Tribunales

La Audiencia adelanta las fechas del juicio de Stratvs y se reiniciará la próxima semana

Entre junio y julio está previsto celebrar las sesiones que quedaron pendientes al declararse el estado de alarma

Los acusados del caso Stratvs, durante las primeras jornadas del juicio

El juicio del caso Stratvs se retomará finalmente la próxima semana, adelantándose casi un mes con respecto a las fechas que había fijado la pasada semana la Audiencia Provincial. Así, en lugar del 20 y el 21 de julio, las dos jornadas para la declaración de los peritos que estaban previstas en Lanzarote se celebrarán los próximos 22 y 23 de junio.

El lunes 22 declararán Pilar Gómez, Pedro Fraile, Ana Isabel Díaz, Vicente Bencomo, María Sol Orgaz, Miriam Bautista y Andrés Curbelo; mientras que el martes 23 lo harán Antonio Fernández, Delia López, José Luis Ferrera, Antonio Merino, Ángel García Puertas, Miguel Caballero, Leandro Caraballo y Carlos Soler.

Después, la vista continuará en julio en Las Palmas de Gran Canaria, donde declararán los últimos peritos y se presentarán las conclusiones por parte de las acusaciones y las defensas.

El juicio del caso Stratvs arrancó el pasado mes de enero y debería haber terminado a principios de abril, pero la declaración del estado de alarma por la pandemia del Covid-19 obligó a suspender las jornadas que quedaban pendientes. Ahora, al retomarse la actividad en los Juzgados, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ya ha fijado el nuevo calendario para terminar con esta vista.

En cuanto a las fechas que se habían fijado inicialmente, se han modificado para evitar posibles causas de nulidad del juicio, ya que cuando se trata de vistas que se celebran en varias jornadas, no puede transcurrir más de un mes entre una sesión y otra. Esos plazos dejaron de contar durante el estado de alarma, pero se reactivaron hace diez días, y por tanto se han reajustado las fechas para retomarlo dentro de ese mes.

Además de Juan Francisco Rosa, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel, en la causa hay otros nueve acusados, incluyendo al arquitecto de la bodega y a varios políticos y técnicos del Ayuntamiento de Yaiza, del Gobierno de Canarias y del Consejo Insular de Aguas.