Tras haber pasado meses intentando evitar su ingreso en prisión, Javier Betancort acudió voluntariamente el pasado miércoles al Centro Penitenciario de Tahíche, donde ya está cumpliendo condena por delitos de malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Arrecife, dentro de una de las piezas del caso Montecarlo.
Solo dos días antes, la Audiencia Provincial había accedido a paralizar temporalmente la ejecución de la sentencia, hasta recabar la opinión del Ministerio Fiscal y de la acusación popular con respecto a su última solicitud de suspender la pena de año y medio de cárcel. Sin embargo, sin haberse recibido aún esos informes, Betancort decidió ingresar ya en prisión.
Ahora, la Audiencia ha dictado una nueva resolución en la que deja sin efecto esa paralización del ingreso en prisión, “al haber el mismo ingresado voluntariamente”. No obstante, continúa el trámite para resolver la petición que había elevado, y que tendría escasas opciones de prosperar. En su último escrito, la Sala vuelve a requerir al Ministerio Fiscal que se pronuncie.
Concretamente, la abogada de Javier Betancort pidió que se suspendiera el cumplimiento de la pena hasta que se resuelva el indulto que ha solicitado ante el Ministerio de Justicia, y que deberá ser resuelto por el Consejo de Ministros.
La letrada presentó el escrito el pasado 24 de febrero, cuando Betancort había sido citado en los Juzgados para notificarle que debía entrar en la cárcel en un plazo máximo de 24 horas. En base a esa petición, no llegó a entrar en la cárcel el 25 de febrero, pero finalmente decidió hacerlo una semana después, sin esperar la respuesta definitiva a su solicitud.
Dos condenas por malversación
Betancort fue condenado en dos piezas del caso Montecarlo: una por el saqueo de casi medio millón de euros del Ayuntamiento de San Bartolomé, donde era concejal de Hacienda por el PP, y otra por la malversación de 300.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife, donde cobró facturas por servicios no prestados después de haber dejado la política.
En ambos procedimientos, Betancort terminó confesando los delitos justo antes de iniciarse el juicio y consiguió una rebaja de las penas, no superando ninguna los dos años de cárcel. Sin embargo, en el caso de la segunda, la Audiencia Provincial rechazó su solicitud de suspender la ejecución de la sentencia y ordenó su ingreso en prisión el pasado mes de octubre, entre otras cosas porque no había devuelto el dinero malversado, como se comprometió a hacer al aceptar el acuerdo de conformidad.
Desde entonces, la Sala ha rechazado todos sus recursos y la resolución ya era firme desde el pasado mes de diciembre, aunque su cumplimiento se había ido retrasando. Después, abrió esta nueva vía, pidiendo una medida de gracia al Gobierno. No obstante, la solicitud de un indulto no paraliza necesariamente el cumplimiento de la pena. La decisión depende del Tribunal, en función de las circunstancias del caso. Y en delitos de corrupción, no es habitual que se conceda la suspensión, máxime cuando la petición de indulto tendría pocas opciones de prosperar.
"Ha sabido superar el error y las consecuencias sociales de los delitos"
En esa petición de indulto, Javier Betancort afirma que está “arrepentido” y que “ha sabido superar el error y las consecuencias sociales de los delitos cometidos”. Además, apela a su arraigo familiar y laboral, como gerente de la empresa de comunicación de Juan Francisco Rosa, Lancelot Medios. “Cuenta con el reconocimiento de su jefe y de sus compañeros, siendo una persona apreciada”, sostiene su letrada en la solicitud de indulto, que afirma que ha sido respaldada por “directivos y trabajadores” de su empresa.
No obstante, reconoce que no ha pagado la responsabilidad civil de esa condena, lo que es requisito indispensable para suspender el ingreso en prisión. Sin embargo, alega que ha “justificado la imposibilidad de hacerla efectiva en estos momentos”.
Al respecto, sostiene que está pagando de forma fraccionada la primera condena, en la que también confesó delitos de prevaricación y malversación en San Bartolomé, y asegura que abonará la segunda también de forma fraccionada una vez que haya pagado la anterior, o “cuando viviera a mejor fortuna”.
De esa segunda condena por la que ya está en prisión no ha pagado aún un solo euro, aunque ahora, en la solicitud de indulto, apunta que “se puede comprometer abonar 100 euros mensuales con gran sacrificio personal y familiar, toda vez que es el único que trabaja en su núcleo familiar” y que asegura que no tiene bienes a su nombre.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular deben pronunciarse aún sobre la posible paralización de la pena hasta que se resuelva la solicitud de indulto, aunque hasta ahora la Fiscalía ha venido reclamando su ingreso en prisión por la gravedad de los delitos, por la reincidencia y por el hecho de que no ha devuelto el dinero malversado.