El nuevo juicio del caso Montecarlo ha arrancado este lunes con la confesión del ex interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, que ha reconocido delitos de malversación y prevaricación en los pagos que autorizó a las empresas Inelcon y Señalcon, entre los años 2008 y 2012. Ambas cobraron en ese periodo 3,6 millones de euros del Consistorio, de los que más de 800.000 corresponderían a facturas infladas y a servicios no prestados, según la Fiscalía.
Saenz ya había confesado en las otras dos piezas del caso Montecarlo que habían ido a juicio, al igual que el resto de políticos y empresarios acusados. Sin embargo, en ésta ha sido el único que ha admitido los delitos, y tanto el empresario Carlos Lemes, como los cargos públicos y técnicos acusados, entre los que se encuentran José Montelongo, Isabel Martinón, Víctor Sanginés, Eduardo Lasso, Alberto Juan Morales, Miguel Ángel Leal, José Nieves Caraballo, Penélope Tabares García e Isidro Hernández Fuentes, defenderán su inocencia durante el juicio, que se prolongará hasta el mes de junio.
En su confesión, Sáenz ha evitado implicar directamente al resto de acusados, pero el reconocimiento de que se malversó dinero público afectará a la defensa del resto, especialmente en el caso de los que intervinieron de forma más directa en los pagos y en los cobros.
Reconoce que autorizó facturas fraccionadas y con un sobrecargo del 22%
"Si, son ciertos", ha respondido Sáenz cuando le han preguntado por los hechos que se le imputan, añadiendo que con lo que no está "de acuerdo" es con la pena que se pide para él -de seis años de prisión-, que podría rebajarse el último día del juicio, cuando la Fiscalía presente sus conclusiones finales.
A continuación, el interrogatorio de la fiscal se ha centrado en pedirle que detallara el procedimiento administrativo hasta que se autoriza el pago de una factura en el Ayuntamiento, que en este caso se incumplió en varios aspectos, y también le ha preguntado por el fraccionamiento de pagos. "Está prohibido. No se puede fraccionar un pago para eludir un procedimiento de contratación", ha respondido el ex interventor, admitiendo que "en algunos casos" firmó autorizando el pago, a sabiendas de que las facturas se habían fraccionado.
Esto, según ha recordado él mismo, se hace "para saltarse el procedimiento" y no sacar la adjudicación a concurso, ya que la ley establece un límite para la adjudcación directa, que esa época estaba establecido en 18.000 euros para los contratos de servicios y en 50.000 euros para los contratos de obras.
"Venían con prisa. Se supone que eran cosas urgentes", ha justificado Sáenz, para explicar por qué autorizó esos pagos. No obstante, después no ha querido precisar quién "le metía prisas", cuando le ha preguntado por ello la abogada de la acusación popular. "Podía ser un político. Normalmente eran los técnicos...", ha respondido. "¿Pero eran los acusados?", ha insistido la letrada. "Y muchos más", ha contestado, apostillando después que "no necesariamente ellos, pero algunos sí".
El ex interventor también ha admitido que "en algunas facturas" se añadió "indebidamente" un 22% más al importe, cargando un 16% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, como si se tratara de facturas de obras, cuando eran de servicios, en las que no se incluyen estos conceptos.
En su declaración, Sáenz también ha asegurado que él no tenía relación con el empresario. Con respecto si la tenían el resto de acusados, ha afirmado que lo desconoce. También ha negado que el que era entonces concejal de Hacienda, José Montelongo, le diera indicaciones para incluir las facturas de Inelcon y Señalcon en un listado que se llevó a Pleno para un reconocimiento extrajudicial (que es la vía para pagar facturas que no han cumplido el procedimiento establecido). "Ni yo lo hubiera permitido", ha apostillado Sáenz, que en otras causas sí ha confesado haber actuado en connivencia con otros cargos públicos, e incluso reconoció haber cobrado sobornos.
Además de en tres piezas anteriores del caso Montecarlo -una centrada en San Bartolomé, otra en Arrecife y una más en el Ayuntamiento majorero de La Oliva, donde también fue interventor- Sáenz también fue condenado en el caso Unión, y actualmente se encuentra cumpliendo condena, aunque ha llegado a la vista por sus propios medios, por lo que podría estar disfrutando de un permiso penitenciario. Para el resto de sesiones, ha pedido no estar presente, y la Sala lo ha autorizado.
El inicio del juicio
El juicio, que se celebra en Arrecife ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, ha comenzado con la presentación de las cuestiones previas por parte de las defensas, y todas -salvo la de Carlos Sáenz- han invocado supuestas causas de nulidad, alegando que se vulneró el derecho de defensa durante la instrucción. Sin embargo, tanto la fiscal como la acusación popular y la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Arrecife, han recordado que esos mismos argumentos ya los plantearon al recurrir el auto que puso fin a la instrucción, y fueron rechazados primero por el Juzgado y después por la Audiencia Provincial.
En cuanto a los acusados, finalmente son 11 y no 12 los que se han sentado en el banquillo. Y es que José Antonio Cabrera Moreno, que trabajaba como electricista en el Ayuntamiento, no ha estado presente, puesto que se ha acreditado que actualmente padece alzheimer y no puede ser juzgado.
Tampoco ha podido ser juzgado otro de los investigados durante el procedimiento, el ex alcalde del PP Cándido Reguera, ya que falleció durante la instrucción. Reguera ostentó la Alcaldía durante los años que se investigan, primero en un pacto con el PIL y el PNL, tras el estallido del caso Unión y la moción de censura contra el PSOE, y después, tras las elecciones, en alianza con los socialistas, con José Montelongo como teniente alcalde y concejal de Hacienda.
El escrito de acusación sostiene que Inelcon y Señalcon recibieron más de 3,6 millones de euros del Ayuntamiento en poco más de cuatro años, incluyendo pagos por servicios no prestados y facturas infladas. "Obedecen a servicios no prestados un mínimo de 757.675,34 euros (Inelcon) y de 84.119,55 euros (Señalcon)", precisa la Fiscalía. Además, concluye que se fraccionaron contratos de forma ilegal para poder realizar las adjudicaciones sin sacarlas a concurso.
Entre las decenas de facturas analizadas por la Fiscalía, hay desde servicios de electricidad para distintos eventos e intervenciones en parques, en señalética y semáforos de la ciudad, hasta la contratación de batucadas y la organización de “talleres de pintura facial, talleres de caretas de carnaval, globoflexia y muñecos animados de Minnie y Mickey durante el acto Carnavalito infantil” de 2011.