El Juzgado numero 4 de Santa Cruz de Tenerife ha decidido abrir diligencias para investigar si las "múltiples y continuas publicaciones" relativas al caso Mediador constituyen un delito de revelación de secretos. A petición de la defensa del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo
En el caso Mediador, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres intenta determinar si un grupo presuntamente encabezado por dos cargos públicos (el propio Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería de Canarias) y un general de la Guardia Civil (Francisco Espinosa) cobraba sobornos de empresarios para lograr contratos púbicos y subvenciones o para impedir inspecciones o sanciones.
La causa se desarrolló bajo secreto de sumario hasta el 14 de febrero, día en el que fueron detenidos once de los doce investigados (en ese momento, Fuentes Curbelo todavía era diputado en el Congreso y la juez se abstuvo de tomar ninguna medida contra él, más allá de consignar en autos los indicios que lo señalaban).
El 13 de febrero, Lorenzo-Cáceres dictó un auto por el que ordenó que, una vez practicadas las detenciones, se levantara el secreto de sumario y las diligencias fueran entregadas a todas las partes, ya que hasta ese momento solo las conocían el Ministerio Fiscal y los equipos de la Policía y la Guardia Civil al cargo del caso.
Sin embargo, la defensa de Fuentes Curbelo, ejercida por el letrado Raúl Miranda, se ha quejado ante la juez de "las múltiples y continuas publicaciones" relativas al "caso Mediador", que cree que podrían ser constitutivas de delito.
En un auto de un solo folio, la juez dispone que se averigüe si se ha podido cometer un delito de revelación de secretos por un particular (artículo 199 del Código Penal) y pide a la Fiscalía que le informe sobre si aprecia o no delito en ellas.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha precisado que las diligencias para aclarar si existe o no ese delito han sido declaradas secretas.