El último juicio que quedaba pendiente del caso Unión, derivado de la Operación Jable, ya tiene por fin fecha, siete años después de que terminara la instrucción. Si no hay más aplazamientos, será el 17 de abril de 2023 cuando se sentarán en el banquillo la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, el ex secretario, Felipe Fernández Camero, y las otras 14 personas acusadas junto a ellos en esta causa.
La vista se celebrará ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y está previsto que se desarrolle durante 9 jornadas, concluyendo el 4 de mayo.
Además de Déniz y Camero, en el banquillo se sentarán el ex jefe de Oficina Técnica, Rafael Arrocha, el líder histórico del PIL, Dimas Martín, el ex secretario del PSOE en Arrecife, Miguel Ángel Leal, y representantes de las empresas Urbaser, FCC y Gamma Instal.
También responderán como partícipes a título lucrativo las parejas de María Isabel Déniz y de Dimas Martín, José Domingo Abreut y Elena Martín, por fondos de los que el fiscal considera que se beneficiaron personalmente, y que procedían de presuntos sobornos.
Además de delitos de cohecho, malversación, falsedad documental, prevaricación, revelación de secretos, fraude y actividades prohibidas a funcionarios, en la causa se juzgará también un delito de asociación ilícita. Y es que la Fiscalía Anticorrupción considera que Dimas Martín, María Isabel Déniz, Felipe Fernández Camero y Rafael Arrocha formaron una sociedad organizada para delinquir.
En su escrito de acusación, presentado a finales de 2016, el Ministerio Fiscal sostiene que Dimas Martín, "como máximo líder" del PIL, y María Isabel Déniz, como alcaldesa de Arrecife, se pusieron "de acuerdo" entre 2001 y 2002 para "obtener fondos de forma ilícita procedentes de diversas empresas privadas a través del Ayuntamiento". Y para ello, señala que "era preciso contar con la importante colaboración de dos funcionarios de la Corporación", es decir, del secretario y el jefe de la Oficina Técnica.
Según la Fiscalía, "seleccionaban a las empresas a las que se les iban a adjudicar los contratos” y les reclamaban “dádivas” a cambio. Para “amañar” las adjudicaciones, entre otras cosas las empresas presentaban ofertas más bajas y luego, cuando ya tenían asignado el servicio, se aprobaban modificaciones al alza del presupuesto, como ocurrió con el pabellón de deportes adjudicado a FCC.
Además, en el caso del contrato de limpieza con Urbaser, Anticorrupción sostiene que los sobornos continuaron tras la adjudicación, a cambio de inflar los precios que el Ayuntamiento pagaba a la empresa. El que era gerente en Lanzarote, Jacinto Álvarez, confesó tras su arresto en esta causa, y sus libretas reflejan distintas entregas de regalos durante años, como viajes y obsequios de lujo, tanto a la alcaldesa como a Felipe Fernández Camero.
En la causa también terminó confesando otro de los detenidos, Matías Curbelo, que fue en su día la mano derecha de Dimas Martín, y aportó documentación clave que abrió nuevas líneas de investigación en el caso Unión. Curbelo también estaba acusado en esta pieza, con una petición de pena inferior por su “colaboración con la Justicia”, aunque falleció hace cuatro años y no llegará a juicio.
A la acusación de la Fiscalía se suma la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Arrecife y también la acusación popular, que eleva aún más las penas solicitadas por el Ministerio Público. En el caso del fiscal, esto es lo que solicitaba para cada uno de los acusados:
Funcionarios
RAFAEL ARROCHA:
Como jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, intervenía en la adjudicación de contratos y en las revisiones de precios. A su vez, tenía una empresa privada (Gamma Install) con la que realizaba proyectos para las empresas que contrataba el Ayuntamiento, que dependían de su visto bueno, y de las que recibió cientos de miles de euros.
Petición de prisión: 19 años y 6 meses.
Petición de inhabilitación: 62 años.
Petición de multa: 1.124.812 euros.
Decomiso de los sobornos: El fiscal pide que le sean decomisados 518.156 euros que presuntamente recibió de Urbaser, tanto con facturas que le cargaba a través de su empresa como con pagos que presuntamente solicitaba en metálico y con regalos. Entre ellos, un Ipaq H370 valorado en 636 euros, un reloj Seiko de 830 euros, otro Dupont de 475 euros, un mechero de 240 euros y una cámara fotográfica valorada en 420 euros. Además, la Fiscalía reclama que se decomisen otros 30.000 euros que le pagó FCC.
FELIPE FERNÁNDEZ CAMERO:
Como secretario del Ayuntamiento de Arrecife, era el responsable del asesoramiento legal de la Corporación y formaba parte de la mesa de contratación. Entre otras cosas, según el fiscal, Camero era el responsable de "custodiar" los documentos y ayudó a dar el ‘cambiazo’ en la primera oferta que presentó Tecmed (después absorbida por Urbaser) al concurso de recogida de basura, para que pudiera ganar la adjudicación. A cambio, recibió presuntos sobornos de la empresa.
Petición de prisión: 11 años y 6 meses.
Petición de inhabilitación: 18 años.
