El juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, Ricardo Fiestras, ha informado a la Audiencia Provincial de que no debe ser su juzgado el que investigue la causa criminal seguida contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés por corrupción en la contratación de su amigo abogado, Ignacio Calatayud, en las empresas públicas Inalsa y el Consorcio.
La causa permanecía en manos del juez instructor Jerónimo Alonso del Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife. Sin embargo, la defensa de Ignacio Calatayud solicitó el cambio de magistrado al considerar que Alonso no era "competente" para investigarlo. Tras ello, la Audiencia Provincial entregó la causa al juzgado de Ricardo Fiestras. Este juez ya había archivado en 2016 otro caso en el que analizaba la contratación de Ignacio Calatayud por parte del Consejo Insular de Aguas y Canal Gestión en la incautación de la desaladora de Montaña Roja .
En un informe emitido a la Audiencia, Ricardo Fiestras aclara que el mencionado caso no tiene ninguna relación con la contratación de Calatayud por Pedro San Ginés en el concurso de acreedores de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) en sustitución de Juan José Cobo Plana, que se investiga en la actualidad.
En su escrito, Ricardo Fiestras hace una detallada explicación de la causa que su juzgado tramitó en su momento y concluye que no tiene relación alguna con las que ahora investiga las contrataciones al mismo abogado por su amigo Pedro San Ginés desde otros organismos, como Inalsa y el Consorcio, en los que se presuntamente habría obtenido más de 1,5 millones de euros de forma ilegal.
Relación con Calatayud y Pedro San Ginés
En el escrito dirigido a la Audiencia Provincial, el Juez Fiestras también se ha pronunciado sobre su relación con Ignacio Calatayud: "Cuando el Sr. Calatayud asumió funciones de asesoramiento jurídico en vía mercantil o contenciosa, de la empresa del Sr. Germán Díaz, con el que tengo una amistad personal y familiar, incluso nuestras familias comunes tienen buena relación, resultado que el sr. Germán Díaz, de vez en cuando, suele organizar almuerzos/comidas en restaurantes a las que trae como invitados a diferentes personas de su ámbito, sector del automóvil o sector financiero, en ocasiones a empleados, etc., la mayoría de las veces personas que no conozco personalmente".
Ricardo Fiestras afirma que "ningún contacto de ninguna clase ha tenido" con Ignacio Calatayud desde su llegada a la isla "hace 15 años". Al mismo tiempo en el que reconoce haber "coincidido" con Calatayud, investigado en la causa, "en cuatro o cinco ocasiones, siempre invitados por un tercero y en compañía de más personas" durante comidas en restaurantes. En ningún caso implica que este informador tenga ninguna relación de amistad personal con Calatayud", insiste.
Mientras, sobre su relación con Pedro San Ginés, relata haber "coincidido con él en numerosos actos públicos cuando era presidente del Cabildo" y que al resto de investigados en la causa "no los conozco".
Al mismo tiempo, en el informe ha respondido también sobre el presunto vinculo laboral, denunciado en prensa, de las empresas de su hermana y otra entidad asesorada por Ignacio Calatayud: "La actividad laboral de mi hermana forma parte de su ámbito privado y nada tiene que ver con la presente causa".
Contexto
El informe patrimonial del Equipo contra el Climen Organizado (ECO), dependiente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó que la UTE EDAM Janubio realizó una transferencia de 642.000 euros a la mercantil de Ignacio Calatayud para pagar las costas procesales de un incidente del concurso de acreedores en el que Calatayud actuó como letrado.
Dos días después, Ignacio Calatayud canceló la hipoteca de dos viviendas localizadas en la plaza de Chueca en Madrid. Según el citado informe, este pago se correspondería con dos minutas que el abogado y amigo de Pedro San Ginés habría obtenido en concepto de costas judiciales propiedad del Consorcio del Agua de Lanzarote y de Inalsa.
La apropiación de estas y otras costas judiciales por parte de Calatayud originaron la denuncia del Consorcio e Inalsa y la actual causa judicial.