La Justicia ha vuelto a tumbar las pretensiones de la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa (AJJA), que lleva años emprendiendo acciones contra los denunciantes de las principales causas de corrupción abiertas en Lanzarote. En esta ocasión, este polémico colectivo de abogados de Gran Canaria había pedido que fuera disuelta otra asociación, Transparencia Urbanística, conocida por su papel de denunciante y acusación popular en muchas de esas causas.
"No alcanza esta juzgadora a entender qué legitimación o interés legítimo tiene la Asociación Jiménez de Asúa para solicitar la declaración judicial de disolución de la Asociación demandada", sostiene la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Arrecife, que da la razón a la defensa de Transparencia Urbanística y concluye que AJJA ni siquiera estaba "legitimada" para presentar esta demanda, por lo que la rechaza íntegramente.
Este fallo, fechado el pasado 16 de mayo, se suma al que ya emitió el mismo Juzgado rechazando las medidas cautelares que había solicitado la asociación de juristas dentro de este pleito, en el que reclamó que Transparencia Urbanística fuera disuelta cautelarmente, alegando supuestas irregularidades en su funcionamiento que no pudo demostrar. Ahora, lo que se ha rechazado es la demanda en sí, concluyendo que es "improcedente" por esa falta de legitimación. No obstante, aunque ni siquiera entra al fondo del asunto, la sentencia también subraya lo "farragoso e incomprensible" de los argumentos expuestos por Jiménez de Asúa.
Un asociación "útil a los intereses" de varios acusados por corrupción
La sentencia, contra la que aún cabe recurso, subraya que las asociaciones sí están sometidas a control judicial, pero "lo normal es que sea solicitado por los propios socios, cuando entiendan que la actividad de los órganos directivos se ha extralimitado". Sin embargo, tal como señalaba Transparencia Urbanística en su respuesta a la demanda, en este caso no hubo queja alguna de los socios sino de otro colectivo que ha venido siendo "útil a los intereses de Luis Lleó, Juan Francisco Rosa, Felipe Fernández Camero" y otros acusados e imputados en causas de corrupción. Y para ello, según advirtió ya la juez al rechazar las medidas cautelares, AJJA se basó en consideraciones "enteramente superfluas" sobre el funcionamiento interno de la asociación que "carecen por completo de sustento".
En esa vista de medidas cautelares, celebrada el pasado mes de julio, Jiménez de Asúa acusó a Transparencia Urbanística de incumplir hasta 70 preceptos legales, aunque no los detallaba en su demanda. De hecho, ésta se centraba principalmente en que Transparencia Urbanística mantuvo un presidente en funciones durante más tiempo del que permiten sus estatutos internos. Y el motivo fue que la que entonces era presidenta, María Hernández Martí, se encontraba de baja por enfermedad. En su respuesta, Transparencia Urbanística cuestionaba que AJJA "comete la osadía y la ligereza de poner en duda" esa situación de baja temporal por enfermedad de su ex presidenta ?por un tumor en el sistema nervioso-, llegando a sostener que la persona que le sustituía "usurpó sus funciones".
Ahora, la demanda de la asociación de juristas ha sido rechazada y además ha vuelto a ser condenada al pago de las costas, como ya le ocurrió al solicitar las medidas cautelares y como le ha sucedido en otros procedimientos, en los que también se han rechazado sus pretensiones y se ha cuestionado su legitimación.
Condenada a una multa por "mala fe"
Aunque esta asociación de juristas ha pretendido supuestamente ejercer la acusación popular en varios casos de corrupción, sus principales pasos cuando ha conseguido entrar se han encaminado a intentar entorpecer esos procedimientos, tal como han advertido la Fiscalía, los jueces de instrucción y la Audiencia Provincial, que llegó a imponer a la asociación una multa de 1.000 euros por "mala fe procesal", al intentar apartar a la juez instructora del caso Unión. Además, Jiménez de Asúa también presentó sin éxito una querella contra el primer juez instructor de Unión, César Romero Pamparacuatro, y la Fiscalía se ha referido a ella como un "caballo de Troya con intereses bastardos".
Hasta la fecha, aunque se ha rechazado su personación en varias causas, AJJA sí ha conseguido entrar en alguna, aunque el único Juzgado donde realmente han tenido acogida sus tesis es el que llevaba el juez Rafael Lis, que acaba de ser suspendido por una falta muy grave en el ejercicio de su cargo, por continuar instruyendo una causa en la que había dudas sobre su imparcialidad, por sus vínculos con el empresario Juan Francisco Rosa, que tenía contratada como abogada a la mujer del magistrado.
En ese Juzgado de Lis, AJJA sí está personada en varias causas e incluso el juez atendió varias de sus solicitudes hasta el día antes de tener que abandonarlo para cumplir una sanción del Consejo General del Poder Judicial.