La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado reabrir la causa contra el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por el denominado Caso Grúas, que investiga presuntas irregularidades durante su etapa como alcalde de La Laguna, en relación al contrato del servicio de retirada de vehículos.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha dictado un auto estimando los recursos de Unid@s Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) contra el sobreseimiento y archivo de la causa, obligando al Juzgado de número 2 de La Laguna a practicar las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y las personas responsables. Y es que la sala considera que "no cabe excluir" que se esté "ante una conducta típica de malversación de caudales públicos".
En concreto, se investigan resoluciones administrativas por las que se levantaron reparos de Intervención a la concesión de un préstamos de 120.000 euros a la entidad concensionaria del servicio público, Autogrúas Poli S.L., y a la prórroga del contrato. A este respecto, la Audiencia señala que tampoco cabe excluir que "atenten de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención municipal". El auto añade que "tampoco cabe excluir en este momento que, en su caso, la autoridad que las dictó, a quienes siquiera se ha oído, no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo".
"La Audiencia señala claramente a Clavijo como principal responsable"
El auto ha sido dado a conocer por los dos partidos que recurrieron el archivo de la causa en una rueda de prensa este jueves. En ella, Rubén Ascanio, portavoz de Unid@s Se Puede, ha remarcado que "la Audiencia señala claramente al exalcalde, Fernando Clavijo, como el principal responsable, apartándose de la legalidad en contra de los informes de los técnicos municipales, al tiempo que obliga a investigar su relación de amistad con algunos de los trabajadores que pusieron como sede social de la empresa una oficina del propio Clavijo".
La concejala en La Laguna de Unid@s Se Puede, María José Roca, ha recorddado que "la privatización de las grúas había supuesto un sobrecoste anual de 150.000 euros para las arcas municipales, que los incumplimientos del pliego de condiciones habían sido constantes, y que la oposición se vio obligada a acudir a los tribunales ante la inutilidad de la Comisión de Investigación creada al efecto". Roca ha añadido que propietario del servicio de grúas insistió en sede judicial y en la propia comisión de grúas "que fue utilizado para enchufar en su empresa a personas afines a Coalición Canaria".
Por su parte, Santiago Pérez, portavoz de XTF-NC, ha anunciado que se van a personar como acusación particular y que van a estudiar la posibilidad de recusar a la jueza instructora -que ahora tendrá que reabrir la causa por orden de la Audiencia- porque, a su juicio, "ha dado muestras de parcialidad importantes".