Después de años intentando sin éxito tumbar el caso Unión, el empresario Luis Lleó ha decidido finalmente confesar el delito continuado de cohecho por el que está acusado en esta causa. Ante la inminencia del juicio, y después de ver rechazada la cascada de recursos que ha ido presentando, Lleó registró el pasado martes un escrito en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, pidiendo alcanzar un acuerdo y evitar la celebración de la vista oral, en la que iba a enfrentarse a las grabaciones en las que se negocia el intento de soborno y a la confesión del otro acusado en esta pieza, Fernando Becerra, al que utilizó como intermediario.
"De forma expresa se reconocen los hechos objeto de acusación, admitiendo los mismos", señala el documento presentado por su procurador. Además, anuncia también que "desiste de todas y cada una de las cuestiones previas planteadas, así como de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales".
A esa supuesta vulneración de derechos se lleva aferrando Lleó desde que fue detenido e imputado en esta causa hace una década, centrando su defensa en intentar tumbar todo el caso Unión. Sin embargo, no solo ha fracasado en esos intentos sino que las sentencias que se han dictado ya en otras piezas de la causa, tanto por parte de la Audiencia Provincial como del Tribunal Supremo, han validado con contundencia la instrucción, llegando incluso a alabar expresamente la labor de la magistrada que cerró el procedimiento y del Ministerio Fiscal.
Pide que se pare el proceso y no se conforme el jurado
En su escrito, Lleó pide a la Audiencia que "convoque a las partes a una vista, sin necesidad de continuar con la tramitación del proceso y el señalamiento y formación del jurado", dejando así claro que quiere evitar el juicio, que se iba a celebrar ante la Sección Sexta pero con un jurado popular.
Además, expresa su compromiso de "hacer frente a las responsabilidades pecuniarias", anunciando que antes de que se celebre esa vista depositará la cantidad que se le reclame como parte de la condena.
En cuanto a esa condena, la confesión implicará una rebaja respecto a las penas que solicitaba inicialmente la Fiscalía. De hecho, con este paso Lleó busca un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, que ya habría empezado a negociarse pero que aún no estaría cerrado.
Atenuantes para rebajar la pena
En su escrito de acusación, que tiene ya más de seis años, la Fiscalía pedía para Luis Lleó la pena máxima contemplada para este delito, que es de seis años de prisión, así como una multa de un millón de euros y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Ahora, al acordar la pena se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes de confesión y del pago de la responsabilidad civil, así como el tiempo transcurrido. Y es que en caso de que la condena hubiera llegado a través de una sentencia ?en lugar de a través de un acuerdo de conformidad-, es más que probable que la Sala hubiera aplicado como atenuante para rebajar la pena las dilaciones indebidas.
En el caso de los empresarios condenados por cohecho y malversación de caudales públicos en la última sentencia del caso Unión, las penas que les impuso la Sección Sexta de la Audiencia Provincial fueron de entre uno y dos años y medio de cárcel, aplicando en todos los casos una rebaja por dilaciones indebidas. Al respecto, la propia Sala asumía en su sentencia la responsabilidad de ese retraso, ya que el Juzgado de Instrucción cerró esa pieza en 2014 y no fue a juicio hasta 2018. Y en el caso de la pieza de Lleó, el escrito de acusación databa incluso de 2013.
Una oferta de soborno que fue creciendo
La pieza en la que está acusado Luis Lleó fue la que dio origen al caso Unión, cuando el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, denunció que este empresario le había ofrecido un soborno utilizando como intermediario a Fernando Becerra, para intentar desbloquear la construcción de la parcela de Costa Roja, a la entrada de Playa Blanca.
A lo largo del escrito de acusación, el fiscal repasaba la cronología de Costa Roja, que se inició en el año 2006, con la concesión de una licencia por José Francisco Reyes para construir "una macrourbanización de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje". En ese momento, el Cabildo presentó un recurso contencioso administrativo en los tribunales, que frenaron el desarrollo de ese proyecto, y el consejero Carlos Espino presentó una denuncia penal por estos hechos. Su querella dio lugar a otra causa que se sigue pendiente de juicio.
Para intentar frenar esos procedimientos judiciales y desbloquear la construcción de Costa Roja, Luis Lleó "diseñó una estrategia criminal para ganarse la voluntad" de Espino, según señalaba el fiscal y ha reconocido ahora el empresario. Así, utilizando como intermediario a Fernando Becerra, Lleó ofreció hasta tres presuntos sobornos a Espino, que denunció los hechos y permitió a la UCO grabar las conversaciones que mantuvieron durante meses.
En la primera, le ofrecieron una supuesta comisión de 400.000 euros, a repartir entre Espino y Fernando Becerra, a cambio de que el Cabildo se retirara del contencioso que había iniciado contra la licencia de Costa Roja concedida por Reyes. En el segundo, la oferta subió a 600.000 euros, y le pedían que el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular que se estaba desarrollando en ese momento, incluyera los terrenos de Costa Roja como suelo urbanizable.
Regularizar los hoteles ilegales
Por último, Becerra trasladó una última propuesta a Espino, que incluía no sólo el desarrollo de Costa Roja, sino también la regularización de los hoteles ilegales de otros promotores como Juan Francisco Rosa. Al respecto, el fiscal señala que Lleó le hizo saber a Espino que existía "un acuerdo con los propietarios de hoteles ilegales para que compraran piezas de suelo en Costa Roja", que a su vez "pondrían a disposición del Cabildo a título gratuito", como supuesta compensación por la legalización de sus establecimientos Eso sí, "a excepción de la parte del terreno correspondiente al campo de golf y un residencial proyectado por Luis Lleó", que se tendrían que autorizar.
A cambio, le prometieron a Espino no sólo los 600.000 euros a repartir con Fernando Becerra, sino también "un porcentaje del precio de cada una de las ventas que Luis Lleó hiciera a los titulares de los hoteles ilegales de Yaiza".
En su escrito de acusación, la Fiscalía también hacía referencia a las explicaciones que Fernando Becerra dio a Espino sobre cómo podría cobrar el soborno sin dejar huella. Para ello, entre otras cosas, le propuso "abrir una cuenta en un paraíso fiscal, como Suiza, para no dejar rastro alguno de la entrega del dinero".