El Tribunal acuerda que se designe a Lorenzo Lemaur un abogado de oficio tras no haberlo hecho él en el plazo exigido. Como se recordará el pasado 12 de enero su abogado renunció a su defensa por “las divergencias existentes con el mismo en la dirección jurídica del asunto”.
El pasado 13 de enero la Audiencia requería a Lemaur que en un plazo de dos días "designe nuevo procurador que le represente y abogado que le defienda bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, se le designará procurador y abogado del turno de oficio". Tras pasar el tiempo y no haberlo hecho se le ha asignado su defensa.
Ahora queda por saber si el nuevo letrado pedirá la suspensión del juicio puesto que podría no disponer de tiempo suficiente para preparar la defensa de su cliente, dado el gran volumen de documentación que tiene la causa. No obstante, por el momento fuentes oficiales han confirmado a La Voz que se mantienen las fechas de la celebración del juicio que arrancará el próximo 30 de enero.
Como se recordará, la acusación de la Fiscalía contra Lemaur en esta última pieza del caso Montecarlo obedece a la adjudicación a la empresa Tunera de un “proyecto de apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios del Ayuntamiento de Arrecife", gestionada entonces por Lorenzo Lemaur, que según la Fiscalía nunca llegó a ejecutarse, y por el que la empresa cobró casi 100.000 euros.
Esta última pieza de Montecarlo guarda muchas similitudes con la pieza de Inelcon, en la que la Sala absolvió a todos los acusados con excepción del ex-interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, y de la ex-concejal de Hacienda, Isabel Martinón, los cuales también están acusados en esta pieza, junto al ex-alcalde, José Montelongo, los ex concejales Eduardo Lasso, Víctor Sanginés y los trabajadores municipales José Nieves, Miguel Ángel Leal, Blas Antonio Cedrés y Francisco Hernández así como el empresario Eduardo Ferrer, propietario de Tunera Producciones.