Confesiones de todos los delitos, "arrepentimiento", "voluntad de colaborar con la Administración de Justicia" y pagos por adelantado de cientos de miles de euros para abonar las multas. Eso es lo que acaban de ofrecer 9 de los 11 acusados en el caso Yate, que se inició hace una década y que está previsto que comience a juzgarse el próximo 20 de marzo. A pocos días de comenzar el juicio, casi todos los acusados han decidido reconocer los hechos relatados por el Ministerio Fiscal, admitiendo que existió una trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, a cambio de la cual el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha confesado que recibió cientos de miles de euros de "diferentes promotores y constructores".
En varios escritos presentados ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el propio Reyes y otros 4 acusados expresan su intención de alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y con la acusación popular para evitar el juicio y conseguir reducir las penas que se solicitan para ellos. Además, Reyes hace extensiva esta voluntad de colaboración a su mujer, Antonia Torres, y a tres de sus hijos, María Noelia, José Francisco Abel y María Beatriz Reyes, que están también acusados en la causa por delitos de blanqueo de capitales.
"Mi representado, su esposa e hijos se comprometen a ingresar en la cuenta corriente de la audiencia la cantidad de 300.172,61 euros con anterioridad al día 3 de marzo en concepto de pago de multa por el delito de blanqueo de capitales", señala el escrito presentado por el abogado del ex alcalde, Pablo Luna, que está fechado el pasado 15 de febrero. Inicialmente, la Fiscalía pedía una multa de casi 9 millones de euros para la familia de Reyes (6 millones debería abonarlos el ex alcalde y el resto, en distintas cuantías, su mujer y sus tres hijos). En cuanto a las penas de prisión, solicitaba 25 años de cárcel para el ex alcalde y 5 para su mujer y sus hijos, aunque todas esas penas se rebajarán ahora con el acuerdo de conformidad. Pero de momento, Reyes ya ha realizado ese depósito de más de 300.000 euros.
El ex secretario "reconoce expresamente" que delinquió
Junto a Reyes, también ha confesado el que fuera secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que ya había sido apartado de su cargo por una condena anterior. Ahora, el ex funcionario "reconoce expresamente" que cometió delitos contra la ordenación del territorio, de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos y de falsedad documental en el ejercicio de su cargo, tal como señalaba el escrito de acusación presentado en esta causa en el año 2013 por los fiscales Javier Ródenas e Ignacio Stampa. Para el ex secretario, pedían inicialmente 6 años y medio de cárcel.
Los otros tres acusados que han reconocido los hechos que les imputa el Ministerio Fiscal son el asesor fiscal Manuel Benito Mesa Ferrer y dos amigos y socios de la familia Reyes, Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. El primero, en el escrito que ha dirigido a la Audiencia Provincial, reconoce que como asesor fiscal ayudó a ocultar el patrimonio ilícito del ex alcalde. Concretamente, admite que a través de otra empresa se gestionaba una "sociedad pantalla", Sea Sun Lanzarote SL, donde se "ocultó la titularidad de los fondos y bienes adquiridos ilícitamente por José Francisco Reyes y su familia". Además, señala que otro acusado en la causa por los mismos hechos, su hermano José Rafael Mesa Ferrer, también "conocía el origen ilícito de los fondos".
En el caso de Manuel Benito Mesa Ferrer, ya ha depositado 20.000 euros para hacer frente a la multa que solicita para él la Fiscalía en esta causa. Además, se ofrece a pagar otros 51.000 euros "en el plazo de tres meses desde que se alcen los embargos" que pesan sobre él y que, según afirma su abogado, "le impiden financiarse para poder pagar la cantidad restante, de la que no dispone ni puede obtener en este momento". En el escrito provisional de acusación, la Fiscalía pedía para él 4 años y medio de cárcel y 800.000 euros de multa.