Petición de multa: 38.183 euros.
Decomiso de los sobornos: El fiscal pide que le sean decomisados 8.591 euros que presuntamente recibió de Urbaser, en forma de regalos. Por un lado, señala un viaje a Kenia para él y su pareja, que realizaron junto a Isabel Déniz y su marido, y que fue abonado por Tecmed. A esto, la Fiscalía suma "diversos regalos" que Camero recibió de esta empresa, entre los que se ha podido documentar un bolígrafo Mont Blanc valorado en 765 euros.
Políticos
MARÍA ISABEL DÉNIZ:
Como alcaldesa de Arrecife, intervino en las adjudicaciones a Urbaser y a FCC y en las posteriores revisiones de precios y ampliaciones de contratos. A cambio, según el fiscal, exigió importantes sumas de dinero en metálico y dinero a ambas empresas.
Petición de prisión: 13 años.
Petición de inhabilitación: 52 años.
Petición de multa: 363.355 euros.
Decomiso de los sobornos: El fiscal pide que le sean decomisados 158.253 euros que presuntamente recibió de Urbaser en regalos y pagos en metálico y 16.674 euros de Fomento Construcciones y Contratas. En el caso de FCC, está documentado que pagó un viaje a Marrakech del que disfrutó Isabel Déniz junto ocho miembros de su familia. En cuanto a Urbaser, el fiscal sostiene que entregó a la alcaldesa unos 80.000 euros en efectivo en distintos pagos. Además, sufragó un viaje a Kenia en el que participaron Isabel Déniz, Felipe Fernández Camero y sus respectivas parejas. También constan regalos como un mueble de salón de 1.202 euros, un Rolex valorado en 4.750 euros, un bolso Loewe de 418 euros y entradas para la Ópera en el Teatro Real de 574 euros. A esto, el fiscal añade que Urbaser le pagó una empleada doméstica para su casa durante "al menos" dos meses.
DIMAS MARTÍN:
El fiscal considera que tenía "poderes omnímodos" en su partido y que "se concertó" con la alcaldesa, que entonces militaba en el PIL, "para obtener fondos de forma ilícita". Concretamente, los hechos por los que se le acusa en esta pieza están relacionados con la trama de Urbaser. En su caso, la Fiscalía aplica el agravante de reincidencia para aumentar las penas que solicita.
Petición de prisión: 13 años.
Petición de inhabilitación: 52 años.
Petición de multa: 281.244 euros.
Decomiso de los sobornos: El fiscal pide que le sean decomisados 72.000 euros que habría recibido de Urbaser, con distintos pagos de cantidades en metálico.
MATÍAS CURBELO:
Era la mano derecha de Dimas Martín y, tras su detención, reconoció los hechos y colaboró con la investigación, aportando incluso documentos. Por eso, el fiscal rebajó la pena que solicita para él, al considerar como atenuante muy cualificado su confesión y su colaboración. Sin embargo, Curbelo no llegará al juicio, ya que falleció hace cuatro años.
Petición de prisión: 6 meses.
Petición de inhabilitación: 2 años.
Petición de multa: 15.000 euros.
MIGUEL ÁNGEL LEAL:
Era el secretario del PSOE en Arrecife, que en ese momento gobernaba junto al PIL en el Ayuntamiento. Su mujer era teniente alcalde del Consistorio. En su confesión, Matías Curbelo declaró haberle entregado uno de los sobres que recibió de Urbaser con comisiones ilegales.
Petición de prisión: 3 años.
Petición de inhabilitación: 10 años.
Petición de multa: 60.000 euros.
Decomiso de los sobornos: El fiscal pide que le sean decomisados 60.000 euros que presuntamente recibió en metálico de Urbaser, a cambio del ‘amaño’ en la adjudicación del contrato.
Directivos de Urbaser
SANTIAGO ALONSO:
Era directivo y apoderado primero de Tecmed y luego de Urbaser en Madrid. Según el fiscal, intervino directamente o a través del gerente en Lanzarote en el pago de todas las comisiones ilegales.
Petición de prisión: 10 años y 2 meses.
Petición de inhabilitación: 5 años.
Petición de multa: 603.600 euros.
MANUEL ANDRÉS MARTÍNEZ:
Era directivo y apoderado primero de Tecmed y luego de Urbaser en Madrid y, según el fiscal, intervino directamente o a través del gerente en Lanzarote en el pago de todas las comisiones ilegales.
Petición de prisión: 10 años y 2 meses.
Petición de inhabilitación: 5 años.
Petición de multa: 603.600 euros.
FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ LLERANDI:
Representaba a Tecmed en las obras de construcción de naves que se adjudicaron a esta empresa, de forma fraudulenta, junto con el servicio de recogida de basura. Según el fiscal, intervino en el pago de sobornos a Rafael Arrocha.
Petición de prisión: 6 años y 8 meses.
Petición de inhabilitación: 4 años.
Petición de multa: 420.606 euros.
