Magistrados, jueces y fiscales del Partido Judicial de Arrecife se han vuelto a concentrar este jueves a las puertas de los Juzgados entre las 11 y las 12 horas para reclamar mejoras en la administración de justicia. Con esta protesta, que es la tercera que llevan a cabo en un mes, vuelven a manifestar su "público apoyo" a las medidas propuestas por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales de España.
En un comunicado firmado por el juez decano de Arrecife, Francisco Ramírez Verger, quien secundó el paro de este jueves, se recuerda que se pide "con urgencia a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial que se acuerden medidas en aras de reforzar la independencia judicial, máxime en el momento actual". Asimismo, se solicita "modernizar la Administración de Justicia de modo que los ciudadanos puedan disfrutar de una mayor calidad y eficacia en el servicio".
También se reclama racionalizar la planta y demarcación judicial, una mejora de las condiciones profesionales, que se derogue el sistema de plazos máximos en la instrucción en tanto no se dote de medios, la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado y reforzar la independencia del Ministerio Fiscal y autonomía presupuestaria.
Las 14 medidas que reclaman las asociaciones de jueces y fiscales
Las 14 medidas que reclaman las asociaciones de jueces y fiscales, según reza en la web de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, son las siguientes:
Reforzar la independencia judicial
"1.- Sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces y las juezas, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías; Sustitución del funcionamiento presidencialista por el colegiado del órgano; Dedicación exclusiva de los vocales, y recuperación de las competencias que tenía con anterioridad a la Ley Orgánica 4/2013.
2.- El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia. Resulta llamativa la escasa utilización del procedimiento de amparo previsto en los arts. 14 LOPJ y 318 Reglamento 2/2011 por parte de los jueces y juezas.
3.- Nombramientos de altos cargos judiciales: Definir previamente los perfiles de los puestos a cubrir. Proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género. Limitación de mandatos: el nombramiento será prorrogable por una sola vez. Exigencia de motivación no solo respecto a los méritos del designado/a sino también en su relación con los de los demás aspirantes. En los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia será precisa una mayoría cualificada.
4.- Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
Modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia
5.- Plan de inversión suficiente y prolongado a fin de conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales, todo ello en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente.
6.- Para la modernización de la Administración de Justicia es preciso un importante esfuerzo inversor. Un plan decenal de inversiones prorrogable, destinado -entre otros aspectos- a:
a) Incrementar el número de jueces y juezas, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años (incluyendo el turno libre y el cuarto turno);
b) Modernizar los edificios judiciales;
c) Implantar el expediente judicial útil y operativo que facilite el ejercicio de la función jurisdiccional, dotando a jueces y juezas de los medios técnicos necesarios para poder desempeñar su función jurisdiccional usando las nuevas tecnologías, y
d) Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (así, en el Estatuto de la Víctima y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales, entre otros).
7.- Racionalización de la planta judicial:
a) Implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas. Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, habida cuenta de que en los últimos años no se han creado juzgados.
b) Eliminación de la figura de las adscripciones forzosas.
c) Evitar la precarización judicial, suprimiendo las figuras de "sustitución y refuerzo" en el periodo de prácticas formativas, respetando escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas.
8.- Revisión de la oficina judicial sobre las experiencias piloto. Invertir en su implantación, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones. La oficina judicial tiene como finalidad apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial para adoptar la oportuna decisión
9.- Compatibilizar de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional, según la comunidad autónoma de que se trate.
10.- Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, ampliando las plantillas, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).
Condiciones profesionales
11.- Convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años.
12.- Reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad.
13.- Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.
14.- Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para resolver la problemática específica planteada en todo momento por los jueces y juezas".