La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha ratificado el archivo de la causa contra Pedro San Ginés por una denuncia interpuesta por Juan Manuel Sosa por un presunto delito de amenazas y falsificación del reglamento de Grupo, que posteriormente fue ampliada contra todos los consejeros de Coalición Canaria. Esta resolución se pronuncia en la misma línea que el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, que acordó el sobreseimiento provisional de la causa.
Juan Manuel Sosa ha informado de que sus abogados van a solicitar a la Audiencia Provincial que aclare la "incongruencia" en que ha incurrido en el archivo de su denuncia contra los consejeros de Coalición Canaria y ejercitará las "acciones necesarias" para dejar sin efecto este auto de archivo por considerar que incurre en un "error esencial".
Sosa acusó a San Ginés y el grupo de Coalición Canaria de presuntamente falsificar el reglamento que se utilizó para conseguir que el Pleno del Cabildo tomase conocimiento de su expulsión del grupo nacionalista. La instrucción fue llevada a cabo por el magistrado Jerónimo Alonso.
De esta manera, la Audiencia Provincial considera que la presunta ilegalidad en la expulsión de Sosa como parte del Grupo Político en el Cabildo debe resolverse ante los tribunales de lo contencioso administrativo. De acuerdo con el testimonio de José Manuel Sosa, la Audiencia partiría de la "errónea premisa" de considerar a Sosa como afiliado a Coalición Canaria. El propio Sosa mantiene que él no era miembro del partido nacionalista, sino parte de otra formación política (San Borondón) que concurrió a las elecciones junto al citado grupo por un acuerdo electoral.
"Incurre en un grave error al considerar que la que la falsificación del reglamento no tendría relevancia penal, porque parte de la errónea premisa de considerar que José Manuel Sosa era afiliado del partido político de Coalición Canaria", ha emitido el propio Sosa en un comunicado.
De acuerdo a la interpretación de Sosa, el citado auto razona que "cuando alguien se afilia a un partido, es evidente que corre el riesgo de que una conducta contraria a sus estatutos conlleve la expulsión del mismo". Sin embargo, apunta que "no es el caso", porque en esta ocasión se trataría de "la expulsión de un grupo político institucional de un consejero de otro partido, que no deriva de su afiliación a Coalición Canaria, sino de su inclusión en una lista electoral fruto del acuerdo" alcanzado entre el partido de Sosa y Coalición Canaria.
Este supuesto y según la interpretación de Sosa, "da lugar a deberes y derechos por completo diferentes de los derivados de la afiliación a un partido".