Los responsables de un club de cannabis de Arrecife y otras dos personas que les suministraban hachís y marihuana serán juzgados la próxima semana por delitos contra la salud pública y de asociación ilícita. La Fiscalía pide para ellos penas de entre 4 años y medio y 7 años de prisión, en función de los hechos que imputa a cada uno.
El juicio, que se celebrará ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, está previsto que se celebre en dos jornadas, entre el lunes día 4 y el martes día 5 de octubre, con seis acusados en el banquillo.
Según el escrito de acusación, los hechos comenzaron en octubre de 2016, cuando J.C.P.D., A.S.G.G. y J.P.C.P. fundaron una asociación con domicilio en Arrecife, aprobando sus estatutos y designando al primero como presidente, al segundo como tesorero y al tercero como secretario. La asociación se inscribió en el registro de Canarias estableciendo entre sus fines “el estudio del cáñamo y sus posibles aplicaciones culturales, científicas y terapéuticas”, “evitar el peligro para la salud de sus usuarios inherente al mercado ilegal de cannabis mediante actividades encaminadas a la prevención de los riesgos asociados a su uso” y “promover el debate social sobre su situación legal y la de sus consumidores, así como hacer valer los derechos constitucionales”.
Casi un año después, en junio de 2017, alquilaron un local donde, según la Fiscalía, permitían “el acceso a sustancias que causan daño a la salud a una pluralidad indiscriminada de personas”. En concreto, señala que se podía incorporar como asociado cualquier persona que “fuese consumidor de cannabis”, así como quien “hubiese sido diagnosticado de alguna enfermedad para la que el uso terapéutico o paliativo de los cannabinoides haya sido probada científicamente, fuese mayor de edad, estuviese avalado por un miembro y pagase la cuota fijada por la Junta Directiva”.
Ofrecían “diversas variedades” de marihuana y hachís
Para dispensar esas sustancias contaban con la colaboración del también acusado J.C.C., que ayudaba a distribuir en el local “tanto diversas variedades de marihuana y bombones de cannabis, como cigarros con droga ya elaborados, haschish y aceite de haschish”.
Sin embargo, el escrito de acusación sostiene que carecían de “cualquier autorización administrativa para la producción y distribución de la marihuana, no constando que se hubiera solicitado licencia de la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios”, que es el “organismo facultado para ello”.
En total, según el Ministerio Fiscal, llegaron a tener un total de 330 socios, cuando “ninguna de las normas de la asociación contemplaba que entre los asociados en el interior o en el exterior del local se compartiese el consumo de cannabis”, ni “tampoco contemplaba el modo en que los asociados podían obtener cannabis, ni un límite máximo de retirada”.
Respecto a los otros dos acusados, J.J.R.T. y Y.L.D.L., presuntamente eran dos de los proveedores que se encargaban de suministrar hachís y marihuana al local de la asociación. En el momento en el que se produjo la operación policial, ambos fueron detenidos en un vehículo en el que llevaban 299 bellotas de resina de cannabis, que arrojaron un peso de 2,9 kilos y que hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 4.649 euros. Además, cuando fueron arrestados, J.J.R.T. portaba 615 euros en efectivo y Y.L.D.L. 200 euros, siendo intervenidas judicialmente ambas sumas.
Meses recibiendo quejas vecinales cuando se produjo el registro
El 17 de mayo de 2018 se procedió a la entrada y registro en el local, que venía siendo motivo de quejas vecinales desde hacía meses por el “fuerte olor a marihuana” que denunciaban que salía del establecimiento. “Se encontraba en una de las zonas más céntricas de Arrecife y publicitado con grandes rótulos luminosos”, subraya la Fiscalía en su escrito. Concretamente, el club se ubicaba en la calle Peñas del Chache, bajo el nombre de La Oveja Verde.
Durante el registro del local, los agentes de la Policía Nacional y de la USCI de la Policía Local de Arrecife encontraron elementos para el pesaje y el corte, así como 2.287 euros de dinero en metálico y “diversas sustancias estupefacientes distribuidas en pequeñas dosis y clasificadas en diversos recipientes, tarros y bolsas”.
En total, incautaron más de dos kilos de hachís, aceite de hachís y marihuana valorados en unos 12.500 euros, según señala el escrito de acusación.
Para los tres fundadores de la asociación, la Fiscalía pide 7 años de cárcel por delitos contra la salud pública y de asociación ilícita, así como una multa de 33.423 euros para cada uno (24.783 euros por el delito de tráfico de drogas y 8.640 por el de asociación ilícita).
En cuanto a J.C.C, acusado de colaborar en la venta de droga en el local, se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel, también por delitos contra la salud pública y asociación ilícita, y a la misma petición de multa.
Respecto a sus presuntos proveedores, la Fiscalía les acusa solo del delito contra la salud pública pero “en la modalidad de notoria importancia”, y solicita para ellos 4 años y medio de cárcel. Además, se enfrentan a una petición de multa de 13.949 euros.
La Fiscalía también pide que en la sentencia se ordene “la disolución de la asociación ilícita, así como la disolución del local en el que tiene fijado de facto su domicilio”, y también el comiso de la droga y el dinero intervenidos durante la operación policial.