Tribunales

Luis Lleó vuelve al banquillo la próxima semana acusado de expoliar una empresa familiar

Acaba de ser condenado por otro delito societario y aún debe ser juzgado en el caso Unión. En este nuevo juicio, la Fiscalía le pide 4 años de cárcel y la acusación particular 13

Luis Lleó vuelve al banquillo la próxima semana acusado de expoliar una empresa familiar

El empresario Luis Lleó, que acaba de ser condenado a un año y tres meses de cárcel por un delito societario contra su familia, volverá a sentarse en el banquillo la próxima semana. El juicio, que está previsto que arranque el próximo jueves 20 de julio, se ha suspendido ya en dos ocasiones, por lo que éste es el tercer intento de celebrar la vista oral.

Los hechos por los que deberá responder ahora Lleó, que a su vez está pendiente de juicio por el caso Unión, están de nuevo relacionados con sus empresas familiares, ya que su hermano y su sobrino le acusan de haber “expoliado” la sociedad que compartían. Ambos están personados como acusación particular en la causa y reclaman para Luis Lleó 13 años de cárcel, 72.000 euros de multa y una indemnización de 146.791 euros por delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta, falsedad en documento societario, intento de estafa y obstaculización al ejercicio del derecho de los socios. 

Por su parte, la Fiscalía reclama 4 años de cárcel para Lleó, al acusarle solo del presunto delito de administración desleal, así como el pago de una indemnización de 70.449 euros. Inicialmente, este juicio debía haberse celebrado el pasado mes de septiembre, pero entonces se suspendió por la incomparecencia de varios testigos de la defensa. Después, se fijó una nueva fecha para el pasado mes de enero, pero la Sección Primera de la Audiencia accedió a posponerlo para “ampliar la pericial”, fijándolo así para el próximo 20 y 21 de julio.

 

Desvío de dinero a sus empresas


De la cantidad que reclama la Fiscalía en concepto de indemnización, unos 44.000 euros corresponden a los gastos que generó Lleó al cobrar de forma anticipada pagarés a nombre de la empresa que compartía con su hermano y con su sobrino, a través de pólizas de descuento, entregando después el dinero a otras sociedades vinculadas a él. El resto, responde directamente a desvíos de fondos desde la sociedad familiar a empresas personales a su nombre. Concretamente, según el fiscal, Luis Lleó transfirió 18.000 euros a Residencial Playa Honda S.L. y 8.000 euros a Inversiones Tenderete S.L.

Por su parte, el hermano y el sobrino de Lleó elevan esa última cifra a 102.000 euros. Según su escrito de acusación, entre 2007 y 2008 el empresario y abogado retiró “de manera injustificada y no autorizada” esa cantidad de dinero de varias cuentas de una de las empresas, derivando esas sumas a otras sociedades administradas o “dominadas” directamente por él. Incluso, llegan a asegurar que Lleó utilizó para ello “testaferros”, que figuraban al frente de alguna de esas empresas.

Según la acusación, “casi todos los hechos delictivos se iniciaron por el imputado mientras el otro socio, Aday Lleó Carranza, permanecía ingresado en el Hospital de Lanzarote como consecuencia de haber sufrido un accidente de tráfico”. Así, consideran que esa circunstancia fue “aprovechada” para “expoliar la sociedad sin que nadie pudiera impedírselo”. Tanto Luis Lleó como su sobrino eran socios al 50 por ciento en las empresas Lleó Inmuebles SL y Consultores y Asesores Legales Lleó SL, mientras que Jaime Lleó figuraba como tercer administrador.

 

Cargó a la empresa una factura de casi un millón de euros por sus servicios


Su hermano y su sobrino también acusan a Luis Lleó de haber “manipulado” la contabilidad de la empresa, entre otras cosas, incluyendo una factura falsa. Con esa factura, el propio Lleó reclamaba a la sociedad casi un millón de euros por sus supuestos servicios como “abogado de una empresa de abogados, de la que a la vez era administrador y socio”, según subraya la acusación.

En ese momento, sus familiares ya habían comenzado a pedir explicaciones, sin que se les diera acceso a la documentación. Finalmente, en abril de 2015, se celebró una Junta General de la empresa Consultores y Asesores Legales Lleó SL, en la que Luis Lleó “excluyó de la sociedad a Aday Lleó Carranza y a Jaime Lleo Khunel, y les cesó en sus cargos de administradores solidarios, modificó el régimen de gestión y administración, que pasó a ser de administración única, y cambió el domicilio social, que estaba en Arrecife, trasladándolo a Las Palmas de Gran Canaria”, designándose él mismo “como administrador”. Y todo eso lo hizo después de que su hermano y su sobrino abandonaran la reunión, tras advertir de que la constitución de la Junta no era válida porque no había presente un secretario.

Por estos hechos presentaron una denuncia que dio lugar a otras diligencias penales, y que han terminado juzgándose antes, dando lugar a esa primera condena a un año y tres meses de prisión. Ese fallo, dictado por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife, sostiene que Lleó actuó “con evidente ánimo de menoscabar los intereses patrimoniales” de su sobrino. Así, además de 15 meses de cárcel, le impone una pena de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administrador de sociedad mercantil durante el mismo tiempo, así como el pago de las costas procesales.

 

Pendiente de juicio en Unión


Además de este juicio, Luis Lleó sigue teniendo pendiente sentarse en el banquillo dentro del caso Unión. En esa pieza, el escrito de acusación de la Fiscalía, en el que le piden 6 años de prisión por intento de soborno, se presentó hace más de tres años. Sin embargo, aún no se ha celebrado el juicio, debido a la cascada de recursos presentados por el acusado. 

Incluso, Lleó pidió que se apartara al magistrado de la Audiencia Provincial que había sido designado como presidente del tribunal que iba a juzgarle, alegando que había resuelto uno de los recursos que presentó ante la Audiencia durante la instrucción. Finalmente, se aceptó nombrar otro juez y el elegido fue Salvador Alba.

El pasado mes de febrero se celebró ya la vista para plantear las cuestiones previas, que debían resolverse antes del juicio, dado que se celebrará con un jurado popular. La resolución de esas cuestiones previas llegó el pasado mes de abril, con un auto de Alba que fue recurrido por la Fiscalía, por lo que aún no es firme.