La Fiscalía de Colombia ha decretado el embargo cautelar de 58 millones de euros en acciones a la principal filial de Canal de Isabel II en Latinoamérica, Inassa, investigada tanto en ese país como en España por el presunto "saqueo" que llevaron a cabo sus directivos. Además, ha impuesto sanciones a ocho de esos directivos y ex directivos, alguno de ellos investigado también en la Operación Lezo que se instruye en la Audiencia Nacional española.
Tanto en estas causas judiciales como en otras en las que está inmersa la empresa madrileña -a la que se le adjudicó la gestión del agua en Lanzarote bajo la presidencia de Pedro San Ginés-, lo que se investiga son presuntos fraudes al cargar facturas por servicios no prestados o por obras que realmente no se realizaban, así como el amaño de contratos en distintas regiones por las que se expandió la empresa.
En el nuevo escándalo que ha estallado en Colombia, la Fiscalía ha retirado a Canal de Isabel II el control de la empresa Triple A, que se encarga del mantenimiento de los servicios públicos de Barranquilla y de la que controlaba el 82 por ciento de las acciones a través de su principal filial, Inassa. "La Triple A fue saqueada desde el año 2000", indicó en rueda de prensa el fiscal Néstor Martínez, según recoge El Confidencial. También el diario Expansión se hace eco de esta noticia citando un comunicado de la Fiscalía, en el que señala que entre 2000 y 2017 se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un "contrato de asistencia técnica" que habrían causado un daño patrimonial en la compañía Triple A cercano a 68 millones de euros, ya que esa asistencia técnica realmente "nunca se cumplió".
"Desviación de recursos para beneficiar a terceros"
Según la Fiscalía, hay evidencias de "desviación irregular de recursos para beneficiar a terceros", entre ellos las sociedades Canal Extensia, perteneciente al grupo Canal de Isabel II; y la compañía panameña Slasa, "que presuntamente recibieron dinero en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami".
"Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa", explica la Fiscalía, que investiga a distintos directivos de la empresa por los delitos de "asociación para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares".
Según publica Expansión, la Fiscalía ha prohibido salir de Colombia y ha impuesto multas a los españoles Francisco Olmos Fernández Corugedo, exgerente de Triple A, y Francisco Javier Malia Baro, ex gerente general de Inassa; así como a los exgerentes de Triple A Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Ariza Duque y Ramón Navarro Pereira, y a Luis Alberto Nicolella de Caro, ex gerente general de Inassa, y a Germán Sarabia Huyke, gerente de la misma empresa.
Igualmente ha impuesto el pago de multas a los españoles Carlos Roca García, actual gerente Inassa; Alberto Muguiro Eulate, presidente ejecutivo de Inassa, y Edmundo Rodríguez Sobrino, procesado en España como expresidente de la misma compañía en el llamado caso Lezo y hombre fuerte del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en Latinoamérica.
En Lanzarote, el pliego del concurso se "alteró" en beneficio de Canal
Tras los escándalos de corrupción que han sacudido a Canal de Isabel II, que depende de la Comunicad de Madrid, se anunció la intención de deshacerse de todas las compañías en las que tenía participación en Sudamérica. Incluso, se estudió la posibilidad de retirarse también de otras zonas de España donde prestaba servicios a través de filiales, como es el caso de Lanzarote con Canal Gestión.
Cabe recordar que hace casi un año, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó revisar la adjudicación del ciclo del agua en Lanzarote, al considerar acreditado que se "alteró" el pliego inicial del concurso en beneficio de Canal. Esa sentencia fue ocultada durante meses por Pedro San Ginés, hasta que La Voz de Lanzarote la hizo pública. Entonces, a instancias de la oposición, el Pleno del Cabildo aprobó abrir una comisión de investigación sobre la adjudicación de ese contrato, que se realizó a través de un procedimiento negociado tras declarar desierto el concurso, pero de eso hace más de cuatro meses y la comisión aún no está siquiera constituida.
En el marco de las causas judiciales en las que está inmersa Canal han sido detenidos tanto el primer gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, por presuntos delitos de corrupción cometidos en su anterior destino en la empresa, como el que era director general de Canal de Isabel II, que fue quien firmó el contrato en Lanzarote con San Ginés.