La acusada de estafar más de 178.000 euros a catorce personas simulando tener acceso a la compra de apartamento vacacionales en Playa Blanca reconoció los hechos durante el juicio que se celebró éste lunes en Gran Canaria y aceptó una condena de un año de prisión.
Según ha informado Antena 3, la procesada llegó a un acuerdo de conformidad por Fiscalía, quien inicialmente solicitaba una pena de cuatro años cárcel. Ahora, aunque según el mismo ha visto rebajada su condena en tres años, deberá también pagar una multa de 2.640 euros e indemnizar a los afectados en la cantidad que estafó a cada uno de ellos.
De esta forma, se considera probado lo recogido en el escrito de acusación, que es que "entre los meses de abril y noviembre de 2009", C.D.V.C. simuló ante varias personas tener acceso a la compra de apartamentos vacacionales en Playa Blanca haciendo creer a estos individuos que previo pago de un depósito o fianza" que habían de entregarle "podrían acceder a la subasta de los apartamentos, donde les serían adjudicados en condiciones más ventajosas que las del mercado".
Incorporó el dinero a su patrimonio
De esta forma, hasta un total de 14 personas entregaron distintas cantidades de dinero que iban desde los 2.500 a los 68.500 euros hasta alcanzar un total de 178.595, cuando ésta "no tenía en absoluto intención real de proceder a la compra de inmueble alguno". Y "tras engañar a los perjudicados con el fin de lograr que éstos le transfirieran las cantidades, lejos de aplicarlas a la compraventa de inmuebles, las incorporó a su patrimonio".
Asimismo, en el escrito de acusación se recogía que la procesada realizó reservas en un hotel de Playa Blanca durante diferentes fechas entre marzo y agosto de 2009 "bajo la apariencia de ir a abonar los gastos derivados de las mismas, con intención de obtener un enriquecimiento injusto, generar un gasto en el hotel de 4.645,16 euros". No obstante, tras la comisión de los hechos, en concreto el 2 de junio de 2010, "la acusada saldó su deuda con el hotel".
De igual forma, "en diferentes pagos" que se realizaron entre 2010 y 2013, la acusada abonó "un total de 3.186 euros" a un afectado que en su momento le había entregado 8.120; que "pagó 2.801 euros" a otro perjudicado que le había entregado 7.000; y que "transfirió 1.613 euros" a otra víctima que le había abonado 4.000, cantidades que se restaban en el listado de indemnizaciones que se reclamaban.