STEPHAN JEAN ANTOINE BALVERDE:
Fue el encargado de elaborar la oferta de Tecmed para el concurso de recogida de basura. Cuando la empresa fue advertida de forma fraudulenta de que la suya no era la más ventajosa, el ingeniero redactó una segunda oferta que, según el fiscal, cambiaron de forma ilegal por la oferta inicial, con la participación de Arrocha y Camero.
Petición de prisión: 8 años y 2 meses.
Petición de inhabilitación: 5 años.
Petición de multa: 603.600 euros.
JACINTO ÁLVAREZ:
Era el gerente de Tecmed y luego de Urbaser en Lanzarote. Según el fiscal, tras su detención "colaboró activamente con los miembros de la UCO", entre otras cosas entregando las libretas donde fue anotando durante años los presuntos sobornos que pagó en nombre de la empresa a cargos públicos y funcionarios, así como la comunicación con sus superiores jerárquicos en Madrid. "Esta colaboración ha sido esencial para descubrir las actividades realizadas por esta trama y las diversas personas que participaron", señala la Fiscalía, que ha aplicado esta circunstancia como atenuante muy cualificada al solicitar las penas.
Petición de prisión: 1 año y 9 meses.
Petición de inhabilitación: 1 año y 5 meses.
Petición de multa: 150.900 euros
Directivos de FCC
ENRIQUE ASTORGA GONZÁLEZ:
Como directivo de Fomento Construcciones y Contratas, firmó el pagaré con el que se abonó el viaje que Isabel Déniz realizó a Marrakech junto a su marido, su hija, sus tres hermanos y las parejas de éstos. En total, la empresa pagó 16.674 por ese viaje.
Petición de prisión: 4 años.
Petición de inhabilitación: 10 años.
Petición de multa: 111.744 euros.
ENRIQUE JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN:
Es el otro directivo de FCC que firmaba el pagaré con el que se pagó el viaje de Isabel Déniz y su familia a Marrakech, coincidiendo con la adjudicación de la obra del pabellón de deportes de Argana. Ese contrato se adjudicó por 8,7 millones de euros, ya que Fomento ofertó una rebaja del 7,7 por ciento con respecto al presupuesto base de licitación. Sin embargo, justo después de contratar la obra a FCC, el Ayuntamiento aprobó un modificado del proyecto, aumentando el importe en un 7,2 por ciento. Además, dos meses más tarde le adjudicaron sin concurso público unas "obras complementarias" en el pabellón por valor de 1,3 millones de euros.
Petición de prisión: 4 años.
Petición de inhabilitación: 10 años.
Petición de multa: 111.744 euros.
Gamma Install
MANUEL JESÚS ISIDRO SPÍNOLA:
Además de ser técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo, Spínola era socio del jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, en varias empresas. A través de esas sociedades, ambos eran contratados y realizaban proyectos para empresas que luego dependían de su visto bueno para firmar contratos con la administración. La Fiscalía pide para él multa e inhabilitación, pero no penas de prisión.
Petición de inhabilitación: 3 años
Petición de multa: 7.500 euros
JULIO ROMERO:
Era el tercer socio de Arrocha y Manuel Jesús Spínola en varias empresas. Según el fiscal, a través de ellas "captaban numerosos clientes que contrataban sus servicios" para elaborar proyectos, "convencidos" de que así "obtendrían con seguridad el informe favorable de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife y del Departamento de Actividades Clasificadas del Cabildo de Lanzarote". La Fiscalía pide para él multa e inhabilitación.
Petición de inhabilitación: 7 meses.
Petición de multa: 7.500 euros.
DANIEL HERNÁNDEZ CARABALLO:
Intervino como autónomo en las empresas de Rafael Arrocha y Manuel Spínola y sirvió, según el fiscal, para "disimular". El escrito sostiene que ambos técnicos eran "conscientes de la patente ilegalidad que suponía obtener ingresos por realizar proyectos a empresas" de los que luego iban a tener que informar desde sus respectivos cargos en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Arrecife. Por eso, crearon un "entramado societario" y, además, contaron con otros ingenieros, como Daniel Hernández, que firmaban los proyectos y tenían cuentas a su nombre donde se movía dinero de las empresas.
Petición de inhabilitación: 6 meses.
Petición de multa: 7.500 euros.
RAFAEL ANTONIO CORUJO GIL:
Es el otro ingeniero que trabajó en las empresas de Arrocha y Spínola, firmando proyectos y teniendo a su nombre cuentas que manejaban los otros acusados. Según el fiscal, tanto Corujo Gil como Hernández Caraballo eran "conscientes" de la situación.
Petición de inhabilitación: 6 meses.
Petición de multa: de 7.500 euros.
Partícipes a título lucrativo
JOSÉ DOMINGO ABREUT: Según el fiscal, el marido de Isabel Déniz se benefició de 325.484 euros obtenidos ilegalmente por su esposa. Por eso, aunque no considera acreditado que conociera la procedencia ilícita del dinero, sí solicita que responda de esa cantidad.
ELENA MARTÍN: El fiscal pide que la mujer de Dimas Martín responda como partícipe a título lucrativo de la cantidad de 14.812 euros, de los que se benefició personalmente y que proceden, según la acusación, de comisiones ilegales recibidas por el líder histórico del PIL.