"Evitar el macrojuicio"
Por su parte, Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín también han depositado ya 10.000 euros cada uno, como pago de una parte de la multa que reclama para ellos el Ministerio Fiscal. En un escrito conjunto que han dirigido a la Audiencia Provincial, fechado el pasado 1 de marzo, los dos señalan también su voluntad de alcanzar una "conformidad con la acusación pública y popular" para evitar "la celebración del macrojuicio", que está previsto que se celebre durante casi dos meses y medio en Gran Canaria, entre el 20 de marzo y el 1 de junio.
Así, reconocen expresamente los hechos recogidos en el escrito de acusación, en el que la Fiscalía pedía para ellos tres años de prisión y 100.000 euros de multa. Según ese escrito del Ministerio Fiscal, ambos pertenecían al "círculo de amistad" de José Francisco Reyes y le ayudaron a ocultar su patrimonio, "pese a que conocían el origen delictivo de los fondos que manejaban". Tal como señalaba la Fiscalía y reconocen ahora los acusados, lo hicieron a través de la sociedad Acuimar Cachazo, en la que figuraban como titulares junto a una de las hijas de Reyes
Además de estos acusados confesos, en el banquillo deben sentarse en esta causa otras dos personas, que hasta ahora no han presentado escritos de conformidad, por lo que el juicio podría celebrarse solo con ellos. Uno es el otro asesor fiscal, José Rafael Mesa Ferrer, y el otro el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo. Para Lorenzo, la Fiscalía no pide cárcel sino inhabilitación, por tiempo de 10 años. En su caso, su imputación está ligada a su intervención en el expediente que permitió aprobar el Plan Parcial Playa Blanca, que ya fue declarado ilegal por los Tribunales. En la causa estaba acusado también el aparejador municipal de Yaiza Alfredo Morales, que ya ha fallecido.
Detenciones en 2009 y una primera confesión
La investigación de esta causa se inició en el año 2006, a raíz de una denuncia presentada por el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, que decidió recurrir a la vía penal. Hasta ese momento, con distintos políticos y partidos al frente, la Corporación insular venía recurriendo en la vía contencioso administrativa las licencias hoteleras concedidas por José Francisco Reyes entre los años 1998 y 2003, y todas ellas fueron declaradas ilegales.
Fue entonces cuando comenzaron a investigarse delitos contra la ordenación del territorio, en una causa que después fue creciendo y ampliándose, y en la que intervino la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional y posteriormente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). Los informes que realizaron sobre el patrimonio de Reyes llevaron a su detención en septiembre de 2009, junto a su mujer y sus tres hijos.
Tras su arresto, el ex alcalde confesó por primera vez haber recibido dinero a cambio de otorgar licencias ilegales e incluso dio nombres de varios empresarios. "Nadie da nada a cambio de nada", declaró ante la juez que en ese momento instruía la causa, María Dolores García Benítez, y ante el fiscal Ignacio Stampa. Sin embargo, días después de recibir en el Centro Penitenciario de Tahíche -donde pasó dos meses y medio en prisión provisional- la visita de la hija de Felipe Fernández Camero, Juana Fernández de las Heras, Reyes se retractó de su confesión.
Ahora, ante la inminencia del juicio, el ex alcalde ha vuelto a confesar, y junto a él lo han hecho casi todos los acusados en la causa. Al menos en la pieza central, ya que aún hay otras dos pendientes de juicio. Una, por las distintas licencias residenciales concedidas en el Plan Parcial Playa Blanca, tras aprobarse ilegalmente el desarrollo del plan. La otra, que también está solo pendiente de juicio, por los pagos presuntamente ilegales a Felipe Fernández Camero desde el Ayuntamiento de Yaiza. Inicialmente, Camero estuvo imputado en el caso Yate como presunto "cerebro" e inductor de la conducta delictiva de José Francisco Reyes, aunque su imputación se terminó archivando, al no existir pruebas de ese asesoramiento urbanístico al ex alcalde. Sin embargo, precisamente al no encontrar documento alguno que acreditara ese asesoramiento, el fiscal pidió abrir una nueva investigación por presunta malversación de caudales, por los pagos que el abogado recibió del Ayuntamiento por este concepto.