Fariones SA, en la que se acordó aumentar el capital social con una nueva acción por la que Noelia Rosa pagó 601 euros. La familia García Bravo pide que se anule el acta, la certificación y la escritura pública de esa “supuesta Junta” a la que no fueron convocados, y que fue clave para reducir su participación en la sociedad.
Junto a esa Junta, la acusación particular reclama que se anulen decenas de acuerdos, escrituras y actas de juntas que sostiene que se realizaron a sus espaldas o que incluso se elaboraron con posterioridad, para dar cobertura a las acciones que se habían venido llevando a cabo a sus espaldas.
"Claro ánimo de favorecer a sus intereses personales"
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los cinco acusados, “miembros de la misma familia, puestos previamente de acuerdo y actuando conjuntamente siguiendo las instrucciones" de Juan Francisco Rosa, se valieron de los cargos que ostentó cada uno en distintos periodos y actuaron “con claro ánimo de favorecer a sus intereses personales, familiares y patrimoniales y a sabiendas del perjuicio económico que irrogaba a la sociedad y al socio minoritario de la misma, la entidad mercantil García Bravo, S.L.”.
Entre otras cosas, desviaron fondos de la empresa Hotel Fariones a otras sociedades de Juan Francisco Rosa y de su familia, en concepto de supuestos préstamos que no documentaron y que solo empezaron a pagar años después, a requerimiento de sus socios y con un interés inferior al legal. Además, mientras tanto dejaron de pagar impuestos a distintas administraciones públicas, lo que generó “constantes, cuantiosas y vencidas deudas públicas”, que provocaron el pago de abultados intereses, recargos y sanciones.
Además, también utilizaron el hotel Fariones como aval y garantía de hipotecas y préstamos, tanto para sus otras sociedades como de carácter personal, a favor del propio Juan Francisco Rosa y de “personas de su entorno cercano, pero en todo caso ajenas al socio minoritario y al propio objeto de la entidad”. De hecho, a día de hoy el hotel sigue hipotecado con una escritura pública en favor de Salmepa SL (hoy BTL Lanzarote).
A esto se suma también la venta de una sociedad propiedad de Hotel Los Fariones SA, Lanzasuiza SA, “a personas con las que tenían, al menos, intereses económicos, por importe inferior al valor de mercado”, sin que además la empresa llegara a cobrar “la integridad del precio consignado”. Parte de esas acciones terminaron en manos de Rafael Lasso, que debía pagar 645.079,10 euros, pero según la acusación “no abonó importe alguno”. Por eso, pide que este empresario responda como responsable civil, devolviendo esas acciones a la empresa o, en caso de que ya no estén en su poder, resaciendo económicamente a la sociedad con el importe por el que las vendió.
Locales cedidos gratis a Salmepa, que luego los alquilaba
Entre los presuntos hechos delictivos, la Fiscalía también incluye las obras del hotel Fariones, cuyo presupuesto se terminó duplicando. Además, cedieron durante años un total de ocho locales que pertenecían Lanzasuiza, “sin justificación y gratuitamente”, a Salmepa, que los arrendaba a terceros en su propio beneficio.
Esta misma entidad se benefició de otro local propiedad de Hotel Los Fariones SA, en este caso alquilado, pero “a cambio de una renta irrisoria y fuera de mercado de 1.500 euros mes”, según la Fiscalía. Después, Salmepa lo subarrendaba “sistemáticamente en su propio beneficio, a cambio de una renta mensual mínima de 6.000 euros al mes”.
Además, la Fiscalía también considera que incurrieron en un delito societario al subcontratar con otras entidades vinculadas a Rosa, como Hotel Princesa Yaiza S.A, “injustificadamente y en provecho de éstas, los servicios de 'management y marketing' de la actividad de la sociedad para los ejercicios 2014 a 2016”, lo que supuso para la entidad “un nuevo perjuicio por el abono innecesario de estos servicios impuestos de, al menos, 849.359 euros”.
La Fiscalía añade que “para evitar que el socio minoritario, García Bravo, S.L. descubriese las perjudiciales operaciones” que estaban llevando a cabo, los acusados “confeccionaron de forma espuria, al darle el carácter de universal”, las actas de decenas de supuestas Juntas celebradas entre los años 2001 y 2014, “cuando ni siquiera convocaron a dichas Juntas al referido accionista menor”.
Además, señala que “han ocultado u omitido llevar el pertinente libro de actas de la sociedad, sustrayendo su conocimiento incluso al Juzgado” que instruyó estas diligencias penales.
El auto de apertura de juicio oral -contra el que no cabe recurso, salvo en lo relativo a la imposición de fianzas- implica que ahora el procedimiento se remitirá a la Audiencia Provincial. Después, una vez asignada la Sala que corresponda, se deberá fijar la fecha de juicio.