Los cinco acusados en la pieza del caso Montecarlo relativa al Ayuntamiento de San Bartolomé han confesado haber malversado fondos públicos del Consistorio y han aceptado las penas solicitadas por Fiscalía, que al comienzo del juicio que iba a celebrarse este martes ha rebajado su petición para todos los procesados aplicando como atenuante la "colaboración con la Justicia", tras haber alcanzado un acuerdo con todos ellos.
Así, la vista que iba a durar tres jornadas no ha llegado a celebrarse y la Sección Sexta de la Audiencia Provincial se ha limitado a confirmar la confesión del ex interventor Carlos Sáenz, el ex alcalde Miguel Martín, el ex concejal de Hacienda Javier Betancort, el tesorero del Ayuntamiento, Luis Manuel Rodríguez, y el empresario José Vicente Montesinos, que han reconocido el saqueo de más de 470.000 euros del Ayuntamiento y han aceptado también devolver la parte que cada uno contribuyó a malversar.
De 12 a 3 años de cárcel para el interventor
En el caso de Carlos Saénz, para quien el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente 12 años de cárcel por presuntos delitos continuados de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad de documento público, ha aceptado una condena de tres años de prisión, más de cuatro de inhabilitación y una multa de 65.000 euros.
Saénz, que actualmente está en prisión por otra condena del caso Unión, ya confesó en la pieza del caso Montecarlo centrada en Fuerteventura, donde fue interventor del Ayuntamiento de La Oliva, y también hace unas semanas lo hizo en otra de las piezas del caso Unión en la que estaba acusado y en la que reconoció haber malversado fondos del Ayuntamiento de Arrecife autorizando pagos por servicios que no se habían prestado.
Para el empresario José Vicente Montesinos, que ya durante la instrucción reconoció haber entregado sobornos al interventor a cambio de que autorizara el pago de sus facturas, la condena se ha rebajado de 11 años y 11 meses de cárcel a dos años de prisión, un año y medio de inhabilitación y multa de 65.000 euros.
Un año para los otros tres acusados
En cuanto a los otros tres acusados, todos se enfrentaban a una petición de casi seis años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación, pero finalmente solo serán condenados a un año de prisión y ahora dependerá de la Fiscalía solicitar o no su ingreso en el Centro Penitenciario de Tahíche, al ser penas inferiores a dos años.
En el caso de Javier Betancort, que fue edil de Hacienda de San Bartolomé y actualmente es gerente del grupo de comunicación de Juan Francisco Rosa, ha aceptado un año de prisión y un año y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, además del pago de la responsabilidad civil, comprometiéndose a devolver la parte del dinero que contribuyó a malversar autorizando el pago de facturas a las empresas de Montesinos a sabiendas de que eran falsas.
Cabe recordar que tras salir del Ayuntamiento, Betancort empezó a trabajar para Montesinos y ambos están acusados en otra pieza de Montecarlo pendiente de juicio, también por pagos presuntamente fraudulentos que recibieron del Ayuntamiento de Arrecife. En esa pieza volverán a sentarse en el banquillo junto a Carlos Sáenz, que fue interventor de ambos municipios. Además, también había otro acusado en ambas piezas que falleció durante la instrucción, Cándido Reguera, que fue edil de Hacienda en San Bartolomé antes que Javier Betancort y que después fue alcalde de Arrecife.
En cuanto al tesorero de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez Pérez, ha aceptado una pena de un año de prisión y un año y medio de inhabilitación, que es la misma que se impondrá también al ex alcalde Miguel Martín.
"Sí, señoría"
Aunque la instrucción del caso Montecarlo se inició hace casi una década y el escrito de acusación de Fiscalía tiene más de tres años, ha sido en los días previos al juicio cuando los acusados han decidido confesar y alcanzar un acuerdo de conformidad. Y lo han hecho ante la contundencia de las pruebas recabadas en esta investigación, iniciada en su día por el fiscal Ignacio Stampa, que actualmente ejerce en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid.
Nada más iniciarse el juicio, la fiscal que le ha reemplazado en esta causa ha anunciado los acuerdos alcanzados y la rebaja en la petición de penas. A continuación, el presidente de la Sala, Emilio Moya, se ha dirigido a todos los acusados para que confirmaran si reconocían los hechos relatados por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. "Sí, señoría", se han limitado a señalar todos, ratificando también que aceptan las nuevas penas que solicita la fiscal para ellos.
Después, el magistrado se ha vuelto a dirigir a ellos para preguntarles si se comprometen también a abonar la responsabilidad civil, a lo que han respondido afirmativamente. En esto había hecho hincapié la abogada del Ayuntamiento de San Bartolomé, que está personado en la causa como acusación particular, para recuperar el dinero malversado. Después, los abogados de todos los acusados han señalado que no consideraban necesaria la celebración del juicio, por lo que Moya ha levantado la sesión anunciando que dictarán sentencia en los términos acordados.
En cuanto a los hechos que han reconocido, son los que recoge el escrito de acusación firmado en su día por Stampa, que señalaba que el interventor se "concertó" con los otros cuatro acusados para llevar a cabo el "abono injustificado de elevadas cantidades de dinero público a empresas vinculadas a José Vicente Montesinos".
Tal como han admitido este martes, todos los acusados participaron "de común acuerdo, prevaliéndose de las funciones públicas que cada uno de ellos ostentaba" e intentaron dar "apariencia de legalidad" a esos pagos, adjudicando contratos de forma "fraudulenta" a las empresas de Montesinos. Según esos contratos, el empresario iba a realizar supuestos servicios de asesoramiento relacionados con el cobro de tributos municipales, pero esos servicios nunca se prestaron y sin embargo sí se abonaron las facturas.
A esto se suma además otro delito de malversación reconocido por Carlos Sáenz, que también se adjudicó a sí mismo "directa y fraudulentamente cantidades indebidas en concepto de retribuciones propias por el ejercicio de su cargo", habiendo recibido unos 75.000 euros más de lo que le correspondía.