El presunto intento de soborno de Luis Lleó para desbloquear la construcción de la parcela de Costa Roja ha dado este jueves el último paso para ir a juicio, con la vista para resolver las cuestiones previas. El trámite era necesario porque esta pieza del caso Unión será juzgada por un jurado popular. Así, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con Salvador Alba como ponente, es quien debe resolver antes sobre las causas de nulidad que ha invocado la defensa de Lleó, que ocupan más de 550 folios, y que no han sido compartidas por el otro acusado, Fernando Becerra.
De hecho, el letrado de Becerra ha reiterado durante la vista que su cliente ha reconocido los hechos - es decir, que actuó como intermediario para ofrecer ese soborno a Carlos Espino, que fue el denunciante de la causa-, y ha aceptado la pena que la Fiscalía pide para él. "No pretendo criticar la estrategia de defensa del señor Lleó, pero tampoco se puede criticar la nuestra de confesar y colaborar con la Justicia", ha señalado el abogado, que ha apostillado que esa actitud fue la que "le dictó su moral" a su defendido.
Por su parte, el fiscal Javier Ródenas ha rebatido una a una las supuestas causas de nulidad planteadas por Lleó y lo ha hecho, entre otras cosas, citando una batería de autos y sentencias de todos los órganos judiciales -incluyendo la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo- que ya se han pronunciado avalando la instrucción del caso Unión y también las pruebas que Lleó pretende invalidar en ésta pieza, incluyendo conversaciones grabadas, autos y documentos. En cuanto a la otra parte en este procedimiento, la acusación popular representada por la asociación de Juristas Jiménez de Asúa, el Ministerio Fiscal considera que esta vista ha servido para "quitarle la careta".
Una acusación que "da la razón" a la defensa
"Ahora veremos si de verdad ejerce la acusación. Igual le quitamos la careta", ha señalado el fiscal Javier Ródenas, antes de que llegara el turno de palabra del abogado de Jiménez de Asúa, José Antonio Zambrano. Y cuando este turno ha llegado, lo que único que ha hecho Zambrano ha sido replicar al fiscal y dar la razón, al menos "en parte", al abogado de Lleó. "Siendo honestos, entendemos que sí hay parte de razón en lo planteado por la defensa", ha señalado el letrado de la "acusación" popular, que se ha referido en concreto a una de las supuestas causas de nulidad que alega Lleó.
Lo que coinciden en cuestionar Luis Lleó y la asociación Jiménez de Asúa es que el juez instructor firmó un auto prorrogando escuchas telefónicas cuando estaba de vacaciones. Este argumento, que ha sido calificado de "absurdo" por el fiscal, fue utilizado por esta misma asociación para presentar una querella contra el juez César Romero Pamparacuatro ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero ni siquiera fue admitida a trámite.
Tal como ha recordado el fiscal, el TSJC señaló que Romero Pamparacuatro no era "un ciudadano más" sino "el juez instructor" y que, por tanto, seguía teniendo competencia para actuar en la causa aunque estuviera de vacaciones. Al respecto, Ródenas ha citado jurisprudencia del caso Malaya como un precedente de causas en las que un magistrado aplica un "férreo control" sobre un procedimiento complejo para evitar filtraciones.
"¿Por qué no se puede firmar una resolución estando de permiso, porque lo diga un acusado de un delito de cohecho?", se ha preguntado el fiscal. "¿Es nulo porque después no dijo: mire, no he podido disfrutarlo, porque he tenido que hacer un auto, así que no me cuente ese permiso?", ha insistido. Pero además, ha subrayado que considera "incompatible" que Jiménez de Asúa presentara esa querella y, a su vez, "hoy se siente paradójicamente del lado del Ministerio Fiscal", ejerciendo supuestamente como acusación popular contra Lleó.
No presentó un escrito de acusación propio
Por su parte, el abogado de la controvertida asociación ha comenzado calificado de "sorpresiva la manifestación del fiscal" y de "desafortunada la afirmación" sobre "quitarse la careta". Así, ha defendido que la asociación, que ni siquiera estaba constituida oficialmente cuando empezó a intentar entrar en el caso Unión, está personada actualmente "en 30 causas". Y según su letrado, no tienen "nada que ver" con Luis Lleó y Fernando Becerra. Al respecto, cabe recordar que uno de los letrados que ha intervenido en nombre de esta asociación, Juan David García Pazos, empezó siendo abogado de Lleó, a quien representó al menos en una vista al inicio de esta causa.
En cuanto a su papel como acusación en esta pieza de Unión, ha señalado que en su momento se adhirió al escrito presentado por el Ministerio Fiscal , es decir, que no presentó un escrito de acusación propio, ni agregó tampoco nada al de la Fiscalía. Y en la vista de este jueves, previa al juicio, se ha limitado a dar la razón a Lleó en una de las supuestas causas de nulidad que solicita.
"Desconozco, si estimara alguna nulidad, cuál sería su consecuencia en el proceso", ha señalado el abogado de la asociación, dirigiéndose al juez Salvador Alba. El resto de su breve intervención la ha dedicado a seguir defendiendo la querella que presentaron contra el juez instructor de Unión, afirmando que la inadmisión a trámite de esa querella aún no es firme, ya que recurrieron el auto. "Si deviene firme, esta asociación se aparta", ha señalado.
A continuación, el magistrado ha vuelto a dar la palabra al fiscal, que se había reservado la posibilidad de volver a intervenir en función de cuál fuera la actitud de la "acusación" popular. "Incluso el razonamiento que da es un malabarismo", ha replicado Javier Ródenas, que ha insistido en que es "incompatible" que alguien ejerza la acusación popular en una causa después de haber presentado una querella contra el juez que la instruyó.
Además de haber actuado contra Pamparacuatro, esta misma asociación intentó apartar de la causa a la juez Silvia Muñoz. De hecho, fue lo primero que hizo cuando consiguió entrar en una de las piezas, después de haber visto rechazado su primer intento. En aquel caso, la recusación que planteó no solo fue rechazada, sino que la Audiencia Provincial también le impuso una multa, al considerar que actuó con "mala fe" procesal. Por su parte, el Ministerio Fiscal viene advirtiendo al menos desde el año 2015 de que esta asociación podría estar intentando entrar en la causa como un "caballo de Troya" con "intereses bastardos".