Uno de los condenados en el caso Montecarlo, Javier Betancort, ha pedido ahora un indulto al Consejo de Ministros, como última vía para intentar evitar su ingreso en prisión. Sin embargo, aunque tras solicitarlo pidió que se aplazara la ejecución de la sentencia y su petición no consta que haya sido aún resuelta, otras fuentes han confirmado a La Voz que ya estaría en el Centro Penitenciario de Tahíche desde la pasada semana.
Betancort fue condenado en dos piezas de Montecarlo: una por el saqueo de casi medio millón de euros del Ayuntamiento de San Bartolomé, donde era concejal de Hacienda, y otra por la malversación de 300.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife, donde cobró facturas por servicios no prestados después de haber dejado la política.
En ambos procedimientos, Betancort terminó confesando los delitos antes de iniciarse el juicio y consiguió una rebaja de las penas, no superando ninguna los dos años de prisión. Sin embargo, en el caso de la segunda, la Audiencia Provincial rechazó su solicitud de suspender la ejecución de la sentencia y ordenó su ingreso en prisión el pasado mes de octubre, entre otras cosas porque no había devuelto el dinero malversado, como se comprometió a hacer al aceptar el acuerdo de conformidad.
Desde entonces, la Audiencia ha rechazado todos sus recursos y el pasado 24 de febrero, dado que no había entrado aún voluntariamente en el Centro Penitenciario de Tahíche, fue citado en los Juzgados de Arrecife para notificarle el mandamiento de ingreso en prisión en el plazo máximo de un día.
Su abogada presentó entonces un nuevo escrito comunicando que había solicitado un indulto dos semanas antes, y pidiendo que se suspendiera la ejecución de la condena hasta que fuera resuelto. En su escrito, la letrada reconocía que la petición de un indulto no paraliza el cumplimiento de la pena, pero subrayaba que esto sí puede acordarse por parte del tribunal, tras recabar también el criterio del Ministerio Fiscal y de la acusación popular. La Audiencia solicitó esos informes el pasado 1 de marzo y aún no consta que se hayan emitido, pero Betancort ya habría ingresado la pasada semana en la cárcel, a la espera de que se resuelva su petición.
Tanto en su solicitud de indulto como en el escrito que dirigió a la Audiencia, Javier Betancort afirma que está “arrepentido”, aunque reconoce que no ha pagado la responsabilidad civil de esa condena, lo que es requisito indispensable para suspender el ingreso en prisión. Sin embargo, sostiene que ha “justificado la imposibilidad de hacerla efectiva en estos momentos”.
Alega que podría pagar 100 euros mensuales "con gran sacrificio"
“El recurrente desde el principio no pretende pagar lo defraudado, puesto que ni siquiera habla de cumplimiento parcial. No consta que haya abonado cantidad alguna, o que haya ofrecido bienes para su pago, o haya tratado de obtener algún tipo de financiación para cumplir con la responsabilidad civil, o que de algún modo haya mostrado su disponibilidad al pago. Esta pasividad del penado simplemente revela su voluntad de no abonar nada en absoluto de los 287.175 euros de dinero público defraudado, y por ello no se cumple una de las condiciones necesarias para dejar en suspenso la pena”, sostuvo la Audiencia al rechazar suspender su ingreso en prisión.
Ahora, Betancort alega que está pagando de forma fraccionada la primera condena, en la que también confesó delitos de prevaricación y malversación en San Bartolomé, y sostiene que abonará la segunda también de forma fraccionada una vez que haya pagado la anterior, o “cuando viviera a mejor fortuna”.
No obstante, en la solicitud de indulto, ahora apunta que “se puede comprometer abonar 100 euros mensuales con gran sacrificio personal y familiar, toda vez que es el único que trabaja en su núcleo familiar”. En caso de aceptarse este fraccionamiento, tardaría unos 240 años solo en devolver el dinero malversado al Ayuntamiento de Arrecife.
Apela a su arraigo laboral y a su "reconocimiento" en la empresa de Rosa
A su familia y a sus hijos apela reiteradamente en esa solicitud de indulto, y también a su arraigo laboral. Al respecto, señala que trabaja desde hace siete años como gerente de la empresa Lancelot Medios, que es propiedad del empresario Juan Francisco Rosa, y que cuenta “con el reconocimiento de su jefe y de sus compañeros, siendo una persona apreciada”.
Incluso, asegura que los “directivos y empleados” han firmado apoyando esta solicitud de indulto, junto a otros amigos y familiares, que “reconocen en Javier Betancor a un hombre que ha sabido superar el error cometido y las consecuencias sociales de los delitos cometidos”. Además, insiste en que en el procedimiento judicial manifestó “no solo su arrepentimiento sino también su colaboración con la Justicia”. No obstante, cabe recordar que esa confesión no llegó hasta el momento de iniciarse juicio, años después de haber comenzado la instrucción, durante la que negó su participación en los hechos.
En ese momento, al aceptar el acuerdo de conformidad por el que consiguió una importante rebaja en la pena, Betancort se comprometió a devolver el dinero malversado, como había hecho también en la pieza de San Bartolomé. Sin embargo, ahora alega que no puede hacer frente a ese pago
Al respecto, sostiene que no tiene bienes a su nombre, que vive con su familia en una casa de alquiler y que solo cuentan con su sueldo como gerente de la empresa de comunicación de Juan Francisco Rosa. Además, recuerda que fue declarado insolvente por la propia Sala, que ha ordenado varios embargos sobre su cuenta para intentar cubrir las sumas que debe. “Disponía de cantidades exiguas”, apunta su abogada sobre el resultado de esos embargos.
Su propia letrada también se suma a esta solicitud de indulto, afirmando que hasta su detención en esta causa, Javier Betancort “no había estado en un Juzgado como investigado”, que tenía 32 años cuando ocurrieron los hechos y que en los últimos años “ha luchado para demostrar a la sociedad de Lanzarote y a su familia que podía llevar una vida como trabajador digno y ejemplar y buen padre de familia”.
Javier Betancort entró en política de la mano del PP y se convirtió en concejal de Hacienda de San Bartolomé en la legislatura 2003-2007, sustituyendo a Cándido Reguera. Ahí incurrió en los primeros delitos por los que fue condenado, autorizando el pago de facturas falsas a las empresas de José Vicente Montesinos, que se encargaba de la gestión de tributos del Ayuntamiento. Después, al dejar el Consistorio, empezó a trabajar para Montesinos y trasladaron la trama a Arrecife, donde también cobraron por servicios no prestados. El alcalde en la capital en ese momento era Cándido Reguera, que estuvo imputado en ambas piezas de Montecarlo pero falleció durante la instrucción.
En teoría, Javier Betancort hizo supuestos pliegos de concursos para el Ayuntamiento de Arrecife, pero otro de los investigados, el también fallecido José Miguel Rodríguez, confesó que los precios "eran desorbitados" y que esos pliegos ni siquiera eran necesarios ni llegaron a entregarse. “No vi ningún pliego. Nunca se realizaron. Solo vi dos borradores y eran iguales, solo cambiaba el objeto”, confesó Rodríguez durante la instrucción, dejando un testimonio que después fue confirmado con la confesión en el juicio de los acusados.