La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo martes en Arrecife a cinco acusados de estafar en la compraventa de vehículos, electrodomésticos y mobiliario en Lanzarote. En la causa falta por citar a una sexta acusada de la que no se conoce su domicilio y que no fue hallada por la Policía Judicial antes de la celebración de la vista.
Según la acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan al periodo entre abril y septiembre de 2011, cuando el acusado I.R.M., con antecedentes penales por un delito contra la seguridad vial, presuntamente tramó un fraude para comprar y vender vehículos, electrodomésticos y mobiliario, haciéndose pasar por terceras personas o con ayuda de otras para enriquecerse.
El Ministerio Público recoge que I.R.M. presuntamente utilizaba documentación falsificada o a personas de su entorno, que cooperaban con él, para llevar a cabo estas compras. Con este modus operandi solicitó diversos créditos en diferentes entidades bancarias, a sabiendas de que no iba a pagar el dinero. Tras ello, le acusa de vender estos bienes a terceras personas, que le pagaban en efectivo, sin informarle que existía un préstamo sobre esos productos.
Ocho coches y cuatro motocicletas
La acusación pública señala que I.R.M. adquirió por estos métodos un total de ocho vehículos y cuatro motocicletas, un sillón valorado en 4.000 euros, un televisor y menaje de cocina.
Entre los casos expuestos por la acusación pública, se recoge la compra de un Volkswagen Golf en el concesionario Lanzawagen de Arrecife por 18.370 euros. En esta causa, N.A.P., que está requerida por la justicia, pero no ha podido ser localizada, firmó los documentos para la compra del vehículo y el contrato de la financiación del coche con el banco Santander.
En total, pidió 27.014,40 euros. Para conseguir ese préstamo, esta persona presuntamente falsificó su certificado de empadronamiento y sus nóminas. En este punto, el Ministerio Público destaca la labor del representante de la empresa Mundo Latino, J.A.R.V, a quien acusa de facilitar las nóminas falsificadas para que N.A.P. e I.R.M. pudieran presentarlas como aval para la compra del vehículo.
I.R.M. y N.A.P. vendieron el coche a una tercera persona en junio de 2011 por valor de 12.000 euros en efectivo y sin abonar al banco los 26.370,4 euros que quedaban pendientes del préstamo. Tampoco le comunicaron a la compradora que existía un préstamo sobre ese coche.
Esto mismo ocurrió con otros vehículos adquiridos en otros concesionarios. Por ejemplo, un Fiat 500, que compraron en Came Canarias SL por 13.325,98 euros y que también fue comprado a nombre de N.A.P., bajo las supuestas órdenes del principal acusado I.R.M.
El Ministerio Público destaca la labor de un empleado en el concesionario de San Bartolomé en esta presunta artimaña. Así, acusa a J.L.R.R. de gestionar la venta y negociación del préstamo y de traminar la documentación "a sabiendas de su falsedad y de que el vehículo no sería pagado a la financiera".
Este Fiat 500 fue luego vendido a un concesionario de segunda mano por 8.000 euros en efectivo y sin advertir tampoco, como con el Volkswagen, que existía un préstamo y una deuda sobre el vehículo.
En otra ocasión también adquirió otro Fiat 500 en este mismo concesionario pero a nombre de otra persona. La acusación pública mantiene que estas transacciones las hizo con el apoyo del trabajador de la tienda de vehículos J.L.R.R. y del responsable de Mundo Latino, J.A.R.V, a quien acusa de falsificarle las nóminas. Este segundo Fiat fue vendido a otro particular en efectivo y se dejó de pagar la deuda financiera.
Este método le llevó también a adquirir un Honda Civil de 17.400 euros, que luego vendió a otro concesionario de vehículos de segunda mano por 12.000 euros en efectivo. Para ello, N.A.P. volvió a solicitar el crédito a su nombre.
Una BMW y una Yamaha
Este mismo método lo empleó para adquirir una motocicleta BMW F800 por 9.592 euros en el concesionario Vemotor Canarias SL. En este caso, el papel del préstamo fue presuntamente firmado por N.A.P. y la moto fue luego vendida por I.R.M. y N.A.P a un local de venta de segunda mano.
En otras ocasiones, I.R.M. presuntamente se hacía pasar por otra persona para adquirir una moto Yamaha en UR Motos Lanzarote en Tías por 9.324 euros. Para ello, se avaló nuevamente en "nóminas falsas" expedidas por la empresa Mundo Latino.
El Ministerio Fiscal atribuye al representante de UR Motos, U.M.D. el haber recibido 200 euros por llevar a cabo la operación de compraventa y de 9.000 euros del dinero aportado por la financiera. Todo ello, según la Fiscalía, "a sabiendas de que no se iba a abonar por el comprador el importe del préstamo a la entidad financiera". En este caso, el acusado I.R.M. no recibió la motocicleta.
Estafas por valor de 342.055 euros
En total, la Fiscalía atribuye al acusado principal I.R.M. haber estafado 178.597,43 euros a diferentes entidades financieras.
En esta línea, señala que el extrabajador del concesionario de San Bartolomé defraudó 71.453,58 euros; mientras que el representante de un concesionario de motos, UR Motos Lanzarote, habría estafado, 29.702 euros a las financieras.
A uno de los acusados M.M.D. que firmó los préstamos de dos vehículos y una de las motocicletas, la cifra asciende a 46.801 euros. A ello se suma J.A.R.V. a quien la Fiscalía le acusa de entregar las nóminas que servían de aval para pedir los créditos y cuyo dinero defraudado asciende a 15.502 euros.
El Ministerio Fiscal además acusa a I.R.M. de amenazar al acusado U.M.D. después de que prestara declaración en sede judicial. Según expone, le envió un mensaje de texto "con la intención de atemorizarle para que no le delatase" en el curso de la causa.
Penas de prisión solicitadas
El Ministerio Público atribuye al cabeza de la trama I.R.M. el delito continuado de falsedad en documento mercantil, con un delito continuado de estafa cualificada por el que solicita cinco años y seis meses de prisión; así como una multa de seis meses con cuota diaria de 20 euros por el delito contra la seguridad vial por conducir sin los permisos de circulación; así como dos años y seis meses de prisión por el delito contra la administración de Justicia, al amenazar a un preso. Además del abono de las costas.
Mientras tanto, pide que el acusado J.L.R.R. sea condenado a cuatro años y tres meses de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de once meses a 15 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con un delito continuado de estafa cualificada.
Para M.M.D. pide dos años y once meses de prisión por el delito continuado de falsedad en documento mercantil con uno de estafa y una multa de diez meses con cuota diaria de ocho euros para cada uno.
Para los acusados J.A.R.V. y U.M.D., solicita dos años y tres meses de prisión por los delitos continuados de falsedad en documento mercantil con uno de estafa y una multa de diez meses con cuota diaria de ocho euros para cada uno.
Además, se suma el pago de la responsabilidad civil subsidiaria a las diferentes entidades bancarias presuntamente defraudadas. Entre ellas, Santander Consumer, La Caixa, Fracciona Finanmadrid, Sabadell Fincom y F.G.A. Capital Spain.
Mientras tanto, para el acusado M.R.C. el fiscal pide el sobreseimiento provisional de las actuaciones al entender que no existen indicios suficientes para su procesamiento.